SANTIAGO, (Noticia.do).– La confirmación de una exposición no autorizada de datos de clientes de Claro Dominicana y una alerta no confirmada sobre unos 10,000 registros vinculados al sistema de denuncias de la Policía Nacional han elevado la preocupación por la seguridad de la información personal en República Dominicana y el posible uso de esos datos para fraudes mediante ingeniería social.

Claro ha confirmado que entre la información expuesta de un grupo de clientes móviles individuales figuran números de teléfono, números de cédula y el tipo de servicio contratado. La empresa sostiene que esos datos, por sí solos, no permiten acceder a las cuentas de los usuarios, realizar transacciones ni conocer el contenido de sus comunicaciones.

¿Qué datos de Claro fueron expuestos?

La compañía informó que, tras conocer el incidente, activó sus protocolos de seguridad y comenzó una investigación para determinar su alcance.

Hasta el momento no ha informado públicamente cuántos clientes resultaron afectados ni ha detallado cómo se produjo la exposición.

Los datos confirmados son:

  • Número de teléfono móvil.
  • Número de cédula.
  • Tipo de servicio contratado.

Claro aseguró que la información expuesta no incluye, según lo comunicado hasta ahora, elementos que permitan directamente realizar operaciones en las cuentas de sus clientes.

Sin embargo, la combinación de información real sobre una persona puede facilitar intentos de suplantación de identidad e ingeniería social, mediante llamadas, mensajes de WhatsApp, SMS o correos en los que un delincuente procure aparentar que representa una empresa o institución.

Indotel da seguimiento al incidente

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) informó que da seguimiento al caso junto al Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) y otras autoridades para determinar el alcance del incidente.

La investigación resulta clave para establecer cuántos usuarios estuvieron realmente involucrados, cómo se produjo la exposición y si los registros fueron utilizados posteriormente por terceros.

¿También se filtraron datos de la Policía Nacional?

Este punto requiere una distinción importante.

Una alerta divulgada el 17 de septiembre por la plataforma de ciberseguridad VECERT Analyzer reportó la presunta exposición de alrededor de 10,000 registros relacionados con el Sistema Policial de Gestión de Denuncias (SPGD).

La propia organización calificó el reporte como “no confirmado” y señaló que no había podido verificar independientemente la autenticidad, vigencia y procedencia de la información divulgada.

Tampoco se ha establecido que los servidores de la Policía Nacional hayan sido directamente comprometidos.

Según la alerta, en canales utilizados por actores de amenazas apareció un enlace que supuestamente contenía información extraída del sistema de denuncias.

El asunto resulta especialmente sensible porque, de confirmarse, un sistema de esta naturaleza podría contener información de denunciantes, víctimas y otras personas relacionadas con procesos policiales.

Durante el programa La Verdad con Maxwell Reyes, transmitido por Monumental 100.3 FM, el especialista en tecnología Isaac Ramírez explicó los riesgos que representaría la combinación de información procedente de diferentes bases de datos para construir esquemas de engaño más convincentes.

¿Qué ocurre con la supuesta filtración atribuida a la JCE?

Durante la misma conversación radial se hizo referencia a una alegada publicación de millones de registros vinculados a la Junta Central Electoral (JCE), incluyendo fotografías e información contenida en documentos de identidad.

Noticia.do no encontró hasta este sábado 19 de septiembre una confirmación oficial de la JCE que permita establecer como comprobada esa supuesta filtración ni las cantidades mencionadas.

Por esa razón, esas cifras no deben presentarse como un hecho confirmado mientras no exista evidencia verificable o una declaración de la institución.

¿Por qué una cédula y un teléfono pueden ser útiles para un fraude?

El mayor riesgo no necesariamente consiste en que un atacante pueda entrar inmediatamente a una cuenta bancaria o telefónica.

Los datos personales pueden utilizarse para ganar credibilidad.

Por ejemplo, una persona podría recibir una llamada en la que el interlocutor conozca su nombre, número de teléfono, cédula o el servicio que tiene contratado y, utilizando información verdadera, intente convencerla de entregar una contraseña o un código recibido por SMS.

Claro define la ingeniería social como una amenaza mediante la cual se induce a una persona a proporcionar información confidencial y recomienda no suministrar datos a desconocidos.

Qué deben hacer los usuarios

Los ciudadanos deben aumentar las precauciones ante comunicaciones inesperadas relacionadas con supuestas verificaciones de cuentas, actualizaciones de datos, bloqueos de líneas o problemas bancarios.

Entre las principales medidas están:

  • No entregar códigos recibidos mediante SMS.
  • No revelar contraseñas por teléfono o WhatsApp.
  • Evitar abrir enlaces enviados desde números desconocidos.
  • No asumir que una llamada es legítima porque la persona conoce su cédula o número telefónico.
  • Terminar la comunicación y contactar directamente a la empresa o institución por sus canales oficiales.
  • Activar autenticación de dos factores cuando esté disponible.
  • Revisar periódicamente movimientos y accesos a sus cuentas.

Durante el programa radial también se advirtió precisamente sobre llamadas en las que un supuesto representante puede utilizar información verdadera para solicitar posteriormente códigos o datos adicionales.

Lo confirmado y lo que todavía falta por aclarar

Confirmado: Claro Dominicana reconoce una exposición no autorizada que involucró números de teléfono, cédulas y tipo de servicio de un grupo de clientes móviles.

Bajo investigación: el alcance completo del incidente de Claro y el número exacto de personas afectadas.

No confirmado oficialmente: la supuesta exposición de aproximadamente 10,000 registros del Sistema Policial de Gestión de Denuncias.

Sin confirmación oficial localizada hasta ahora: las alegaciones sobre millones de registros atribuidos a bases de datos de la Junta Central Electoral.

La sucesión de alertas coloca nuevamente en primer plano la necesidad de reforzar la protección de las bases de datos y, al mismo tiempo, obliga a los ciudadanos a desconfiar de cualquier comunicación que utilice información personal verdadera como mecanismo para obtener contraseñas, códigos de seguridad u otros datos sensibles.