SANTO DOMINGO, (Noticia.do).– El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) suspendió los contratos de 14 proveedores del Programa de Alimentación Escolar (PAE) después de detectar irregularidades técnicas, sanitarias y operativas durante nuevas inspecciones realizadas tras la adjudicación de los servicios de desayuno y almuerzo escolar para los años lectivos 2026-2027 y 2027-2028.
La medida afecta a suplidores ubicados en distintas demarcaciones del país, entre ellas Santiago, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Francisco de Macorís, Cotuí, La Altagracia, Bahoruco, Santo Domingo Este, Hermanas Mirabal, San Juan, Elías Piña y Duvergé. El organismo informó además que realiza nuevas verificaciones en San Pedro de Macorís después de recibir denuncias relacionadas con proveedores adjudicados.
Datos clave
- 14 proveedores tienen sus contratos suspendidos.
- Las inspecciones detectaron problemas técnicos, sanitarios y de capacidad instalada.
- Santiago figura entre las demarcaciones donde están ubicados los suplidores afectados.
Cocinas desmanteladas y locales no encontrados
Según el INABIE, entre los principales hallazgos figuran cocinas desmanteladas y establecimientos que no pudieron ser localizados en las direcciones que habían sido previamente inspeccionadas y declaradas por los oferentes.
Los técnicos también identificaron diferencias entre la capacidad instalada reportada durante el proceso de contratación y la encontrada posteriormente durante las reinspecciones.
A esto se suman incumplimientos de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), capacidad insuficiente para producir las raciones adjudicadas, deficiencias en infraestructura y equipos, así como condiciones sanitarias que no respondían a los requerimientos establecidos.
También fueron encontrados establecimientos sin operaciones, sin evidencias de producción y sin los controles documentales necesarios para comprobar su capacidad para brindar el servicio de alimentación escolar.
Locales cerrados y cambios de domicilio
Durante algunas visitas, los inspectores encontraron establecimientos cerrados, circunstancia que impidió comprobar sus condiciones de funcionamiento y la capacidad instalada.
Otras instalaciones se encontraban en proceso de remodelación, mientras que algunos proveedores habrían realizado cambios de domicilio sin autorización previa del INABIE, de acuerdo con la información divulgada por la institución.
La entidad explicó que las verificaciones pueden realizarse durante las distintas fases de los procesos de contratación, incluso después de la adjudicación y durante la ejecución de los contratos.
INABIE mantiene inspecciones a suplidores
El organismo sostuvo que estas actuaciones forman parte de su política de gestión de incumplimientos y aseguramiento de la calidad del Programa de Alimentación Escolar.
El objetivo, indicó, es determinar de manera continua si los proveedores conservan las condiciones técnicas, sanitarias y operativas que sirvieron originalmente para habilitarlos y adjudicarles los contratos.
Las medidas fueron adoptadas dentro del procedimiento establecido por el Decreto 416-23, reglamento de aplicación de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
El artículo 231 del reglamento establece el debido proceso administrativo para la aplicación de sanciones a proveedores, incluyendo la recomendación del área jurídica, la emisión de un acto administrativo y la oportunidad para que el proveedor formule sus alegaciones.
¿Qué ocurrirá ahora?
El INABIE señaló que continuará utilizando sus mecanismos de verificación cuando reciba denuncias o detecte posibles desviaciones de las condiciones bajo las cuales fueron adjudicados los contratos.
Hasta el momento, la institución no ha identificado públicamente en la información suministrada los nombres de las 14 empresas suspendidas, ni ha detallado cuál de ellas corresponde a Santiago.
Nota legal: Las irregularidades señaladas corresponden a hallazgos administrativos reportados por el INABIE. La suspensión contractual no equivale por sí sola a una condena penal ni implica que exista una sentencia definitiva contra los proveedores afectados.
