SANTO DOMINGO.— El abogado Valentín Medrano, defensor del fiscal Aurelio Valdéz Alcántara, denunció que el arresto y la investigación de su cliente son nulos de pleno derecho, porque el PEPCA usurpó atribuciones que la Constitución y la ley orgánica del Ministerio Público reservan exclusivamente al procurador general ante la Corte de Apelación, y porque el expediente carece de videos y audios, pese a que la jueza autorizó esas grabaciones.
La defensa del fiscal Aurelio Valdéz Alcántara sostiene que su arresto es nulo porque el PEPCA carecía de competencia legal para investigarlo y porque el expediente no contiene los videos y audios que la jueza autorizó. Valentín Medrano citó el artículo 159 numeral 2 de la Constitución, los artículos 52 y siguientes de la Ley 133-11, y señaló la ausencia de prueba audiovisual en la oferta probatoria del Ministerio Público. Declaraciones del abogado Valentín Medrano en entrevista en el programa 55 minutos por CDN 37, mayo 2026.
El caso Aurelio Valdez Alcántara sacudió esta semana al sistema judicial dominicano. Valdéz, integrante del equipo de fiscales del PEPCA asignado al caso Senasa, fue arrestado en las inmediaciones del Bella Vista Mall, en la capital, acusado de recibir un soborno de 10,000 dólares de parte de un testigo del proceso.
La nulidad constitucional que plantea la defensa
Valentín Medrano explicó que el artículo 159, numeral 2, de la Constitución de la República establece que cuando una persona goza de privilegio de jurisdicción, los primeros actos del proceso deben conocerse ante la jurisdicción inmediatamente superior. En el caso de un fiscal, esa jurisdicción superior es la Corte de Apelación. Hasta ahí, señaló, el procedimiento podría estar correcto.
El problema, según la defensa, es que la Ley Orgánica del Ministerio Público, 133-11, en sus artículos 52 y siguientes, establece con precisión que es el procurador general ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional quien tiene la facultad de investigar a ese tipo de funcionarios. No el PEPCA. No la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
"Ya desde que usted dijo que inició esta investigación, la investigación es nula de pleno derecho", planteó Valentín Medrano ante la jueza que conoció la medida de coerción, refiriéndose al procurador Wilson Camacho. La defensa entiende que quien debió conducir la investigación es el procurador José Sepúlveda, ante la Corte de Apelación.
Sin videos. Sin audios. Sin mensajes
Más allá del debate competencial, Valentín Medrano reveló un dato que considera determinante: el expediente del Ministerio Público no contiene ningún video ni audio del supuesto soborno, pese a que la jueza autorizó expresamente esas grabaciones como parte de una entrega vigilada.
"La jueza autorizó una entrega vigilada y que grabaran videos y audios. No se presentó. Tú tienes la medida. Búscala ahí a ver si en la oferta probatoria hay algún video o algún audio. No están", afirmó el abogado. Lo que existe, dijo, es una fotografía del dinero en el techo del vehículo —el sunroof— que, a su juicio, plantea más preguntas que respuestas sobre la cadena de custodia.
Tampoco constan en el expediente los mensajes de WhatsApp que el Ministerio Público alega que Valdéz envió al testigo. "Ahí no hay un solo elemento probatorio de WhatsApp", subrayó Medrano.
El error en la orden de allanamiento
La defensa también cuestionó el allanamiento del apartamento del fiscal. Según Valentín Medrano, la orden judicial fue expedida para el apartamento 3A, pero las autoridades ejecutaron el procedimiento en el 3B, que es donde Valdéz reside. "Allanaron el 3B como quiera", señaló, advirtiendo que esa irregularidad tiene precedentes sancionados por el Tribunal Constitucional.
La medida de coerción y la prisión preventiva
A pesar de los argumentos de la defensa, la jueza dictó prisión preventiva contra Aurelio Valdéz. Medrano indicó que la magistrada ignoró incluso su propio precedente previo en casos similares, donde había establecido que no existe flagrancia cuando las autoridades ya conocen los hechos que investigan.
"Todo lo que se hizo aquí fue ilegal. Absolutamente todo", sostuvo el abogado, quien anunció que apelará la medida de coerción.
Wilson Camacho defiende el caso
El procurador Wilson Camacho ha defendido la investigación y la detención de Valdéz, argumentando que el proceso se condujo conforme a derecho. La Procuradora General Yeni Berenice Reynoso también reivindicó la decisión de iniciar la pesquisa.
El trasfondo: el caso Senasa
Valentín Medrano fue más allá de los tecnicismos procesales. Planteó que el caso del fiscal Valdéz no puede analizarse de forma aislada del expediente Senasa, el proceso por corrupción más grande en la historia reciente del país, en el que están involucrados funcionarios con vínculos al gobierno.
"Un caso de un fiscal no puede apañar el caso Senasa, que es demasiado grande", dijo. La defensa considera que el proceso contra Valdéz puede tener motivaciones que van más allá de la persecución de un presunto hecho de corrupción.
Valdéz Alcántara permanece bajo prisión preventiva. La defensa prevé presentar un recurso de apelación en los próximos días.
Para los dominicanos en Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts y Florida: el caso del fiscal Aurelio Valdéz Alcántara expone una disputa sobre los límites institucionales del Ministerio Público en la República Dominicana. La defensa sostiene que el proceso vulnera garantías constitucionales básicas que protegen a cualquier ciudadano, independientemente de su cargo. El abogado Valentín Medrano advirtió que si esta prisión preventiva queda firme, "todos somos menos ciudadanos."
