Un aumento alarmante de la represión y el hostigamiento a la prensa
En Argentina, el trabajo periodístico volvió a quedar en el centro de una disputa que ya no es solo simbólica: también es física, judicial y digital. En los primeros 11 meses de 2025, sindicatos de prensa registraron 83 agresiones policiales a periodistas durante coberturas de protestas, un 66% más que en el mismo período de 2024.
La cifra por sí sola describe una tendencia, pero no explica el clima. Ese clima se completa con un discurso público que estigmatiza a la prensa, campañas de hostigamiento en redes y una escalada de demandas por “calumnias e injurias” contra comunicadores que investigan o critican al poder. Organizaciones periodísticas y de derechos humanos elevaron el caso al plano internacional: en noviembre expusieron la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que evalúa incluso una misión al país.
El debate no es menor: cuando se golpea a quien registra lo que ocurre, se condiciona lo que la sociedad llega a ver. Y cuando se judicializa la crítica, se instala un mensaje silencioso que trasciende a cualquier redacción: “miren lo que les puede pasar”.
Panorama general de la violencia contra periodistas en Argentina
Los relevamientos presentados por sindicatos de prensa y ámbitos académicos describen un patrón: la violencia se concentra en coberturas callejeras, sobre todo en manifestaciones. El dato de 83 periodistas reprimidos hasta octubre (casi el total del período reportado) no habla de episodios aislados, sino de una acumulación que se repite marcha tras marcha.
En el informe gremial, la represión aparece asociada a procedimientos de seguridad donde el periodista es tratado como un obstáculo y no como un observador protegido por garantías democráticas. El resultado, documentado en denuncias, incluye gases, balas de goma, golpes, intimidación y vejámenes, con consecuencias médicas que van desde irritaciones severas hasta fracturas.
En paralelo, el contexto de polarización amplifica el riesgo: a la violencia en la calle se suma la violencia en línea. El periodismo no solo enfrenta la agresión en el momento de la cobertura; enfrenta también campañas de descrédito posteriores que buscan invalidar su testimonio, sembrar dudas sobre su integridad o convertirlo en blanco de amenazas.
Crecimiento de las agresiones policiales durante coberturas de protestas
El salto del 66% frente a 2024 es un punto de quiebre porque revela aceleración, no simple persistencia. En 2024 se habían contabilizado 50 casos en el mismo universo de medición; en 2025 el número escala a 83.
La interpretación de esa suba divide aguas. Desde organizaciones periodísticas se la lee como un efecto de protocolos y prácticas que no incorporan salvaguardas adecuadas para prensa. Desde el Gobierno y vocerías afines se ha intentado justificar la dureza de los operativos o discutir la veracidad de ciertos reportes.
Pero, más allá de la disputa retórica, la consecuencia práctica es clara: en un ambiente de confrontación, cubrir una protesta se parece cada vez más a una tarea de alto riesgo, incluso para profesionales con experiencia.
Periodistas y fotoperiodistas como blancos de la represión estatal
Los relatos de fotoperiodistas muestran una transformación concreta: equipos de protección que antes eran excepcionales hoy se vuelven rutina. Casco, antiparras, máscara antigás, guantes. Esa “normalización” del blindaje es un indicador duro: si el periodismo se viste como si fuera a una zona de conflicto, es porque el terreno informativo se ha vuelto hostil.
El informe de SiPreBA y la UBA y las notas periodísticas que lo amplifican subrayan que buena parte de los hechos se produce mientras la prensa hace lo que se supone que debe hacer en democracia: registrar el accionar estatal y el reclamo social.
Cuando la cámara pasa a ser interpretada como provocación y no como testigo, se altera la relación básica entre ciudadanía, poder y rendición de cuentas.
El rol de las fuerzas de seguridad y los protocolos oficiales
En los debates públicos sobre protestas suele discutirse la legalidad del corte, el orden público o la violencia de grupos minoritarios. Sin embargo, hay un ángulo menos atendido: cómo se gestiona la presencia de periodistas en operativos masivos. La protección de la prensa no es un “privilegio”, sino una condición de transparencia para el resto de la sociedad.
En el sistema interamericano, la CIDH y su Relatoría Especial han insistido en que los Estados deben prevenir, proteger y no obstaculizar la labor periodística, especialmente durante manifestaciones, donde la información es de alto interés público.
En ese marco, cualquier protocolo que tolere disparos horizontales de proyectiles o el uso indiscriminado de químicos en áreas donde hay prensa plantea preguntas incómodas: ¿se entrenó para minimizar riesgos? ¿se investigan excesos con diligencia? ¿hay sanciones? ¿existe una cadena de mando que asume responsabilidades?
Uso de la fuerza policial en manifestaciones sociales
Una manifestación es un evento dinámico: la policía despliega, la gente se mueve, hay empujones, corridas, tensión. En ese escenario, el “error” puede ocurrir. Pero el estándar democrático distingue entre el accidente inevitable y la práctica reiterada que se vuelve previsible.
Por eso los indicadores importan: cuando decenas de periodistas reportan impactos y lesiones en un mismo año, la discusión deja de ser anecdótica. De hecho, el informe citado registra que solo en la marcha del 12 de marzo se documentaron al menos 20 casos de violencia policial hacia periodistas.
Ese día se convirtió en un símbolo porque condensó el problema: represión, prensa lastimada y disputa posterior sobre responsabilidades.
Casos documentados de abuso y lesiones graves a periodistas
El caso más grave mencionado en los reportes es el del fotoperiodista Pablo Grillo, herido por el impacto de una granada o proyectil de gas lacrimógeno durante una protesta en marzo de 2025. Distintas coberturas judiciales señalan que la Cámara Federal confirmó el procesamiento del gendarme acusado, y que se evaluó el modo de disparo y su potencial letal.
Este punto es clave porque conecta violencia y rendición de cuentas. La confirmación del procesamiento muestra que el sistema judicial, al menos en este expediente, consideró que había elementos suficientes para avanzar.
Más allá del resultado final del caso, la señal hacia el sector es doble: por un lado, que hay hechos que no quedan solo en denuncia mediática; por el otro, que la discusión sobre “intencionalidad” no borra el impacto real sobre el cuerpo del periodista.
Hostigamiento digital y discurso estigmatizante desde el poder
En 2025, el conflicto con la prensa no se limita a la calle. Se alimenta en redes, se viraliza en discursos y se sedimenta en la cultura política cotidiana. En ese ecosistema, las palabras importan porque fijan un marco: quién es “enemigo”, quién “miente”, quién “opera”.
En Argentina, una frase repetida y atribuida al presidente Javier Milei —“no odiamos lo suficiente a los periodistas”— fue señalada por organizaciones como un emblema del clima hostil. La referencia aparece recogida por la SIP y en coberturas sobre el deterioro del entorno para el periodismo.
Incluso en ámbitos oficiales se le preguntó al vocero presidencial por el sentido de esa consigna y si podía generar violencia, en el contexto de agresiones a periodistas.
Ataques verbales y descalificaciones desde redes sociales oficiales
Las redes sociales han convertido el intercambio político en un escenario permanente. Pero cuando el Estado —o sus máximos funcionarios— utiliza ese escenario para etiquetar periodistas como “mentirosos” o “enemigos”, el efecto no se queda en el timeline: baja a la calle, a los tribunales y a la vida cotidiana del reportero.
Un punto sensible es la asimetría: un presidente o ministro no tiene el mismo megáfono que un ciudadano. Un post desde una cuenta con millones de seguidores puede activar oleadas de hostigamiento, doxxing o amenazas. Y aunque no exista una orden explícita, la señal de permisividad se interpreta rápido.
El riesgo no es abstracto: se traduce en autocensura, en redacciones que asignan menos cobertura, en periodistas que evitan firmar investigaciones o que optan por “bajar el volumen” para reducir exposición.
Impacto del discurso presidencial en la libertad de expresión
La violencia simbólica muchas veces prepara el terreno para la violencia material. Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a Argentina en 2025 en el puesto 87 de su clasificación mundial y advirtió sobre estigmatización a periodistas y debilitamiento del ecosistema mediático.
Ese tipo de evaluaciones no son sentencias judiciales, pero sí termómetros. Cuando coinciden con denuncias gremiales y con episodios de represión documentados, el cuadro se vuelve más consistente: no se trata de una sola fuente, sino de varias capas que apuntan a la misma dirección.
El efecto sobre la libertad de expresión es acumulativo: no hace falta cerrar un medio para condicionar la agenda; basta con subir el costo de informar.
Judicialización del periodismo crítico en Argentina
La judicialización es una herramienta especialmente sensible porque desplaza el conflicto del plano del debate al plano del castigo potencial. Un periodista demandado no solo pierde tiempo y recursos; también recibe un mensaje: investigar puede salir caro.
En noviembre de 2025, SiPreBA informó que el presidente Milei denunció a al menos ocho periodistas y comunicadores por calumnias e injurias, además de otras acciones atribuidas a miembros del Ejecutivo.
En democracias sanas, el funcionario público tiene umbrales más altos de tolerancia a la crítica. No porque “se lo merezca”, sino porque su poder exige mayor escrutinio. Cuando ese principio se invierte, la libertad de prensa se vuelve frágil.
Demandas por calumnias e injurias contra periodistas
La existencia de causas concretas cambia el clima del oficio. Una cosa es la agresión verbal; otra es la citación judicial, el expediente, el riesgo de sanción, el desgaste emocional. Según SiPreBA, estas causas se vinculan a la idea de “criminalizar la opinión” y convertir la crítica en un problema penal o cuasi penal.
Más allá de cómo evolucione cada expediente, la lógica de “litigar contra el periodismo” puede producir un efecto dominó: medios que prefieren evitar ciertas investigaciones, periodistas freelance que no pueden pagar abogados, fuentes que se retraen por miedo a quedar expuestas.
En suma, la judicialización no necesita ganar todos los casos para ser efectiva: le alcanza con instalar incertidumbre.
Efecto amedrentador sobre la investigación periodística
El periodismo de investigación vive de la persistencia: seguir documentos, contrastar fuentes, publicar lo que incomoda. Cuando la respuesta estatal es “te demando”, esa persistencia se encarece. En términos prácticos, se debilitan los incentivos para investigar corrupción, abusos o irregularidades.
El problema no es solo del periodista demandado. Es de la audiencia: cada investigación que no se hace por miedo o por falta de recursos es información que la sociedad pierde.
Y en países con fuerte polarización, la deslegitimación del periodismo como “enemigo” vuelve más fácil que la ciudadanía tolere esos ataques.
Denuncias internacionales y la intervención de la CIDH
El salto al plano internacional ocurre cuando las organizaciones consideran que las vías internas no alcanzan o que el patrón es demasiado persistente. En noviembre de 2025, FOPEA y otras organizaciones expusieron la situación ante la CIDH y, según FOPEA, la Comisión evalúa realizar una misión al país junto con la Relatoría de Libertad de Expresión.
Este paso es relevante por dos motivos. Primero, porque obliga al Estado a responder en un foro con estándares regionales. Segundo, porque crea documentación pública: testimonios, informes, registros de agresiones, listas de casos.
En contextos de disputa narrativa, la documentación se vuelve una forma de protección: no evita el riesgo, pero dificulta que el riesgo sea negado sin costo reputacional.
Presentación de casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La CIDH suele recibir múltiples denuncias sobre libertad de expresión en la región, pero no todas alcanzan visibilidad. Que un conjunto de organizaciones converja en una audiencia y presente un panorama sistemático indica coordinación y gravedad percibida.
En esas instancias, además de describir agresiones físicas, se discuten prácticas de estigmatización, hostigamiento en redes y presiones judiciales. La lectura interamericana suele mirar el “ecosistema”, no un solo incidente.
Y ese ecosistema incluye tanto el comportamiento de las fuerzas de seguridad como el discurso político que puede legitimar agresiones de terceros.
Reclamos de organizaciones de prensa y derechos humanos
Las organizaciones sostienen que hay un deterioro de condiciones para ejercer el periodismo: violencia en la calle, campañas de odio, y un clima de “disciplinamiento”. Esto se apoya en la estadística de agresiones (83) y en casos emblemáticos como el de Pablo Grillo, que mostró el riesgo de armas “menos letales” utilizadas de forma peligrosa.
El reclamo central, en términos simples, es que el Estado no solo debe “no agredir”, sino también prevenir, investigar y sancionar agresiones, además de garantizar que las fuerzas de seguridad operen con protocolos compatibles con derechos humanos.
En el sistema interamericano, la protección de periodistas no es una cortesía: es una obligación derivada de la libertad de expresión como derecho habilitante de otros derechos.
Libertad de prensa y protesta social en la República Dominicana
Para el público dominicano, mirar lo que ocurre en Argentina sirve como espejo y advertencia. La relación entre Estado, protesta social y prensa no es un tema “ajeno”: en el Caribe y en América Latina, la calle también es un escenario de disputa política y el periodista suele quedar en medio.
En 2025, la discusión regional sobre libertad de prensa muestra contrastes. Reportes y coberturas basadas en RSF señalan que República Dominicana se ubicó en el puesto 43 en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2025, tras retroceder desde 2024, lo que indica que incluso países con climas relativamente mejores no están inmunes a presiones económicas y políticas.
En paralelo, otros estudios regionales han presentado a RD con buen desempeño comparativo en la región, lo que muestra que los rankings y métricas pueden variar según metodología y universo comparado.
¿Qué lecciones deja el caso argentino para RD? Una, que la violencia contra periodistas suele crecer cuando se normaliza el discurso de odio. Dos, que la cobertura de protestas exige protocolos que protejan tanto a manifestantes como a quienes informan. Y tres, que la judicialización puede ser tan efectiva como la censura directa para enfriar la crítica.
Datos, estadísticas y alertas sobre libertad de expresión
Hay tres señales que, juntas, funcionan como un “semáforo rojo” para la libertad de prensa: agresión física, estigmatización pública y presión judicial. En el caso argentino, las tres aparecen en simultáneo durante 2025.
La primera señal es la estadística: 83 agresiones policiales con 66% de aumento frente a 2024, según SiPreBA y el informe asociado con la UBA.
La segunda señal es el clima discursivo. La Sociedad Interamericana de Prensa advirtió sobre la hostilidad promovida por discursos oficiales y citó la frase “no odiamos lo suficiente a los periodistas” como símbolo del riesgo que ese lenguaje genera para el ejercicio del oficio.
Informes de sindicatos de prensa y universidades
Cuando un informe nace de sindicatos, muchas veces se lo intenta descalificar como “parte interesada”. Por eso resulta relevante que el relevamiento se apoye también en ámbitos académicos y en documentación de casos.
En periodismo, el valor de estos informes no está solo en el número final, sino en la metodología: registro de denuncias, clasificación de agresiones, contexto (cobertura de protestas) y patrón temporal (incremento sostenido). Así se evita que el debate se reduzca a “mi palabra contra la tuya”.
Para una sociedad democrática, contar estos casos es parte de la autodefensa institucional: lo que no se mide, se niega; lo que no se documenta, se repite.
Evaluaciones de organismos internacionales de derechos humanos
La CIDH y su Relatoría Especial han desarrollado estándares sobre protesta social y libertad de expresión donde se enfatiza la obligación estatal de prevenir ataques, proteger a periodistas y asegurar que el uso de la fuerza no se convierta en una herramienta para silenciar cobertura.
En paralelo, la evaluación de RSF sobre Argentina en 2025 (puesto 87) añade una mirada comparativa internacional y refuerza la idea de deterioro del entorno para la prensa.
Estas evaluaciones no reemplazan a la justicia, pero sí ayudan a identificar señales tempranas: cuando se juntan violencia en la calle, campañas de odio y litigios contra periodistas, el costo democrático se dispara.
Violencia contra periodistas en Argentina y llamado a la acción
La violencia contra periodistas en Argentina en 2025 no puede leerse como una suma de incidentes: es un fenómeno con indicadores claros, casos emblemáticos y una escalada que combina represión, hostigamiento y judicialización. La cifra de 83 agresiones y el aumento de 66% son una alarma estadística; el caso de Pablo Grillo es una alarma humana; la intervención de la CIDH es una alarma institucional.
Para el público dominicano —y para cualquier sociedad— la pregunta de fondo es sencilla: ¿qué pasa cuando el periodismo deja de poder mirar? La respuesta suele ser la misma en cualquier país: menos transparencia, menos control social y más impunidad.
CTA: si consumes noticias, apoya medios que documenten con rigor, exige investigaciones independientes ante agresiones a prensa y comparte información verificada. La libertad de expresión no se defiende solo en tribunales o en organismos internacionales: se defiende también en la cultura cívica diaria.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Cuántas agresiones policiales a periodistas se registraron en Argentina en 2025?
Los sindicatos de prensa reportaron 83 agresiones policiales a periodistas durante coberturas de protestas en los primeros 11 meses de 2025, un 66% más que en 2024.
¿Por qué los periodistas denuncian represión estatal durante protestas?
Porque las agresiones se concentran en coberturas de manifestaciones e incluyen gases, golpes e impactos de proyectiles, lo que dificulta registrar el accionar estatal y el reclamo social.
¿Qué rol cumple la CIDH en las denuncias contra el gobierno argentino?
La CIDH recibe y evalúa denuncias sobre derechos humanos y libertad de expresión; organizaciones expusieron el caso en noviembre de 2025 y la Comisión evalúa una misión al país.
¿Cómo afecta la judicialización a la libertad de prensa en Argentina?
Las demandas por calumnias e injurias contra periodistas pueden generar un efecto amedrentador: suben el costo de investigar y criticar al poder, favoreciendo la autocensura.
