Puntos clave
- El Instituto Duartiano califica el acuerdo RD-EE.UU. de "excesivamente complaciente" y contrario a la Constitución.
- Wilson Gómez afirma que llamarlo "memorándum" fue una estrategia para evitar la revisión del Tribunal Constitucional y el Congreso.
- El argumento tiene respaldo histórico: Duarte advertía en 1844 que los tratados internacionales debían pasar por el legislativo.
- El Instituto tiene una comisión analizando los puertos secos en la frontera y prepara una posición pública.
- Gómez cuestionó que aeronaves militares extranjeras operen en territorio dominicano sin aprobación del Congreso ni del TC.
El presidente del Instituto Duartiano afirma que el Gobierno dominicano usó esa denominación para evitar la revisión del Tribunal Constitucional y el Congreso Nacional. También advierte sobre los puertos secos en la frontera.
Por Maxwell Reyes | Noticia.do
SANTIAGO.-El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, afirmó este martes que el Gobierno dominicano denominó "memorándum de entendimiento" al acuerdo firmado con Estados Unidos para recibir deportados de terceros países con el propósito de eludir la revisión del Tribunal Constitucional (TC) y el Congreso Nacional. Para Gómez, independientemente del nombre que se le asigne al documento, el Estado dominicano contrajo obligaciones reales que exigen el control constitucional previsto en la Carta Magna.
"Al momento de calificar el acto, la calificación no la da la denominación. Lo que se firmó no es un memorándum; este es un acuerdo donde el Estado dominicano contrae obligaciones y compromisos", sostuvo el jurista, también juez emérito del Tribunal Constitucional, durante una entrevista en el programa Despierta CDN.
Gómez Ramírez recordó que la Constitución establece que los acuerdos internacionales que generan compromisos para el Estado deben pasar primero por el escrutinio del TC y luego ser ratificados por el Congreso. Al calificarlo de "memorándum no vinculante", la Cancillería habría sorteado ese proceso. "Si eso no sucede, hay una violación al orden constitucional", sentenció.
El argumento de Duarte, 182 años después
El presidente del Instituto Duartiano fue más lejos y acudió a la historia para respaldar su postura. Señaló que Juan Pablo Duarte, en su proyecto manuscrito de Constitución de 1844 —cuyo original se preserva en el Archivo General de la Nación— ya advertía sobre la necesidad de que los tratados internacionales fueran refrendados por el órgano legislativo, al que llamó "el gran consejo de la nación". Para Gómez, esa visión sigue vigente y es precisamente lo que el Ejecutivo habría ignorado al firmar el acuerdo con Washington.
Aeronaves militares y la cesión del espectro
Más allá del memorándum, el jurista cuestionó que aeronaves militares extranjeras estén operando en territorio dominicano sin que esa autorización haya pasado por el TC ni por el Congreso. Calificó la situación como una muestra de "incondicionalidad" frente a Estados Unidos y llamó a que cualquier beneficio que obtenga el país sea transparente y negociado con reciprocidad.
Gómez también hizo referencia a los 20 millones de dólares que República Dominicana aporta a las fuerzas de seguridad en Haití, cuestionando esa inversión mientras comunidades dominicanas carecen de agua potable y electricidad.
La contradicción migratoria
Para el presidente del Instituto Duartiano, el acuerdo entraña una contradicción de fondo: el país lleva meses ejecutando una política de deportaciones masivas de haitianos indocumentados, mientras simultáneamente abre la puerta para recibir nacionales de terceros países en igual situación irregular. "Se buscan súbditos de terceros países en esa situación. Eso hace mucho daño a la moral para continuar la política que tiene que seguirse: repatriar la mayor cantidad posible de haitianos irregulares", advirtió.
Puertos secos, en análisis
Sobre los proyectos de puertos secos en la frontera, Gómez indicó que el Instituto Duartiano tiene actualmente una comisión de la directiva nacional estudiando el tema para fijar una posición pública. Adelantó que la entidad considera que los pasos que se han dado en materia fronteriza representan "pasos de renuncia" al ámbito de soberanía del país, y que la gestión del presidente Luis Abinader debe reflexionar sobre el alcance de esos compromisos.
El jurista recordó que el pueblo dominicano es el soberano y que el presidente es un mandatario —no un mandante— cuya función es administrar el país conforme al interés nacional.
