SANTIAGO, (Noticia.do).– El Ministerio Público informó ayer que presentó acusación formal y solicitó apertura a juicio contra 13 personas y cinco empresas por su presunta participación en estafas electrónicas y lavado de activos investigados mediante la Operación Discovery 3.0. La solicitud fue depositada ante el Juzgado de la Instrucción de Santiago.
Según el órgano acusador, la investigación identificó 141 víctimas en Estados Unidos y pérdidas estimadas en US$5 millones. Las autoridades sostienen que la presunta estructura operaba principalmente desde la región Norte de República Dominicana y contaba con conexiones en distintas ciudades estadounidenses. Las pesquisas recibieron cooperación del FBI.
Cómo habría funcionado el esquema
El Ministerio Público señala que los investigados utilizaban centros de llamadas clandestinos, suplantación de identidad, intimidación y falsas representaciones de autoridades o familiares para obtener dinero de las víctimas, especialmente personas de edad avanzada.
La acusación describe cuatro etapas: captación de víctimas, fraude y suplantación, movilización del dinero y lavado de activos.
De acuerdo con el expediente, los recursos eran enviados a República Dominicana mediante transferencias bancarias, remesadoras, criptomonedas e intermediarios. Posteriormente, habrían sido incorporados al sistema económico a través de empresas, inmuebles, vehículos y otras operaciones destinadas a ocultar su origen.
La investigación financiera comprende el período 2022-2023. El Ministerio Público reportó transacciones de entre RD$12 millones y más de RD$120 millones, registros financieros superiores a RD$134.8 millones y acreditaciones bancarias por más de RD$20 millones en menos de un año.
El órgano persecutor sostiene que esos movimientos no se corresponden con las actividades económicas ni con los ingresos lícitos declarados por los acusados.
Quiénes figuran en la acusación
Las 13 personas identificadas por el Ministerio Público son:
- Kelvin Bladimir Vásquez Santana.
- Yliana María Cruz García.
- Bernardo Taveras Vélez.
- Jesús Manuel Castaños Colón.
- Adderly Antonio Polanco Báez.
- Juan Luis Naranjo Gómez.
- José Ramón López Tavárez, alias William el Técnico.
- Luis Eduardo Méndez Ureña.
- Gipsy Pamela Castaños García.
- Ana Marleny Estévez Díaz.
- Justa Vélez Genao.
- Miguel José Rodríguez Grullón.
- Natasha Yaleidy Rodríguez de Naranjo.
También fueron acusadas Inversiones Dolores Santana Inverdosa, E.I.R.L. (INVERDOSA); JLNG Terracell, S.R.L.; Rodríguez Vásquez MK Comercial, S.R.L.; INVERMEG, E.I.R.L., y Qemert Pro Technology, S.R.L.
La acusación atribuye presuntas infracciones del Código Penal, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
A Vásquez Santana, Rodríguez Grullón y Naranjo Gómez también se les imputan presuntas violaciones de la legislación sobre armas. A las sociedades comerciales se les atribuyen, además, infracciones tributarias y monetarias.
El expediente fue presentado por Wilson Manuel Camacho, director general de Persecución; Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado; Quirsa Milagros Abreu Peña, fiscal titular de Santiago, y el fiscal Claudio Alberto Cordero Jiménez.
El proceso relacionado en Estados Unidos
La investigación tiene un proceso relacionado ante la justicia federal de Massachusetts. El Departamento de Justicia estadounidense informó el 15 de julio de 2026 que Óscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez y Edward José Puello García se habían declarado culpables de conspiración para cometer fraude postal y electrónico y de conspiración para lavar dinero.
La misma comunicación indicó que Gerardo Heriberto Núñez Núñez había acordado declararse culpable de conspiración para lavar dinero.
El expediente estadounidense registra más de 400 víctimas, con una edad promedio de 84 años, y pérdidas superiores a US$5 millones. La comunicación dominicana cita 141 víctimas; las fuentes consultadas no explican la diferencia entre ambos recuentos.
Noticia.do había informado en septiembre de 2025 sobre la imposición de prisión preventiva a dos acusados de Discovery 3.0.
La presentación de esta acusación constituye una solicitud de apertura a juicio. La comunicación del Ministerio Público no informa que el tribunal haya autorizado esa apertura ni establece una fecha de audiencia preliminar. Las personas y empresas acusadas en República Dominicana conservan la presunción de inocencia.
