El Poder Judicial anunció este miércoles un plan para optimizar la Jurisdicción Inmobiliaria, reducir la mora judicial y digitalizar trámites, con la meta de poner al día al 80 % de los tribunales de tierras en 2026.
SANTO DOMINGO (Noticia.do).-El Poder Judicial dominicano presentó los avances del Plan de Optimización de la Jurisdicción Inmobiliaria, una estrategia orientada a modernizar los tribunales de tierras, agilizar respuestas y reforzar la seguridad jurídica sobre los inmuebles en República Dominicana.
La meta oficial es que para 2026 el 80 % de los tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria esté al día. Según explicó la institución, la iniciativa forma parte del proceso de transformación judicial para ofrecer un sistema más ágil, accesible, transparente y eficiente para ciudadanos, empresas y actores del mercado inmobiliario.
El acto fue encabezado por Anselmo Alejandro Bello Ferreras, juez de la Suprema Corte de Justicia, quien afirmó que, pese a los retos pendientes, el Poder Judicial mantiene su compromiso de fortalecer la justicia inmobiliaria como soporte de los derechos reales, la certidumbre jurídica y el desarrollo económico del país.
“El Poder Judicial está comprometido con seguir fortaleciendo la justicia inmobiliaria como un pilar fundamental para la protección de los derechos reales, la certidumbre jurídica y el desarrollo económico del país”.
Jurisdicción Inmobiliaria: retos que enfrentan los tribunales de tierras
Durante la actividad, Catalina Ferreras, presidenta de la Corte del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este, explicó que el plan surge a partir de estudios institucionales que detectaron fallas estructurales en el sistema.
Entre los principales desafíos figuran la acumulación de expedientes en mora judicial, los retrasos procesales, el aumento de casos de deslinde, las limitaciones tecnológicas en algunos tribunales, las diferencias en la carga laboral entre salas y la necesidad de simplificar procedimientos.
Para enfrentar ese panorama, el Poder Judicial plantea rediseñar procesos, eliminar trámites innecesarios y desjudicializar algunos procedimientos.
También prevé fortalecer la infraestructura tecnológica, mejorar la interoperabilidad entre tribunales y el Registro Inmobiliario, y ampliar la capacitación de jueces y servidores judiciales.
Además, ya funcionan espacios de seguimiento como la Mesa Nacional de Optimización, la Mesa Táctica de Optimización Regional y la Mesa Nacional de Buenas Prácticas Interinstitucionales. A esto se suman acciones de monitoreo permanente de la mora judicial y la habilitación de salas híbridas para audiencias.
Digitalización judicial y trazabilidad de expedientes
Uno de los avances destacados por el Poder Judicial fue la digitalización del flujo documental entre dependencias. La institución informó que el 95 % de los expedientes se envía digitalmente desde el Registro Inmobiliario hacia los tribunales.
En el trayecto contrario, desde los tribunales hacia el Registro Inmobiliario, la remisión digital alcanza el 67 %. Según la presentación oficial, esto mejora la eficiencia operativa y la trazabilidad de los procesos.
También se destacó el crecimiento del Portal de Acceso Digital, que en febrero de 2026 concentró el 35 % del total de expedientes presentados por esa vía. El uso de este canal remoto reduce tiempos de trámite y facilita el acceso ciudadano a los servicios judiciales.
Registro Inmobiliario destaca avances para reforzar la seguridad jurídica
El administrador general del Registro Inmobiliario, Ricardo Noboa, presentó varias medidas para modernizar el sistema registral y reforzar la seguridad jurídica sobre las propiedades.
Entre ellas mencionó la implementación gradual de la Firma Digital Cualificada con Código QR, con la que ya se han emitido cerca de 29,790 productos firmados digitalmente.
También resaltó la regularización parcelaria, el compendio de criterios registrales, la actualización de la consulta del parcelario catastral y el servicio de alertas registrales.
Ese servicio de alertas cuenta actualmente con 50,965 usuarios suscritos, de acuerdo con el Registro Inmobiliario. Noboa sostuvo que estas herramientas ayudan a anticipar riesgos, proteger derechos de propiedad y detectar irregularidades antes de que escalen a conflictos sobre inmuebles.
Títulos de propiedad y efecto para familias y empresas
El Registro Inmobiliario también indicó que apoya el Plan Nacional de Titulación impulsado por el Ministerio de la Presidencia, orientado a ampliar la formalización de la propiedad inmobiliaria en República Dominicana.
En ese contexto, las autoridades informaron que se han entregado 258,244 certificados de títulos, como parte del acuerdo firmado en 2021 entre el Consejo del Poder Judicial y el Ministerio de la Presidencia para ampliar el programa de apoyo a esa iniciativa.
Para miles de familias dominicanas, incluida población del Cibao y de Santiago con procesos de saneamiento, deslinde o titulación pendientes, una Jurisdicción Inmobiliaria más rápida puede traducirse en menos trabas para vender, heredar, registrar o defender legalmente una propiedad.
Ese punto resulta clave en un país donde los conflictos por linderos, títulos y regularización de terrenos afectan tanto a hogares como a proyectos agrícolas, comerciales y urbanos. Una mejora real en los tribunales de tierras tendría impacto directo en la confianza sobre el mercado inmobiliario y en la seguridad de las inversiones.
