Datos clave del caso Onco14
- Etapa procesal: conocimiento de la medida de coerción (imputación)
- Solicitud del Ministerio Público: 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo
- Imputados: tres personas vinculadas al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer
- Tribunal: Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, jueza Estefani Reyes
- Continuación de la audiencia: jueves 25 de junio, 4:30 de la tarde
SANTIAGO (Noticia.do).-El Ministerio Público presentó este martes la medida de coerción contra los tres imputados vinculados a la estructura fraudulenta enfrentada con la Operación Onco14, que según el órgano persecutor afectó al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y se aprovechó del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) para sustraer, mediante diversas maniobras, fondos millonarios del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El órgano persecutor solicitó que se impongan 18 meses de prisión preventiva contra los imputados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, así como contra su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán, y su exesposa, Dilcia Isabel Vargas Sánchez. Además, pidió que se declare el proceso de tramitación compleja por la pluralidad y la gravedad de los hechos imputados y por la posible pena a imponer en un eventual juicio.
Quiénes integraron el equipo del Ministerio Público
Puntos clave
- El Ministerio Público presentó la medida de coerción contra tres imputados en la Operación Onco14.
- El órgano persecutor pide 18 meses de prisión preventiva y que el proceso se declare de tramitación compleja.
- La jueza Estefani Reyes suspendió la audiencia hasta el jueves 25 de junio para la fase de réplica y contrarréplica.
- Los imputados enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos, según el Ministerio Público.
En la jornada del martes, el equipo litigante del Ministerio Público lo integraron el procurador adjunto Wilson Camacho, director de Persecución; Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); y la procuradora de corte Quirsa Abreu, titular de la Fiscalía de Santiago. También participaron Joanna García, de la Dirección General de Persecución, a cargo de la Dirección Técnica de la Fiscalía de Santiago, y Elvin Ventura, encargado de Casos Complejos en esa jurisdicción.
La titular de la Pepca presentó la solicitud de medida de coerción ante la jueza Estefani Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago. El viernes anterior, la magistrada había aplazado la medida para este martes a solicitud de los abogados de las defensas.
Pasadas las 9:00 de la noche del martes, la jueza Reyes suspendió la audiencia hasta el jueves 25 de junio, a las 4:30 de la tarde, cuando iniciará la etapa de réplica y contrarréplica. La audiencia había comenzado alrededor de las 6:00 de la tarde.
Los tres procesados
Por el caso son procesados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la ASFL Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También figura Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, de quien se divorció en 2014. Según el expediente, Vargas Sánchez ocupó la Vicepresidencia del patronato y, a la vez, fungió como auditora interna y externa de la entidad que administra el IORC durante el período en que el imputado presidía la ASFL.
Los tres fueron arrestados durante la Operación Onco14, encabezada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Pepca y la Fiscalía de Santiago.
Qué le atribuye la investigación
De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados y las razones sociales Vargas Lora & Asociados —hoy Vargas Guzmán Accounting Center— y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida habrían sustraído los fondos mediante distintos mecanismos fraudulentos.
La investigación aborda presuntos hechos como el fraude clínico y farmacéutico mediante el cambio de indicaciones médicas, el uso de sellos médicos falsos, la doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos. A ello suma la prohibición de donaciones gratuitas de medicamentos, la venta de medicamentos donados, el contrabando con exoneraciones fiscales y el tráfico de sustancias controladas.
El órgano persecutor también señala la presunta utilización de habitaciones del oncológico para realizar cirugías estéticas, gastos de representación ilegítimos y reembolsos fraudulentos por viajes y hoteles, así como sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
Según la investigación del Ministerio Público, los procesados habrían sobornado a distribuidoras de medicamentos y creado la Fundación Tócate, con la cual presuntamente distraían fondos y cobraban al SeNaSa por servicios y medicamentos no suministrados a pacientes del oncológico de Santiago. Otro de los mecanismos para la distracción de fondos del patronato, según el órgano investigador, habría sido la autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios que no corresponden al personal de este tipo de entidades.
La Operación Onco14 se ejecutó con la cooperación de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), e incluyó la ocupación de dinero en efectivo, un arma de fuego, documentos, vehículos, un título de propiedad, computadoras, celulares y un DVR, entre otros objetos.
El grupo enfrenta cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología —acceso ilícito y código de acceso— y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
¿Qué es la Operación Onco14?
¿Cuántos años de prisión solicita el Ministerio Público?
¿Quiénes son los imputados en el caso Onco14?
¿Cuándo continúa la audiencia de coerción?
Las personas mencionadas en esta nota se presumen inocentes hasta que una sentencia judicial firme determine lo contrario, conforme al artículo 69 de la Constitución de la República Dominicana y el Código Procesal Penal.
