Presidente Ecuador decreta estado de excepción 4 provincias

El estado de excepción es por la escalada de violencia en el marco de una protesta indígena

Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso
Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso

QUITO, (Xinhua) — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó hoy el estado de excepción por «grave conmoción interna» en cuatro provincias del país que registran una escalada de violencia en el marco de una protesta indígena iniciada el pasado 13 de junio.

El mandatario tomó la decisión a través de un decreto ejecutivo difundido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.

El estado de excepción se decretó por 30 días en las provincias de Azuay (sur), Imbabura (centro), Sucumbíos y Orellana, ambas ubicadas en la región amazónica, donde, según el Gobierno, se concentra la mayoría de los actos vandálicos.

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«Esta declaratoria se da con motivo de las actuaciones violentas que han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta, atentando contra áreas reservadas y desabastecimiento que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos, la provisión de medicamentos, gases medicinales, oxígeno para hospitales y clínicas, combustibles y alimentos», señaló el presidente en el decreto.

En ese contexto, se ordena la movilización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para mantener el orden y la seguridad, así como garantizar la provisión y libre circulación de personas, alimentos y medicinas.

Toque de queda nocturno

Se restringe la asociación y reunión de las personas durante las 24 horas del día y se establece, a partir de este miércoles, toque de queda nocturno en las provincias de Azuay, Sucumbíos y Orellana.

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También se declara zona de seguridad toda el área de influencia donde se encuentran los campos y bloques hidrocarburíferos y sus instalaciones en Orellana y Sucumbíos.

Las protestas son lideradas por la opositora Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que exige al Gobierno la reducción y congelamiento del precio de los combustibles dentro de una serie de demandas económicas y sociales.