SANTIAGO.– La Segunda Sala de la Corte de Apelación de Santiago rechazó el recurso presentado por Luisa Yasiris Guzmán y mantuvo la prisión preventiva que cumple como imputada dentro del proceso penal denominado Operación Onco14, informó el Ministerio Público.
La decisión mantiene vigente la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva impuesta en junio por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago. Guzmán permanece recluida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres mientras continúa la investigación.
Corte consideró que persiste el riesgo de fuga
De acuerdo con el Ministerio Público, los jueces consideraron que continúan presentes los presupuestos que justificaron la medida de coerción, entre ellos el riesgo de fuga y la existencia de elementos probatorios que el órgano acusador considera legales, pertinentes y suficientes para sustentar esta etapa del proceso.
La Corte también señaló, según la información oficial, que el expediente presenta un nivel de complejidad que “el tribunal no puede pasar por alto”.
Durante el conocimiento del recurso, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Joanna García Rivas, de la Dirección General de Persecución, y Elvin Ventura, encargado de Casos Complejos de la Fiscalía de Santiago.
Datos clave
- Imputada: Luisa Yasiris Guzmán.
- Medida: 18 meses de prisión preventiva.
- Centro: CCR Rafey Mujeres, Santiago.
- Caso: Operación Onco14.
- Decisión: La Corte rechazó variar la medida de coerción.
¿Qué investiga la Operación Onco14?
La investigación del Ministerio Público atribuye a varios imputados la presunta ejecución de maniobras fraudulentas relacionadas con el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Según la acusación provisional, las presuntas irregularidades habrían perjudicado a pacientes con cáncer, al propio centro asistencial y al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Entre las conductas que investiga el órgano persecutor figuran supuestos cambios de indicaciones médicas, utilización de sellos médicos falsos, doble facturación y cobros por medicamentos o servicios que presuntamente no fueron suministrados completamente a pacientes.
Estas imputaciones forman parte de una investigación penal en curso y no constituyen una sentencia definitiva de culpabilidad.
Otros imputados bajo medidas de coerción
Además de Guzmán, el proceso incluye a su esposo, Héctor Antonio Lora Cruceta, quien también cumple prisión preventiva.
Asimismo, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, se encuentra bajo arresto domiciliario.
Según el Ministerio Público, Lora Cruceta se desempeñó como expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y fue miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Guzmán, por su parte, presidía la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, mientras que Vargas Sánchez habría ocupado funciones de vicepresidencia y auditoría vinculadas al patronato.
Ministerio Público atribuye varios mecanismos de fraude
El expediente de medida de coerción sostiene que los imputados y las razones sociales Vargas Lora & Asociados, posteriormente denominada Vargas Guzmán Accounting Center, y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida habrían sido utilizadas, presuntamente, para desviar fondos mediante diferentes mecanismos.
El Ministerio Público también investiga alegaciones relacionadas con venta de medicamentos donados, utilización irregular de exoneraciones fiscales, manejo de sustancias controladas y presuntas irregularidades administrativas.
La investigación incluye además señalamientos sobre el uso de habitaciones del centro oncológico para procedimientos estéticos, gastos de representación presuntamente injustificados, reembolsos de viajes y hoteles, sustracción de archivos, sabotaje digital y lavado de activos.
Presuntos cobros a SeNaSa
Otro de los componentes centrales del expediente es la alegación de que se habrían realizado cobros al Seguro Nacional de Salud por servicios y medicamentos que, según el Ministerio Público, no fueron suministrados a determinados pacientes.
Los investigadores también sostienen que la Fundación Tócate habría sido utilizada para distraer recursos vinculados al patronato.
Igualmente, el órgano persecutor atribuye a los procesados la presunta autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios económicos que, según su tesis, no correspondían al funcionamiento regular de una asociación sin fines de lucro.
El proceso continúa en Santiago
Con la decisión de la Segunda Sala de la Corte de Apelación, Luisa Yasiris Guzmán continuará privada de libertad mientras avanzan las diligencias correspondientes al expediente de la Operación Onco14.
El rechazo de la apelación se refiere exclusivamente a la medida de coerción y no implica una decisión sobre la responsabilidad penal definitiva de la imputada, asunto que deberá establecerse durante las etapas posteriores del proceso judicial.
Nota legal: Las personas señaladas en este proceso se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria definitiva e irrevocable. Las conductas descritas corresponden a imputaciones formuladas por el Ministerio Público dentro de una investigación penal en curso.
