Jean Alain no puede ir a España
SANTO DOMINGO (Noticia.do) El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó este lunes la solicitud del exprocurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez para levantar provisionalmente su impedimento de salida del país y viajar a Madrid, España, alegando una cita médica.
La razón oficial del rechazo fue técnica: parte esencial del historial clínico fue presentada en inglés sin la traducción oficial exigida por el Código Procesal Penal. Pero hay un dato que casi nadie está destacando: España es precisamente el país donde reside Rafael Stefano Canó Sacco, exjefe de Gabinete de la Procuraduría y principal testigo de cargo de la acusación en su contra.
El detalle que convierte una solicitud médica en un asunto político
La defensa del exprocurador, encabezada por los abogados Carlos Balcácer, Gustavo Adolfo Biaggi Pumarol y Nelys Rivas, había solicitado el levantamiento del impedimento de salida argumentando que Rodríguez Sánchez necesita atención especializada por un adenoma en el riñón izquierdo y cálculos renales, y que debía asistir a una cita con el doctor Juan Carlos Ramírez Fernández en el Hospital Ruber Internacional del Grupo Quirón Salud, en Madrid.
Sin embargo, tanto la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) como los abogados del Estado dominicano se opusieron, alegando que la documentación médica no acreditaba una situación de urgencia ni la imposibilidad de recibir tratamiento en el país.
El tribunal fue contundente: «Este tribunal se vio imposibilitado de valorar las pruebas médicas depositadas debido a graves irregularidades procesales, principalmente la ausencia de traducciones oficiales de documentos redactados en idioma inglés», dice la resolución núm. 249-04-2026-SRES-00005. Entre los documentos citados sin traducción figuran constancias médicas del Massachusetts General Hospital, en Estados Unidos. l El artículo 137 del Código Procesal Penal es claro: no puede otorgarse valor probatorio a documentos extranjeros sin traducción oficial de un intérprete judicial autorizado.
Lo que los medios han pasado por alto es el trasfondo político del destino elegido. Rafael Stefano Canó Sacco, exjefe de Gabinete de la Procuraduría durante toda la gestión de Jean Alain Rodríguez, es el número uno en la lista de testigos del Ministerio Público, y con su testimonio la acusación busca probar que el exprocurador operó una estructura criminal desde que llegó a la institución, que el movimiento político Renovación fue financiado con fondos del Estado, y que el proyecto final era una aspiración presidencial.
Un testigo que vale más que cualquier documento
Canó Sacco estaría bajo arresto domiciliario en España como testigo protegido de la Procuraduría General de la República, condición que resulta de una colaboración internacional entre las autoridades dominicanas y las españolas. Su valor para la acusación es difícil de exagerar. Con su declaración, el Ministerio Público busca probar 15 puntos clave de la acusación contra Jean Alain Rodríguez y los demás imputados en un expediente acusatorio de más de 12 mil páginas con cerca de 399 testigos.
La defensa de Jean Alain, por su parte, ha pedido en el pasado que Canó Sacco sea extraditado para enfrentar los cargos en República Dominicana, argumentando que es él —y no el exprocurador— el verdadero responsable de los hechos imputados. Esa tensión entre acusación y defensa en torno a la figura de Canó Sacco atraviesa todo el proceso y no ha sido resuelta.
El juicio que no arranca
Mientras tanto, el proceso sigue estancado en la fase previa al debate de fondo. En la audiencia más reciente, el abogado Ybo Sánchez, representante de uno de los coimputados, cumplió su tercer día consecutivo exponiendo incidentes ante el tribunal, entre ellos el señalamiento de que una persona vinculada al expediente fue interrogada hasta 20 veces en fechas consecutivas, incluyendo fines de semana y días feriados, lo que a su juicio vulnera garantías fundamentales.
Las defensas han presentado más de 25 presuntas vulneraciones al debido proceso a lo largo de los más de cinco años que lleva el caso, contados desde el impedimento de salida dictado el 25 de noviembre de 2020. A eso se suman recursos como la solicitud de nulidad de la acusación por el uso reiterado del nombre «Operación Medusa», que el Tribunal Constitucional ordenó retirar mediante sentencia de abril de 2025.
La decisión de rechazo es susceptible de recurso de apelación conforme al artículo 249 del Código Procesal Penal, por lo que el asunto no está cerrado. La defensa puede intentar una nueva solicitud con los documentos debidamente traducidos o apelar la resolución.
Lo que sí está claro es el cuadro general: el mayor caso de corrupción administrativa de la historia reciente dominicana lleva más de cinco años sin llegar al debate de fondo, los incidentes se acumulan jornada tras jornada, y el exprocurador quería viajar al único país donde reside la persona que más sabe sobre lo que supuestamente ocurrió dentro de la Procuraduría. El tribunal dijo que no. Pero la pregunta sobre ese destino elegido sigue flotando en el aire.
