SANTO DOMINGO, (Noticia.do).– El juez Rigoberto Sena impuso prisión preventiva a ocho de los 26 imputados en la Operación Cobra 2.0-A, vinculada a una presunta trama de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). El fallo, dado a conocer la noche del domingo 27 de septiembre, también estableció arresto domiciliario para otros 15 procesados y medidas sin encierro domiciliario para tres. El tribunal declaró complejo el proceso.
De acuerdo con el comunicado del Ministerio Público, cuatro hombres cumplirán prisión preventiva en Las Parras y cuatro mujeres en Najayo Mujeres. La medida fue impuesta por 18 meses y su revisión obligatoria quedó fijada para el 22 de diciembre de 2026.
¿Qué medidas recibió cada grupo?
Prisión preventiva: Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet fueron enviados a Las Parras. Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista cumplirán la medida en Najayo Mujeres.
Arresto domiciliario: Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Arresto domiciliario con garantía económica e impedimento de salida: Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo deberán presentar una garantía de RD$2 millones cada uno. A Martha María Saldaña Saldaña se le impuso una garantía de RD$3 millones, además del arresto domiciliario y el impedimento de salida.
Presentación periódica, garantía e impedimento de salida: José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré deberán presentar una garantía de RD$1 millón cada uno. El comunicado no les atribuye arresto domiciliario.
El procurador adjunto Wilson Camacho consideró «razonable» la decisión y afirmó que la investigación sobre SeNaSa continuará. También exhortó a los médicos a no prestar sus códigos profesionales, una práctica que, según sostuvo, forma parte de los hechos investigados. Esas afirmaciones corresponden a la posición del órgano acusador y no constituyen una declaración judicial de culpabilidad.
El Ministerio Público atribuye a la presunta red maniobras para desviar fondos públicos mediante servicios de salud y documentos irregulares. Los cargos que señala incluyen desfalco, estafa contra el Estado, soborno, falsificación y lavado de activos. Las imputaciones deberán probarse durante el proceso penal; las medidas de coerción no son una condena.
El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional tendrá a su cargo el control del proceso. La investigación tiene una dimensión de interés para Santiago y el Cibao: el Ministerio Público relaciona con sus pesquisas la Operación Onco14, referente a presuntas irregularidades que habrían afectado al Instituto Oncológico Regional del Cibao, sus pacientes y SeNaSa. Esa línea involucra a otros imputados y debe distinguirse de las medidas dictadas ahora en Cobra 2.0-A.
