Abogada de Rafael Rosado reconoce condena de 10 años, pero exige investigación ante supuestas irregularidades

Administrator diciembre 18, 2024 9 min de lectura

Santo Domingo.-La abogada Paula Carolina Solis defensora del empresario dominicano Rafael Rosado confirmó recientemente que su cliente recibió una sentencia condenatoria de 10 años de prisión, presuntamente sin que el Ministerio Público presentara pruebas clave, como pasaportes o documentos migratorios falsos.

En una entrevista telefónica El Gobierno de la Mañana , la defensora instó al presidente Luis Abinader y a la procuradora Miriam Germán Brito a investigar posibles irregularidades en el proceso, asegurando que la condena carece de fundamentos probatorios sólidos y que se han producido presuntas persecuciones por parte de las autoridades.

En una llamada difundida por un programa de radio y reproducida en un canal de YouTube, la abogada de Rafael Rosado, admitió que sí existe una sentencia condenatoria de 10 años contra su defendido, pero cuestionó la legitimidad de la misma. Según la letrada Solis, durante el juicio no se presentaron pruebas concluyentes que respaldaran los cargos. Afirmó que no hubo pasaportes falsos, visados alterados ni funcionarios de migración imputados, y que, pese a estas ausencias, el tribunal dictó una condena significativa.

En ese mismo sentido, la abogada Paula Carolina Solis denunció una presunta “mano negra” en el proceso, al tiempo que sostuvo que Rafael Rosado ha sido objeto de persecución reiterada por parte de las autoridades dominicanas.

Durante la entrevista, exhortó a que se realice una investigación exhaustiva del caso, solicitando directamente la intervención de las más altas instancias del poder Ejecutivo y del Ministerio Público. Según sus declaraciones, las autoridades pertinentes deberían examinar el expediente para determinar si existieron o no maniobras indebidas en el curso del proceso judicial.

La defensora explicó que su equipo jurídico ya había depositado ante el tribunal ciertas documentaciones que supuestamente confirmarían la ausencia de elementos probatorios sólidos para la acusación. Mencionó, por ejemplo, que se presentó como prueba de descargo un certificado emitido por las autoridades migratorias, el cual no fue valorado, según ella, de manera adecuada.

Asimismo, la abogada señaló que está a la espera de la sentencia por escrito —un documento necesario para activar las vías recursivas—, indicando que transcurrieron al menos dos meses sin recibir dicha copia. Esta demora, a su juicio, también incide negativamente en la posibilidad de responder de manera efectiva al fallo judicial, impidiendo que la defensa recurra en los plazos y con las estrategias correspondientes.

Además de la condena penal, la profesional del derecho denunció la supuesta destrucción y decomiso de bienes pertenecientes a Rafael Rosado, entre ellos cuatro aeronaves. Según sus declaraciones, las autoridades procedieron a la destrucción de estos bienes sin que mediara una explicación transparente y sin que el Ministerio Público presentara pruebas contundentes que justificaran tal acción.

La polémica se agudizó cuando, en la misma entrevista, se mencionó la intervención de un fiscal de nombre Guzmán, quien habría asegurado ante los medios que efectivamente se contaba con suficientes evidencias para la condena.

La abogada Paula Carolina Solis respondió a estas afirmaciones subrayando que los supuestos elementos probatorios nunca fueron aportados al tribunal. Ante esa situación, solicita que la Procuraduría General de la República y el Consejo Superior del Ministerio Público revisen la actuación de la Fiscalía involucrada.

Por su parte, el programa radial que propició la discusión intentó contactar a las partes implicadas, incluyendo a exfuncionarios de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) señalados por Rosado, así como a otros miembros del equipo de defensa para confirmar y contrastar las denuncias. Sin embargo, al momento de las declaraciones de la abogada, no se contaba con la versión actualizada de todos los aludidos.

Durante la entrevista, los periodistas cuestionaron la estrategia de la abogada al solicitar una intervención directa del presidente Abinader, recordándole que la institucionalidad exige agotar las vías formales, como la presentación de recursos ante el Ministerio Público, la Inspectoría General y, eventualmente, el Poder Judicial. Señalaron que la separación de poderes en República Dominicana implica que el Ejecutivo no debe intervenir directamente en asuntos judiciales, a menos que se trate de una situación que amerite una reforma o una investigación a gran escala.

Los comunicadores también pusieron en tela de juicio la solidez de la defensa al ver que la abogada parecía desconocer o no detallar con claridad el estado actual de los recursos legales —como apelaciones o casaciones— que podrían emplear para revertir la condena. Aunque la letrada aseguró que están a la espera de la sentencia para continuar el proceso legal correspondiente, las interrogantes de los entrevistadores apuntaron a la necesidad de un planteamiento más estructurado y riguroso en la defensa del condenado.

El caso de Rafael Rosado se enmarca en un contexto de cuestionamientos a la transparencia y eficacia del sistema de justicia dominicano. La condena a 10 años de prisión sin la presentación de pruebas documentales claves, como falsificación de pasaportes o irregularidades migratorias, resulta inusual. Normalmente, para que se configure una sentencia de tal magnitud, el Ministerio Público debe aportar evidencias contundentes y verificar la existencia de delitos con documentación, testimonios o peritajes.

La defensa insiste en que estos elementos de prueba no existen o no fueron presentados. La lógica sugiere que, de ser cierto, el recurso de apelación o las vías legales disponibles podrían revertir la condena. Sin embargo, es necesario destacar que el sistema judicial dominicano contempla varios niveles de revisión, incluyendo la Corte de Apelación y, eventualmente, el recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, si las pruebas y las argumentaciones legales así lo ameritan.

La eventual inacción o retraso en la entrega de la sentencia escrita limita la capacidad de la defensa para actuar, pues sin el texto íntegro de la decisión del tribunal se dificulta preparar recursos y establecer estrategias basadas en los argumentos que condujeron al juez a dictar el fallo condenatorio.

La abogada señaló que Rosado habría sido perseguido en múltiples ocasiones, lo que sugiere un contexto más amplio en el que habría existido animadversión o interés de ciertas autoridades en perjudicar a su cliente. De acuerdo con la defensa, el Ministerio Público no habría actuado con imparcialidad, y se habría producido un ensañamiento que culminó en la condena y la destrucción de bienes.

No obstante, la sola afirmación de persecución no basta en el plano jurídico. La defensa necesitaría aportar pruebas concretas de esta hostilidad, como actuaciones irregulares, declaraciones que demuestren intencionalidad, o documentación que acredite un mal manejo del debido proceso. Sin estos elementos, las denuncias pueden ser percibidas como maniobras defensivas destinadas más a la opinión pública que a una instancia judicial.

Los expertos consultados en el mismo programa enfatizaron que la defensa de Rosado debería canalizar sus reclamos a través de las rutas institucionales apropiadas. Estas incluyen:

1. Apelación de la sentencia: Una vez se tenga acceso a la resolución por escrito, la defensa puede presentar un recurso de apelación ante una instancia superior, señalando las presuntas faltas probatorias y vulneraciones del debido proceso.
2. Queja ante el Consejo Superior del Ministerio Público: Si se considera que algún fiscal actuó de forma irregular o con falta de objetividad, la defensa puede interponer una queja formal ante el Consejo Superior del Ministerio Público o la Inspectoría General, solicitando una investigación interna y, de ser necesario, sanciones a los funcionarios que no cumplan con la legalidad.
3. Acciones ante la Procuraduría General de la República: Dado que la abogada invocó a la procuradora Miriam Germán Brito, la vía correcta sería someter un documento formal solicitando la revisión del caso, aportando los elementos que fundamentan la denuncia de irregularidades.
4. Acciones internacionales: En caso de que se agoten las instancias nacionales sin éxito, la defensa podría acudir a organismos internacionales de derechos humanos, argumentando violaciones al debido proceso y falta de garantías judiciales. Sin embargo, este es un recurso extremo y requiere agotar primero todos los niveles internos.

La letrada afirmó que cuatro aeronaves propiedad de Rosado fueron destruidas por las autoridades, supuestamente sin causa debidamente justificada. Este hecho, de ser cierto, constituye un agravante en el contexto de la denuncia, ya que el decomiso, custodia y, eventualmente, destrucción de bienes, debe estar respaldado por decisiones judiciales que lo autoricen. Una actuación arbitraria podría ser considerada como abuso de autoridad.

La defensa alega poseer videos y otros medios de prueba que documentan estas acciones. Si los mismos se presentan formalmente en un recurso judicial, podría iniciarse una investigación que determine responsabilidades. El resarcimiento, en caso de que se comprueben irregularidades, podría incluir desde la restitución de bienes, indemnizaciones o la sanción a funcionarios que hayan excedido sus atribuciones.

El caso de Rafael Rosado, tal como se presenta a la luz de las declaraciones de su abogada, reúne una serie de elementos que invitan a la cautela y la verificación independiente. Las acusaciones de falta de pruebas, la mención de supuestas persecuciones, la destrucción de propiedades y la dificultad de acceso a la sentencia escrita generan dudas sobre el normal desenvolvimiento del proceso penal.

No obstante, el marco legal dominicano ofrece mecanismos para que la defensa ejerza su rol y corrija cualquier injusticia, si la hubiere. El llamado al presidente Luis Abinader y a la procuradora Miriam Germán Brito, más allá de su impacto mediático, debe materializarse en acciones jurídicas concretas: recursos legales, denuncias formales, quejas ante las instancias de control del Ministerio Público y solicitudes de investigación interna que, de probarse las irregularidades, podrían poner en tela de juicio la actuación de algunos representantes de la justicia.

En última instancia, este caso podría sentar un precedente relevante sobre la importancia del debido proceso, la rigurosidad en la presentación de pruebas y la necesidad de mantener claras las fronteras entre la política, la persecución personal y la administración de justicia. Mientras tanto, la defensa de Rosado continúa a la espera de la sentencia por escrito y se prepara para ejercer los recursos legales que el ordenamiento jurídico dominicano dispone.