Puntos clave
- El PLD rechazó el Decreto 166-26 que habilita una red de puertos secos en la frontera dominico-haitiana bajo régimen de zona franca.
- Más de 13,000 comerciantes dependen directamente del comercio fronterizo; el impacto indirecto alcanza a más de 100,000 personas.
- Las provincias en riesgo son Dajabón, Jimaní, Elías Piña y Pedernales.
- El partido propone cinco principios que deben regir cualquier modernización: protección del comerciante tradicional, garantías antitráfico, gobernanza local, prioridad a productos dominicanos y transparencia en concesiones.
- El proyecto implica una inversión privada de US$300 millones y operará como zona franca logística.
SANTO DOMINGO, (Noticia.do).-El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) rechazó este lunes la implementación del proyecto de puertos secos en la frontera dominico-haitiana, amparado en el Decreto 166-26 del Poder Ejecutivo, y advirtió que la iniciativa amenaza el sustento de más de 13,000 comerciantes directos y de unas 100,000 personas que dependen del comercio fronterizo en provincias como Dajabón, Jimaní, Elías Piña y Pedernales.
La posición quedó fijada en rueda de prensa celebrada en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, encabezada por Iván Lorenzo, vicepresidente del partido, y respaldada por el secretario general Johnny Pujols, y los vicepresidentes Temístocles Montás y Zoraida Cuello, además del miembro del Comité Político Elías Cornelio.
Datos clave
Comerciantes que dependen directamente del comercio en la frontera dominicana
Personas afectadas de forma indirecta en Dajabón, Jimaní, Elías Piña y Pedernales
Inversión privada contemplada en el Decreto 166-26 para la red de puertos secos
Intercambio comercial anual con Haití — estimado 70% informal, según fuentes del sector
El PLD argumentó que el comercio con Haití no fue construido por grandes corporaciones, sino por el esfuerzo cotidiano de pequeños comerciantes, transportistas y productores fronterizos que edificaron, durante décadas, uno de los mercados binacionales más dinámicos del Caribe. El partido considera que el modelo contemplado en el Decreto 166-26 —que habilita una red de puertos secos bajo régimen de zona franca con una inversión privada de US$300 millones— privilegia una lógica de enclave logístico orientada hacia grandes operadores, en detrimento del aparato productivo local.
"La República Dominicana necesita modernizar su frontera. Pero modernizar no puede significar sustituir la economía nacional por un modelo de intermediación importadora vulnerable al contrabando, la evasión y la concentración económica", señaló el partido en su declaración.
"La modernización no puede significar el desplazamiento de los actores económicos tradicionales de la frontera ni la concentración del comercio en pocas manos."— PLD, declaración de prensa, 25 de mayo de 2026
La posición del PLD se suma a la expresada una semana antes por comerciantes, exportadores y transportistas del área, quienes comparecieron ante la Comisión Permanente de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados para solicitar una revisión del Decreto 166-26 y advertir sobre el riesgo de concentración del comercio en pocos operadores.
¿Qué propone el PLD para modernizar el comercio fronterizo?
El partido no se limita al rechazo. Plantea que cualquier proceso de modernización del comercio fronterizo se sustente en cinco principios:
- Protección del comercio fronterizo tradicional y de los pequeños y medianos comerciantes dominicanos.
- Garantías estrictas contra el contrabando y la triangulación, mediante controles tecnológicos, trazabilidad y supervisión independiente.
- Participación obligatoria de productores y comerciantes fronterizos en la gobernanza de los puertos secos.
- Prioridad para productos dominicanos y encadenamientos productivos nacionales.
- Transparencia absoluta en concesiones, permisos y operadores autorizados, para evitar monopolios y concentración económica.
¿Qué significa esto para República Dominicana?
El intercambio comercial con Haití —el segundo socio comercial dominicano— ronda los US$1,000 millones anuales y se estima que un 70% opera de manera informal. La implementación de puertos secos podría ordenar ese flujo y elevar la recaudación fiscal, pero el debate abierto por el PLD pone sobre la mesa una pregunta que el Gobierno aún no ha respondido con claridad: ¿cómo garantizar que los comerciantes tradicionales tengan un lugar real dentro del nuevo modelo logístico, y no queden excluidos por requisitos diseñados para grandes operadores?
La respuesta a esa pregunta determinará si los puertos secos son un instrumento de desarrollo para las comunidades fronterizas o un mecanismo de concentración económica disfrazado de modernización.
