SANTO DOMINGO, RD.(Noticia.do)– El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concedió este viernes cuatro meses adicionales al Ministerio Público para concluir la investigación del caso SeNaSa y presentar su acusación, un proceso por presuntos hechos de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud que involucra al exdirector de la institución Santiago Marcelo Hazim Albainy y a otros imputados.
La decisión del juez Deiby Timoteo Peguero extiende el plazo de investigación hasta el 11 de diciembre de 2026, mientras el órgano acusador continúa analizando un elevado volumen de operaciones financieras, documentos, peritajes y nuevas líneas de investigación. El tribunal fijó además para el 25 de septiembre la lectura íntegra de la decisión.
Datos clave
- Nuevo plazo: 11 de diciembre de 2026.
- Documentación: el Ministerio Público afirma haber tenido que localizar aproximadamente 15,000 cajas de documentos.
- Investigación: permanecen pendientes análisis financieros, experticias institucionales y otras diligencias antes de presentar la acusación.
¿Por qué el Ministerio Público pidió cuatro meses más?
Durante la audiencia, el Ministerio Público argumentó que la magnitud y complejidad de las evidencias todavía bajo análisis hacen necesario extender la fase investigativa.
La fiscal Rosa Alba García explicó que existen informes y experticias pendientes vinculados con la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), además de información requerida a entidades privadas.
Parte de las diligencias está relacionada con el análisis financiero que busca determinar el recorrido de los recursos investigados y establecer eventuales responsabilidades patrimoniales.
La investigación también se ha extendido hacia determinados centros prestadores de servicios de salud cuyas operaciones y facturaciones son objeto de revisión por parte del órgano persecutor.
Unas 15,000 cajas de documentos entran en la investigación
Uno de los elementos que el Ministerio Público presentó para justificar la extensión del plazo está relacionado con la documentación almacenada por una empresa privada.
De acuerdo con la fiscalía, dificultades para obtener esos archivos obligaron al órgano persecutor a solicitar una orden judicial de allanamiento y recuperar aproximadamente 15,000 cajas de documentos que ahora deben ser procesadas dentro de la investigación.
El volumen documental se suma, según los fiscales, a cientos de miles de operaciones que necesitan ser examinadas antes de concluir la fase preparatoria.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), adelantó que las pesquisas continúan abiertas.
Ortiz sostuvo que las investigaciones “no se circunscriben a los imputados” presentados inicialmente ante el tribunal y señaló que el alcance definitivo podrá conocerse cuando sea depositada la acusación.
Esto significa que la lista actual de procesados no necesariamente representa el universo definitivo de personas que podría alcanzar el expediente, aunque hasta ahora el Ministerio Público no ha anunciado formalmente nuevos acusados como resultado de esta fase.
Tribunal mantiene prisión preventiva
Además de conceder la prórroga, el tribunal rechazó peticiones formuladas por algunas defensas para modificar las medidas de coerción y mantuvo la prisión preventiva contra los imputados que actualmente se encuentran bajo esa modalidad.
Durante la audiencia, abogados de varios procesados argumentaron a favor de variar las medidas.
El Ministerio Público, sin embargo, defendió la continuidad de las coerciones mientras desarrolla las diligencias pendientes.
El caso fue declarado complejo desde diciembre de 2025, cuando comenzó la judicialización de la denominada Operación Cobra.
¿Cuánto dinero investiga el Ministerio Público?
Cuando fue presentada la solicitud inicial de medida de coerción, en diciembre de 2025, el Ministerio Público situó en más de RD$15,900 millones el perjuicio estimado relacionado con las operaciones que investigaba en el Seguro Nacional de Salud.
Esa cantidad corresponde a una estimación presentada por el órgano persecutor durante la fase inicial y no constituye todavía un monto establecido mediante sentencia judicial.
La cifra podría sufrir modificaciones cuando concluya la investigación y sea depositada la acusación formal, precisamente porque continúan los análisis financieros y otras experticias.
Por ello, la magnitud definitiva del presunto perjuicio deberá establecerse a partir de las pruebas que presente el Ministerio Público y de lo que posteriormente determinen los tribunales.
¿Quiénes están procesados en el caso SeNaSa?
El principal imputado es Santiago Marcelo Hazim Albainy, quien dirigió el Seguro Nacional de Salud.
También figuran dentro del proceso Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo, entre otros encartados.
A Hazim Albainy y varios de esos imputados les fueron impuestos 18 meses de prisión preventiva en diciembre de 2025.
También fue enviada inicialmente a prisión preventiva Ada Ledesma Ubiera, aunque posteriormente su medida fue cambiada a arresto domiciliario por razones de salud, de acuerdo con el Ministerio Público.
El proceso igualmente incluye a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes recibieron medidas menos gravosas, entre ellas arresto domiciliario, garantías económicas e impedimentos de salida del país.
Otro procesado es Ángel Luis Guzmán Vásquez, cuya prisión preventiva fue ratificada en julio.
¿Qué delitos atribuye el Ministerio Público?
El Ministerio Público atribuye a los involucrados, dependiendo de su participación alegada, tipos penales relacionados con:
- coalición de funcionarios;
- prevaricación;
- asociación de malhechores;
- cobro de sobornos;
- estafa contra el Estado dominicano;
- desfalco;
- falsificación y uso de documentos falsos;
- lavado de activos.
Estas imputaciones forman parte de la teoría del caso presentada por el órgano acusador y todavía deberán ser discutidas y demostradas durante el proceso judicial.
¿Qué sostiene la acusación sobre el funcionamiento del esquema?
Según la investigación del Ministerio Público, dentro de SeNaSa habría operado una estructura que presuntamente utilizó mecanismos administrativos, contratos, prestadores de servicios de salud y operaciones financieras para distraer recursos de la aseguradora estatal.
Los fiscales sostienen que han encontrado indicios relacionados con sobornos, alteraciones de estados financieros y programas especiales que, según su versión, carecían de suficiente sustento jurídico y habrían sido utilizados para desviar fondos.
Esas afirmaciones corresponden exclusivamente a la acusación del Ministerio Público y todavía no equivalen a una declaración judicial de culpabilidad.
El impacto del caso adquiere especial relevancia debido a que SeNaSa administra recursos destinados a garantizar servicios sanitarios a millones de afiliados del sistema público de salud.
¿Qué ocurre ahora en el caso SeNaSa?
Con la decisión de este viernes, el Ministerio Público dispone hasta el 11 de diciembre para completar las diligencias investigativas contempladas por el tribunal.
Entre los pasos pendientes figuran el procesamiento de documentación, la recepción de experticias, análisis financieros y la profundización de otras líneas de investigación.
El siguiente hito inmediato será el 25 de septiembre, cuando está prevista la lectura íntegra de la resolución que concedió la prórroga.
Posteriormente, el momento decisivo llegará con el depósito de la acusación formal, documento que permitirá conocer cuáles personas serán finalmente acusadas, los hechos específicos atribuidos a cada una, las pruebas recopiladas y el monto que el Ministerio Público sostendrá como perjuicio al patrimonio público.
¿La investigación puede involucrar a más personas?
Sí. La titular de la PEPCA, Mirna Ortiz, ha señalado que las investigaciones permanecen activas y que no están limitadas exclusivamente a los imputados sometidos inicialmente.
Sin embargo, hasta que exista una imputación formal, ninguna otra persona debe ser presentada como acusada o integrante de la presunta estructura.
¿Los imputados ya fueron condenados?
No.
El caso permanece en fase judicial preparatoria. Las personas señaladas por el Ministerio Público son imputadas, no condenadas, y conservan la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme que establezca responsabilidad penal.
¿Qué es la Operación Cobra?
Es la denominación utilizada por el Ministerio Público para la investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas dentro del Seguro Nacional de Salud y que dio origen a los arrestos y posterior judicialización del expediente en diciembre de 2025.
¿Cuándo deberá presentar la acusación el Ministerio Público?
El tribunal extendió el plazo hasta el 11 de diciembre de 2026. Antes, el 25 de septiembre, está prevista la lectura íntegra de la decisión adoptada por el Séptimo Juzgado de la Instrucción.
Nota legal: Las imputaciones y montos mencionados corresponden a las investigaciones y acusaciones formuladas por el Ministerio Público. Los procesados gozan de presunción de inocencia y únicamente pueden ser declarados culpables mediante sentencia judicial definitiva.
