El Ministerio Público anunció que apelará la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado de Santiago que dejó en libertad a Rafael Pérez Vargas, alias “Cochito”, procesado por el asalto a mano armada contra una mujer de 70 años en el sector Jardines Metropolitanos. El órgano acusador también recurrirá la condena de 10 años impuesta al exagente penitenciario Bladimil —o Bladimir— Rosario Vallejo.
De acuerdo con la Fiscalía de Santiago, el hecho ocurrió el 28 de enero de 2025 y quedó registrado por cámaras de vigilancia. La acusación sostiene que los procesados actuaron en asociación y que durante el robo se utilizó el arma de reglamento asignada al entonces agente de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario.
- La víctima es una mujer de 70 años que fue despojada de dinero, documentos y otras pertenencias.
- Rafael Pérez Vargas fue dejado en libertad, mientras Rosario Vallejo recibió una condena de 10 años.
- El Ministerio Público había solicitado 15 años de prisión contra el exagente penitenciario.
Ministerio Público cuestiona valoración de las pruebas
El órgano persecutor calificó la decisión como “infundada” y afirmó que presenta una ruptura de la lógica jurídica al descartar un testimonio que considera determinante para establecer la participación de uno de los imputados.
Según la posición del Ministerio Público, el tribunal no habría realizado una valoración integral de las pruebas documentales, materiales, periciales y testimoniales incorporadas durante el juicio.
La sentencia fue emitida por un tribunal integrado por las juezas Deyanira Méndez, Kimberly Tatis e Ingrid Liberato.
La fiscal litigante Aida Medrano Gonell representó al Ministerio Público durante el proceso, mientras que la investigación estuvo encabezada por la fiscal Vianela Guzmán, del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad de la Fiscalía de Santiago.
Asalto quedó captado por cámaras de vigilancia
La acusación establece que Rosario Vallejo conducía una motocicleta Super Gato, modelo CG250, negra y del año 2021, mientras Pérez Vargas viajaba en la parte trasera.
Siempre conforme a la versión presentada por la Fiscalía, Rosario Vallejo permaneció en la motocicleta mientras Pérez Vargas se desmontó, encañonó a la mujer y la despojó de su cartera.
El Ministerio Público sostiene que durante la acción fueron realizados dos disparos con el propósito de intimidar a la víctima. Posteriormente, ambos hombres habrían escapado en la motocicleta.
Las cámaras de establecimientos privados y del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 permitieron documentar tanto el momento del asalto como parte del recorrido realizado después del hecho, de acuerdo con el expediente acusatorio.
Arma estaba asignada al exagente penitenciario
La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales certificó que Rosario Vallejo tenía asignada desde el 27 de septiembre de 2022 una pistola marca Caranday, serie B99809, calibre nueve milímetros.
La Fiscalía asegura que presentó certificaciones periciales y forenses que establecieron una coincidencia entre los casquillos recolectados en la escena y el arma asignada al exagente de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario.
También fueron incorporados testimonios de personas que, según el órgano acusador, identificaron a los involucrados.
Además, evaluaciones de Psicología Forense determinaron que la víctima presentó síntomas compatibles con ansiedad y estrés postraumático agudo después del asalto.
Condena de 10 años también será apelada
El Ministerio Público no solo impugnará la decisión que favoreció a Pérez Vargas. También recurrirá la condena de 10 años dictada contra Rosario Vallejo, luego de haber solicitado una pena de 15 años de prisión.
Los dos hombres fueron procesados por presuntas violaciones a los artículos 265, 266, 379 y 383 del Código Penal dominicano, relacionados con la asociación de malhechores y el robo agravado.
La nota difundida por el Ministerio Público no incluye la motivación íntegra de la sentencia ni la posición de los abogados defensores. Esos elementos serán relevantes durante el conocimiento del recurso de apelación.
