SAN CRISTÓBAL, (Noticia.do).– Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal impuso tres meses de prisión preventiva a Ángel Gabriel Capellán, conocido como “el Pastor” o “Capellán”, principal imputado en una investigación por presunto maltrato físico y psicológico y trabajo o servicio forzado contra niños, niñas y adolescentes alojados en un establecimiento de Bajos de Haina.
La investigación surgió después de que las autoridades rescataran 13 menores, con edades entre cuatro meses y 13 años, durante allanamientos realizados entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de agosto de 2026 en los sectores La Pared y El Carril, de Bajos de Haina, según informó el Ministerio Público.
Medidas de coerción contra dos imputados
La prisión preventiva fue impuesta a Capellán, quien deberá cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, en San Cristóbal.
A Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, también sometido en el proceso, el tribunal le impuso una garantía económica de RD$20,000, presentación periódica e impedimento de salida del país.
El juez José Carlos Arias conoció la solicitud presentada por el Ministerio Público, representado durante la audiencia por los fiscales Fanny Garabitos Guerrero y Roberto Reyes.
La acusación fue promovida por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), la Fiscalía de San Cristóbal y la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.
Menor que escapó alertó a las autoridades
De acuerdo con la instancia del Ministerio Público, el operativo se produjo después de que uno de los menores que permanecía en el establecimiento escapara y acudiera a un destacamento policial, donde habría informado sobre las condiciones en que se encontraban los niños y adolescentes.
A partir de esa alerta fueron iniciadas las investigaciones y posteriormente solicitadas las órdenes judiciales que permitieron arrestar a Capellán y Muñoz Rodríguez.
El establecimiento intervenido funcionaba como sede de la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), en el interior de una finca en Bajos de Haina.
El Ministerio Público sostiene que los menores rescatados presentaban signos de maltrato físico y psicológico. Estas imputaciones deberán ser demostradas durante el proceso judicial y los encartados mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva.
Varias instituciones participaron en el operativo
En los allanamientos participaron fiscales de San Cristóbal y de la PETT, junto con agentes del Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional y de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos.
También participaron organismos encargados de la protección de niños, niñas y adolescentes, entre ellos el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Las personas menores de edad involucradas en el proceso cuentan además con representación del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima.
El abogado de Capellán, Manuel Soto Lara, informó que recurrirá la medida de coerción. Asimismo, familiares de algunos de los menores han defendido públicamente al imputado y han negado que los niños fueran maltratados, según reportes periodísticos sobre las audiencias del caso.
El proceso permanece en fase de investigación y la prisión preventiva constituye una medida de coerción, no una declaración de culpabilidad.
