SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público de República Dominicana y la Fiscalía General de la Nación de Colombia acordaron la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para fortalecer las investigaciones y el intercambio de información frente al crimen organizado transnacional, la trata de personas, los delitos económicos y la corrupción.
El convenio fue firmado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, bajo el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo, y con apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Datos clave
- El acuerdo permitirá investigaciones coordinadas entre fiscales dominicanos y colombianos.
- Colombia informó que este constituye su Equipo Conjunto de Investigación número 18 con países vinculados a la Convención de Palermo.
- República Dominicana ya había establecido previamente un mecanismo similar con Chile.
Investigación conjunta contra la trata de personas
Reynoso destacó que el acuerdo tiene la particularidad de incluir desde su firma un plan operativo, lo que, según explicó, refleja el compromiso de ambos países de mantener una cooperación jurídica internacional oportuna.
La procuradora señaló que República Dominicana pretende utilizar de manera más eficiente las herramientas contempladas en la Convención de Palermo para combatir delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual y el tráfico ilícito de migrantes.
“La trata de personas es un delito de alta prioridad para nuestra gestión”, afirmó Reynoso, de acuerdo con el comunicado del Ministerio Público.
La magistrada indicó que este tipo de actividad criminal afecta directamente la dignidad humana y requiere una respuesta integral de las autoridades.
Colombia plantea seguir la ruta del dinero
La fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo Garzón, explicó que el mecanismo permitirá compartir información, desarrollar investigaciones coordinadas y aprovechar las metodologías utilizadas por ambas instituciones.
Camargo Garzón resaltó especialmente la importancia de la persecución de las finanzas criminales vinculadas a organizaciones dedicadas a la trata de personas.
La funcionaria señaló que el movimiento de víctimas entre distintos países supone también operaciones financieras que pueden ser rastreadas por las autoridades.
En ese contexto, planteó la necesidad de “seguir la ruta del dinero” para identificar estructuras, recursos y mecanismos utilizados por las organizaciones criminales.
¿Qué permitirá el acuerdo entre RD y Colombia?
De acuerdo con el Ministerio Público dominicano, el Equipo Conjunto de Investigación permitirá establecer mecanismos directos para enfrentar casos concretos de delincuencia organizada transnacional.
Entre las herramientas contempladas figuran:
- Intercambio directo de evidencia física.
- Transferencia de elementos materiales probatorios.
- Ejecución coordinada de medidas procesales.
- Intercambio de información entre fiscales.
- Desarrollo conjunto de investigaciones.
- Cooperación en persecución financiera y delitos económicos.
El mecanismo cuenta con cooperación y apoyo logístico de la UNODC.
Base legal en República Dominicana
El Ministerio Público indicó que la creación de equipos de investigación conjunta está contemplada en el artículo 161 de la Ley 97-25, que instituye el Código Procesal Penal de República Dominicana.
La disposición establece que el Ministerio Público puede coordinar investigaciones con autoridades de otros Estados y formar equipos sometidos al control judicial correspondiente.
El acuerdo también se fundamenta en la Convención de Palermo, adoptada en diciembre de 2000 como instrumento internacional para combatir la delincuencia organizada transnacional.
Según los datos suministrados por la Procuraduría, Colombia ratificó la convención el 4 de agosto de 2004, mientras República Dominicana lo hizo el 26 de octubre de 2006.
UNODC destaca cooperación regional
Durante la firma, representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito destacaron los esfuerzos de República Dominicana y Colombia para ampliar la cooperación frente al tráfico y la trata de personas.
Lissette Reyes, coordinadora de proyectos de la UNODC para Centroamérica y el Caribe, señaló que ambas naciones habían reforzado desde junio del año pasado sus mecanismos de colaboración.
También citó iniciativas de cooperación internacional como el Proyecto Turquesa, apoyado por Canadá, y el Proyecto Paz de Colombia, financiado por la Unión Europea.
Autoridades presentes
En el acto participaron representantes diplomáticos, fiscales y funcionarios de ambos países.
Por República Dominicana estuvieron, entre otros, el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público; Osvaldo Bonilla, director de Asistencia Jurídica Internacional, Extradiciones y Derechos Humanos, y Yoanna Bejaran, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
La delegación colombiana incluyó a María Milena Méndez Moreno, directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de Colombia, y Dayana Blanco, directora especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.
Caja de contexto
El Equipo Conjunto de Investigación no constituye por sí mismo un proceso penal contra personas determinadas. Se trata de un mecanismo institucional de cooperación que permitirá a las fiscalías de República Dominicana y Colombia coordinar investigaciones cuando existan casos concretos con componentes transnacionales.
