ADOCCO pide cautela indagatorias cabildos

maxwell reyes junio 23, 2016 2 min de lectura

ADOCCO considera que primero deben realizarse auditorias

Eugenio Suárez

SANTO DOMINGO, El Coordinador de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) recomendó este jueves mucha cautela en las investigaciones de supuestas irregularidades en Ayuntamientos.

Julio Cesar de la Rosa Tiburcio aludió a las citaciones de unos 20 alcaldes y directores de distritos municipales para ser interrogados en la PEPCA.

Entiende que previo al interrogatorio debe producirse una auditoría en los cabildos y juntas municipales por parte de la Cámara de Cuentas.

Tras señalar que estamos en un período de transición, consideró que el Ministerio Público no debe actuar como denunciante, sino actuar en base a pruebas e informes de auditorías.

Explica que no se pueden hacer investigaciones a la ligera, ya que después puede resultar difícil hacer sometimientos cuando los funcionarios dejen los cargos.

Recordó que por principio jurídico una persona no puede ser juzgada o investigada dos veces por el mismo delito.

Es por eso que estima que no debe haber prisa con los interrogatorios a alcaldes y directores municipales vinculados a supuestas irregularidades durante el ejercicio de sus funciones.

Dificultades investigar actos corrupción

Por otra parte, reconoce que es difícil la tarea de investigar alegados actos de corrupción, porque muchas veces las autoridades policiales y del aparato judicial están ligadas a prácticas irregulares.

Aprecia que con esta situación se manda un mensaje errado a la sociedad y se dan malos ejemplos que dificultan la lucha anticorrupción.

Enfatizó que el país no puede salir de la corrupción mientras funcionarios de instituciones llamadas a combatirlas incurren en acciones controversiales.

Y recalcó que con autoridades corruptas tampoco se producirá el necesario desarrollo para la República Dominicana.

En ese sentido, de la Rosa Tiburcio se pronunció a favor de la aplicación de sanciones duras, ejemplares, contra miembros de la Policía Nacional, jueces y personal del Ministerio Público que se compruebe su participación en prácticas irregulares.