SANTO DOMINGO, (Noticia.do).– Diez de los 26 imputados en la Operación Cobra 2.0-A admitieron los hechos que les atribuye el Ministerio Público dentro de la investigación por el presunto esquema de corrupción que habría afectado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), informó la procuradora de corte y titular de la Pepca, Mirna Ortiz.
La revelación se produjo después de que el Ministerio Público presentara ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional su solicitud de 18 meses de prisión preventiva contra los 26 procesados y depositara 483 elementos de prueba, entre documentos, evidencias materiales, actuaciones procesales y peritajes.
Pepca no identifica cuáles son los 10 imputados del caso Senasa 2.0 a
Ortiz afirmó que diez de los encartados han estado contestes con los hechos atribuidos por el Ministerio Público y sostuvo que esas admisiones respaldan las imputaciones formuladas por los fiscales.
Sin embargo, el Ministerio Público no identificó públicamente cuáles son los diez imputados que habrían admitido los hechos, por lo que no resulta posible atribuir esa condición a personas específicas dentro del grupo de 26 procesados.
La afirmación de la Pepca tampoco constituye, por sí sola, una sentencia condenatoria. Los imputados continúan sometidos al proceso judicial y corresponde al tribunal decidir sobre las medidas de coerción solicitadas.
Ministerio Público presenta 483 pruebas en caso Senasa 2.0 a
Durante la audiencia, Ortiz detalló que la acusación preliminar está sustentada en:
- 234 pruebas documentales.
- 91 pruebas materiales.
- 82 documentos procesales.
- 76 pruebas periciales.
En conjunto representan 483 elementos probatorios que, según el Ministerio Público, respaldan su solicitud de prisión preventiva.
La Pepca sostiene que el presunto esquema generaba cargos ficticios a afiliados del SeNaSa por servicios y procedimientos médicos que no habrían recibido, afectando la cobertura disponible para esos asegurados.
“El bien jurídico aquí está vinculado con el derecho fundamental a la salud”, argumentó Ortiz ante el tribunal.
¿Por qué ahora son 26 imputados?
Cuando fue presentada inicialmente la medida de coerción de Cobra 2.0-A, el Ministerio Público había solicitado prisión preventiva contra 25 personas.
Posteriormente se incorporó al proceso la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo, quien se entregó a las autoridades después de no ser localizada durante los allanamientos ejecutados dentro de la operación.
Con su incorporación, el grupo sometido en esta fase aumentó a 26 imputados.
Entre los procesados figuran exempleados del SeNaSa, médicos y otros prestadores de servicios de salud.
El Ministerio Público les atribuye, dependiendo de la participación individual señalada en el expediente, delitos relacionados con asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos, soborno, coalición de funcionarios y lavado de activos.
Las imputaciones deberán ser demostradas durante el proceso judicial y los encartados conservan la presunción de inocencia.
Audiencia continúa este jueves
El juez Rigoberto Sena aplazó alrededor de las 10:00 de la noche del miércoles el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.
La audiencia continuará este jueves 24 de septiembre de 2026, a las 2:00 de la tarde, cuando el Ministerio Público continuará procurando que el expediente sea declarado de tramitación compleja y que se impongan 18 meses de prisión preventiva.
La Pepca fundamenta la solicitud de complejidad en la cantidad de hechos investigados, las presuntas víctimas, el número de involucrados y la naturaleza de la estructura descrita en el expediente.
Cobra 2.0-A amplía investigación del caso SeNaSa
Cobra 2.0-A constituye una nueva línea dentro de la investigación iniciada contra el presunto entramado de corrupción en el SeNaSa.
En una primera etapa fue sometido el exdirector de la ARS estatal Santiago Marcelo Hazim Albainy, junto con otros imputados.
La investigación también derivó en la Operación Onco14, relacionada con presuntas irregularidades que, según el Ministerio Público, afectaron al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, al Instituto Oncológico Regional del Cibao y al propio SeNaSa.
La decisión inmediata pendiente ahora es la medida de coerción contra los 26 imputados de Cobra 2.0-A.
