Puntos clave

  • AMAPROSAN rechaza la estructura de tarifas de la Ley de Residuos Sólidos aprobada de forma acelerada en el Senado.
  • Cuestiona que el cobro se calcule sobre el volumen de ingresos y no sobre la generación real de residuos.
  • El sector mayorista opera con márgenes que no superan el 2% de las ventas y enfrenta crecientes cargas fiscales.
  • Pide a la Cámara de Diputados un modelo de contribuciones basado en criterios técnicos y de justicia ambiental.

SANTIAGO, (Noticia.do).-La Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (AMAPROSAN) rechazó la nueva estructura de tarifas de la Ley de Residuos Sólidos aprobada de forma acelerada en el Senado de la República, al advertir que un cobro calculado sobre el volumen de ingresos —y no sobre la generación real de residuos— amenaza la sostenibilidad del sector mayorista, que opera con márgenes inferiores al 2% de las ventas.

La asociación, presidida por Hilsa López Olivares, sostiene que la modificación a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos se aprobó sin un proceso amplio de consulta ni un análisis técnico de sus efectos sobre los sectores productivos. AMAPROSAN plantea que la responsabilidad ambiental debe medirse por la generación real de residuos y la huella ambiental de cada actividad económica, no por los ingresos de las empresas.

Datos clave

Menos del 2%

Margen de rentabilidad con el que opera, en el mejor de los casos, el sector mayorista representado por AMAPROSAN. Fuente: comunicado de AMAPROSAN.

¿Por qué AMAPROSAN rechaza las tarifas de la Ley de Residuos Sólidos?

López Olivares explicó que el sector que representa constituye un eslabón esencial de la cadena de abastecimiento nacional, integrado por empresas de intermediación comercial que mueven altísimos volúmenes de facturación pero con márgenes de rentabilidad que, en el mejor de los casos, no superan el 2% de las ventas.

A esa realidad, agregó, se suma el incremento de las cargas fiscales que ha venido enfrentando el sector. Entre ellas mencionó el aumento del impuesto corporativo al 30% y el impuesto a los débitos bancarios a 0.20%, además de otros costos regulatorios y operativos que, según la entidad, reducen cada vez más la capacidad de inversión, crecimiento y generación de empleos.

En su comunicado, AMAPROSAN subrayó que el comercio mayorista no solo genera miles de empleos directos e indirectos, sino que además es la principal fuente de abastecimiento y financiamiento del pequeño comercio dominicano.

¿Qué propone AMAPROSAN para la Ley de Residuos Sólidos?

"Debilitar este sector es poner en riesgo la cadena de distribución que garantiza el abastecimiento de miles de familias dominicanas"
— AMAPROSAN, comunicado

La asociación hizo un llamado firme a la Cámara de Diputados y al liderazgo político nacional para que reconsideren la estructura tarifaria propuesta en la Ley de Residuos Sólidos y promuevan un modelo de contribuciones basado en criterios técnicos y de justicia ambiental.

Para AMAPROSAN, la responsabilidad ambiental debe determinarse en función del nivel real de generación de residuos y de la huella ambiental de cada actividad económica, y no exclusivamente del volumen de ingresos. La entidad reiteró su disposición a participar en un diálogo abierto y técnico que permita construir una legislación ambiental justa, equilibrada y compatible con el desarrollo económico de la República Dominicana.

¿Qué es AMAPROSAN?
Es la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago, que agrupa empresas de intermediación comercial del sector mayorista. Según su comunicado, ese sector es un eslabón esencial de la cadena de abastecimiento nacional.
¿Por qué AMAPROSAN rechaza las tarifas de la Ley de Residuos Sólidos?
Porque la estructura tarifaria se calcula sobre el volumen de ingresos y no sobre la generación real de residuos. La asociación advierte que esto amenaza a un sector que opera con márgenes inferiores al 2% de las ventas.
¿Qué propone AMAPROSAN?
Pide a la Cámara de Diputados reconsiderar las tarifas y adoptar un modelo de contribuciones basado en criterios técnicos y de justicia ambiental, según la generación real de residuos y la huella ambiental de cada actividad. Reitera su disposición al diálogo.