Adocco solicita suspensión de dos licitaciones millonarias de la alcaldía de Santiago

Administrator diciembre 11, 2024 10 min de lectura

Adocco hace la solicitud por presuntas irregularidades en fondos y permisos ambientales

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) pidió este miércoles a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) la suspensión inmediata de dos licitaciones promovidas por la alcaldía de Santiago, valoradas en miles de millones de pesos.

La organización alega que ambas convocatorias, relacionadas con la recolección y disposición de desechos sólidos en el municipio, presentan certificados de fondos presuntamente inexistentes y modificaciones cuestionables en los requisitos ambientales.

Estas presuntas irregularidades superarían el presupuesto aprobado para el 2024 y no estarían contempladas en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).

Las dos licitaciones cuestionadas por Adocco están identificadas con los códigos Ayuntamiento STGO-CCC-LPN-2024-0003 y Ayuntamiento STGO-CCC-LPN-2024-0004. La primera se orienta a la contratación de servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en el municipio de Santiago, mientras que la segunda busca un proveedor para el servicio de pesaje, controles, mantenimiento de instalaciones y gestión interna de la disposición final de la basura en el Ecoparque de Rafey.

Según la denuncia de Adocco, la Alcaldía de Santiago, a través de su Dirección Financiera, emitió certificaciones de fondos por valores multimillonarios para sostener estos procesos. En el primer caso (Ayuntamiento STGO-CCC-LPN-2024-0003), la directora financiera, licenciada Rosa Morel, habría certificado una partida de RD$2,441,515,275.00 para la contratación del servicio integral de manejo de residuos sólidos. En el segundo proceso (Ayuntamiento STGO-CCC-LPN-2024-0004), se habrían certificado RD$312,941,117.00 para el servicio de pesaje, controles y mantenimiento interno del ecoparque.

Irregularidades señaladas

Adocco argumenta que dichas certificaciones están en entredicho por diversas razones. En primer lugar, la suma total de ambas licitaciones alcanzaría aproximadamente RD$3,052,144,930.72, superando con amplitud el presupuesto asignado al Ayuntamiento de Santiago para el año 2024, que se estima en RD$1,856,268,786.00. Esta disparidad, según la organización, evidencia que los fondos certificados no se corresponden con los recursos reales disponibles, lo que constituiría una grave falta administrativa.

Adicionalmente, la denuncia enfatiza que estos procesos no figuran en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) de la Alcaldía correspondiente a los años 2024 y 2025. Esta omisión generaría dudas sobre la planificación y transparencia de las contrataciones, ya que el PACC es el instrumento de referencia para prever las adquisiciones y servicios que las instituciones públicas realizarán en el transcurso del año.

Declaraciones de Adocco

Julio César De la Rosa Tiburcio, vocero de Adocco, calificó la situación como una “falta grave” y reiteró que certificar fondos inexistentes puede interpretarse como una maniobra irregular. De la Rosa Tiburcio señaló que resulta “evidente a simple vista” que el Ayuntamiento no cuenta con el volumen de recursos que pretende adjudicar, pues las cantidades involucradas exceden por mucho el presupuesto municipal aprobado.

La organización sostiene que estas prácticas vulneran los principios básicos de la contratación pública, que incluyen la transparencia, la libre competencia y la justa asignación de recursos. Para Adocco, las supuestas irregularidades no solo generan sospechas sobre la integridad de los procesos, sino que también afectan la percepción pública sobre la gestión municipal de Santiago.

Modificaciones a los requisitos ambientales

Otro punto crítico señalado por la entidad anticorrupción es la modificación al pliego de condiciones del proceso STGO-CCC-LPN-2024-0003 en lo referente a las licencias de impacto ambiental. Inicialmente, se exigía contar con los permisos, autorizaciones o licencias vigentes emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el manejo integral de los desechos sólidos. Sin embargo, mediante el Acto Administrativo núm. 003/2024, la Alcaldía introdujo una enmienda que flexibiliza este requisito.

Con el cambio, las empresas oferentes podrán presentar únicamente la solicitud del permiso ambiental en trámite ante el Ministerio de Medio Ambiente, disponiendo de un plazo de seis meses para entregar la licencia definitiva en caso de resultar adjudicatarias. De no cumplir con la entrega en ese plazo, el contrato se rescindiría. Adocco alerta que este tipo de modificaciones genera la sospecha de que se intenta favorecer a un proveedor específico que aún no cuenta con las licencias correspondientes, pero que podría obtenerlas posteriormente.

Antecedentes, contexto institucional y relevancia de la denuncia

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) es una organización de la sociedad civil que, desde hace años, se dedica a monitorear y denunciar casos de presunta corrupción en instituciones públicas dominicanas. Su objetivo es promover la transparencia, la rendición de cuentas y la aplicación estricta de las normativas en materia de compras y contrataciones gubernamentales.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), por su parte, es el organismo rector del sistema de compras y contrataciones del Estado dominicano. Su rol incluye la supervisión, el control y la promoción de la eficiencia en la adquisición de bienes, servicios y obras con recursos públicos. La solicitud de Adocco para suspender las licitaciones sugiere que las irregularidades denunciadas podrían contravenir las leyes y reglamentos que rigen el proceso de contratación pública, especialmente la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, así como sus modificaciones.

El Ayuntamiento de Santiago es la instancia municipal responsable de la gestión de la ciudad, la segunda más importante de la República Dominicana. Entre sus funciones se encuentra la administración de los servicios de limpieza urbana y disposición final de los desechos sólidos, un tema crítico tanto por razones medioambientales como de salubridad pública. El Ecoparque de Rafey es una instalación clave en la disposición final de la basura en Santiago, cuyo correcto funcionamiento afecta directamente la calidad de vida de los habitantes y el equilibrio ecológico de la región.

Importancia de la transparencia y la planificación

La transparencia en los procesos de contratación pública es fundamental para garantizar el buen uso de los recursos estatales, evitar la corrupción y fomentar la competencia leal entre los proveedores. Cuando surgen denuncias de certificación de fondos inexistentes o de cambios repentinos en los requisitos de los pliegos de condiciones, las alarmas se encienden, ya que estas situaciones pueden indicar el direccionamiento de los procesos hacia determinados grupos empresariales.

La Ley 340-06, que regula las compras y contrataciones públicas en la República Dominicana, establece procedimientos, criterios de evaluación y mecanismos de control destinados a asegurar la correcta utilización del presupuesto público. El incumplimiento de estas normas puede dar lugar a sanciones, la nulidad de las contrataciones y, en casos extremos, implicaciones penales para los responsables.

Asimismo, el hecho de que las licitaciones no formen parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) incrementa la incertidumbre sobre la planificación y real disposición de fondos. El PACC es un instrumento esencial para prever las necesidades de compra, los cronogramas y las estrategias de adquisición en el sector público. Su omisión sugiere improvisación o, en el peor de los casos, la intención de ocultar decisiones de alto costo sin la debida consulta o previsión presupuestaria.

Impacto en la ciudadanía y el medio ambiente

La gestión de la basura en una ciudad como Santiago, que cuenta con una población y una actividad comercial significativas, es un servicio crítico. La recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos involucran no solo consideraciones financieras, sino también ambientales y de salud pública. La eficiencia en este ámbito repercute directamente en la calidad de vida de los santiagueros, en el ordenamiento urbano y en la imagen de la ciudad.

La contratación de empresas especializadas en el manejo de desechos sólidos requiere una rigurosa verificación técnica y legal. Las licencias ambientales no son simples trámites burocráticos; garantizan que la empresa adjudicataria cuente con las condiciones idóneas para tratar los residuos sin generar daños al medio ambiente o a la salud de la población. Cuando se flexibilizan estos requisitos, se abre la puerta a compañías que podrían no estar preparadas para operar de forma segura y responsable, lo que a largo plazo conlleva riesgos significativos, como la contaminación de suelos y aguas, proliferación de vectores y enfermedades, y conflictos sociales en las zonas adyacentes a los vertederos o plantas de tratamiento.

Reacciones y expectativas

Hasta el momento, la Alcaldía de Santiago no ha emitido una respuesta pública a la denuncia de Adocco. Se espera que la DGCP investigue las alegaciones y, de encontrar méritos, pueda ordenar la suspensión temporal de las licitaciones, así como una revisión exhaustiva de los procesos. Esta revisión podría implicar la solicitud de documentos, entrevistas con funcionarios municipales y oferentes, así como la verificación de la disponibilidad real de los recursos certificados.

De la misma forma, la sociedad civil, representada por entidades como Adocco, seguirá atenta al curso de los acontecimientos. La vigilancia ciudadana es un componente esencial en la lucha contra la corrupción, pues la opinión pública y las organizaciones no gubernamentales tienen la capacidad de presionar para que se respeten las normas y se corrijan las irregularidades.

Perspectiva legal y administrativa

De comprobarse las irregularidades denunciadas, las consecuencias podrían ser múltiples. Entre ellas, la nulidad de las licitaciones, sanciones administrativas a los funcionarios involucrados, e incluso procesos judiciales. En la República Dominicana, el marco legal contra la corrupción y la malversación de fondos públicos ha cobrado mayor visibilidad en los últimos años, con casos judicializados y condenas a exfuncionarios y contratistas que han incurrido en prácticas irregulares.

La Ley de Compras y Contrataciones (340-06) exige a las instituciones públicas la publicación de sus procesos, la presentación del PACC, la presentación de certificaciones de no objeción presupuestaria y la garantía de igualdad de condiciones para todos los oferentes. El incumplimiento de estas disposiciones, especialmente en licitaciones millonarias como las denunciadas, afecta la credibilidad de las instituciones y el clima de inversiones, ya que la transparencia es un factor decisivo para el interés de empresas nacionales e internacionales.

La solicitud de suspensión de las licitaciones por parte de Adocco coloca la lupa sobre la gestión del Ayuntamiento de Santiago y la administración de su presupuesto. La magnitud de las sumas involucradas, su aparente incompatibilidad con los fondos disponibles, la ausencia de estos procesos en el PACC y la flexibilización de requisitos ambientales son factores que incrementan las sospechas.

Ahora corresponderá a la DGCP y a las autoridades competentes investigar el caso, verificar las denuncias y tomar las medidas pertinentes. Mientras tanto, la opinión pública y las organizaciones de la sociedad civil seguirán pendientes, recordando que la transparencia, la legalidad y la planificación son pilares insustituibles en la gestión de los recursos públicos.