Héctor Guzmán califica de imprudente el voto militar en RD
El voto militar ha sido un tema tabú en la historia política dominicana
Santo Domingo, 19 de noviembre (Noticia.do).-El panorama político de la República Dominicana se encuentra en un momento crucial de debate sobre la institucionalidad y las reglas del juego democrático. En este contexto, las recientes declaraciones del vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Guzmán, han marcado una línea clara de oposición frente a propuestas que buscan alterar el orden constitucional actual.
Guzmán ha calificado como “imprudente” la sugerencia de habilitar el voto militar y policial, una postura que resuena con fuerza en medio de las discusiones sobre reformas electorales.
Durante su participación en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, transmitido por Antena 7, el dirigente político abordó tres pilares fundamentales que, a su juicio, definen la salud de la democracia dominicana actual: la inconveniencia de una reforma constitucional para el sufragio de los cuerpos castrenses, la necesidad de blindar la política contra el narcotráfico y el retroceso que ha significado el voto preferencial para el sistema de partidos.
Este artículo analiza en profundidad sus planteamientos y el impacto que tienen en el escenario electoral nacional.
A través de un análisis detallado, desglosaremos por qué el PRD considera que no es el momento para abrir la “Caja de Pandora” de una reforma constitucional y cómo la fiscalización de la Junta Central Electoral (JCE) es la clave, y no nuevas leyes, para sanear las boletas electorales.
Al finalizar la lectura, usted comprenderá los riesgos que, según Guzmán, enfrenta la calidad de la representación política en el Congreso y los ayuntamientos.
Debate sobre el voto militar y policial en República Dominicana
La propuesta de permitir el sufragio a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ha sido un tema tabú en la historia política dominicana, dado el pasado autoritario del país y la necesaria apoliticidad de los cuerpos armados.
La reciente sugerencia de la jueza del Tribunal Constitucional, Sonia Díaz, de abrir este debate, ha encontrado una respuesta contundente por parte de la dirigencia del PRD.
Héctor Guzmán ha sido enfático al señalar que “no es el momento adecuado” para plantear una modificación a la Carta Magna con este fin.
Según su análisis, la estabilidad democrática depende en gran medida de mantener a los cuerpos castrenses al margen de las pasiones político-partidistas. Introducir el voto en los cuarteles podría politizar una estructura que, por mandato constitucional, debe ser obediente al poder civil y no deliberante.
El argumento central de Guzmán no solo se basa en la tradición, sino en la prudencia política. En un clima donde la confianza en las instituciones se construye día a día, involucrar a los militares en la contienda electoral podría generar fricciones innecesarias y cuestionamientos sobre la imparcialidad de la seguridad durante los procesos de votación. Para el vicepresidente del PRD, la prioridad debe ser el fortalecimiento de las instituciones existentes, no la experimentación con modelos que podrían desestabilizar el orden interno.
Rechazo a la propuesta de reforma constitucional
La idea de una reforma constitucional es vista por Guzmán como una puerta peligrosa que no debería abrirse en la coyuntura actual. El dirigente advierte que iniciar un proceso de reforma para un tema tan específico y, a la vez, tan “sensible y polémico”, conlleva riesgos incalculables. La historia legislativa dominicana demuestra que, una vez se convoca a la Asamblea Revisora, surgen intereses diversos que buscan introducir otros temas en la agenda, lo que podría desvirtuar el propósito original y complicar el panorama político.
Guzmán sostiene que una reforma de esta magnitud requiere un consenso nacional del que se carece en este momento. “Una reforma abriría la puerta a otros asuntos que complicarían aún más la situación”, explicó. Esta visión conservadora respecto a la Constitución busca proteger la estabilidad jurídica del país frente a cambios coyunturales que no responden a una demanda popular generalizada, sino a visiones académicas o jurídicas puntuales que, aunque válidas en teoría, pueden ser inaplicables o riesgosas en la práctica política dominicana.
Además, el rechazo se fundamenta en la priorización de los problemas nacionales. Para el PRD, la energía política y legislativa debe estar enfocada en resolver las crisis económicas y sociales, y no en debates sobre la estructura del electorado que podrían polarizar a la sociedad y distraer la atención de los temas urgentes que afectan a la ciudadanía.
Postura del PRD ante la sugerencia del Tribunal Constitucional
La postura institucional del PRD, vociferada por Guzmán, respeta la investidura de los jueces del Tribunal Constitucional, pero disiente profundamente de la oportunidad política de sus sugerencias en materia electoral. La propuesta de la magistrada Sonia Díaz es vista como una opinión jurídica respetable, pero desconectada de la realidad operativa y política de los cuarteles dominicanos.
El PRD entiende que la disciplina militar es vertical y que el ejercicio del voto, que es una expresión de libertad individual y preferencia política, entra en conflicto directo con la jerarquía y la obediencia debida. Guzmán advierte que permitir el proselitismo, o incluso solo el voto silencioso, dentro de las filas policiales y militares, podría fracturar la unidad de mando necesaria para la seguridad nacional.
Por tanto, la posición es clara: mantener el estatus quo constitucional respecto a la restricción del voto militar es una garantía de paz social. Guzmán insta a los actores políticos y judiciales a medir las consecuencias de sus propuestas y a evitar traer a la mesa de discusión temas que, lejos de fortalecer la democracia, podrían debilitar uno de sus pilares más sensibles: la neutralidad de la fuerza pública.
Control del narcotráfico en las candidaturas electorales
Otro de los puntos álgidos abordados por Héctor Guzmán en la entrevista fue la infiltración del crimen organizado, específicamente el narcotráfico, en las estructuras partidarias y en las boletas electorales. Este es un tema recurrente en cada ciclo electoral dominicano, generando preocupación en la sociedad civil y en los organismos internacionales. Para Guzmán, la solución no reside en crear nuevas leyes, sino en la aplicación rigurosa de las existentes.
El dirigente político aseguró que el “blindaje” contra el dinero ilícito depende enteramente de la voluntad política. Esta voluntad debe manifestarse en dos frentes: primero, en la responsabilidad interna de los partidos políticos de conocer el origen de los fondos y la trayectoria de sus aspirantes; y segundo, en la capacidad fiscalizadora del Estado a través del órgano electoral. Guzmán descarta la idea de que el sistema sea vulnerable por falta de regulaciones, apuntando más bien a una falta de ejecución y supervisión.
Su análisis sugiere que culpar al sistema legal es una excusa para evadir responsabilidades. Si un candidato vinculado al narcotráfico llega a una posición electiva, es porque fallaron los filtros de control que los propios partidos y la Junta Central Electoral están llamados a activar. La integridad del sistema democrático, según Guzmán, se juega en la capacidad de los actores políticos de decir “no” al financiamiento oscuro, independientemente del costo electoral que esto pueda implicar a corto plazo.
El rol fiscalizador de la Junta Central Electoral (JCE)
Héctor Guzmán puso un énfasis especial en el papel de la Junta Central Electoral (JCE). Destacó que las leyes actuales otorgan a este organismo facultades suficientes para supervisar, fiscalizar y depurar las propuestas de candidaturas. “Si la JCE cumple su rol de fiscalizar”, argumentó Guzmán, el problema del narcotráfico en la política se puede controlar de manera efectiva.
El dirigente insta a la JCE a ser más proactiva en la investigación de los patrimonios y los gastos de campaña. No basta con recibir informes financieros; es necesario auditar la realidad del gasto en las calles versus lo reportado en los papeles. La fiscalización debe ser en tiempo real y con consecuencias inmediatas para quienes violen los topes de gastos o no puedan justificar la procedencia de sus recursos. Guzmán ve en la JCE no solo a un organizador de elecciones, sino al guardián de la pureza del proceso democrático.
Además, recordó que la colaboración interinstitucional es vital. La JCE debe trabajar de la mano con la Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Superintendencia de Bancos para cruzar informaciones que permitan detectar perfiles sospechosos antes de que sean oficializados como candidatos. Sin esta labor de inteligencia financiera y depuración, la democracia queda expuesta al mejor postor.
Importancia de la depuración interna en los partidos
Sin embargo, Guzmán no deja toda la carga en manos del árbitro electoral. Fue autocrítico y exigente con el sistema de partidos, señalando que la primera barrera de contención debe estar dentro de las organizaciones políticas. Recordó que en el pasado, el PRD logró evitar candidaturas de personas vinculadas al narcotráfico mediante la aplicación estricta de sus estatutos partidarios.
“Si se aplican los estatutos no habría ningún problema”, sentenció. Esto implica que los partidos tienen los mecanismos legales y disciplinarios para rechazar aspiraciones cuestionables, pero muchas veces falta la decisión política de hacerlo. La depuración interna requiere que las comisiones de ética y los organismos de dirección de los partidos investiguen a sus propios militantes y tengan la valentía de expulsar o negar la inscripción a quienes no cumplan con los estándares de probidad.
Guzmán hace un llamado a retomar la disciplina partidaria. Un partido que no se depura a sí mismo, termina siendo cómplice de la degradación de la política. La calidad de la oferta electoral que llega al ciudadano el día de las votaciones depende directamente del filtro previo que realicen las cúpulas partidarias. Para el vicepresidente del PRD, la ética debe prevalecer sobre la popularidad o la capacidad económica de un precandidato.
Críticas al sistema de voto preferencial en el Congreso
Quizás uno de los puntos más analíticos de la intervención de Guzmán fue su dura crítica al sistema de voto preferencial para la elección de diputados y regidores. Lejos de considerarlo un avance, el veterano político lo catalogó como un “retroceso” para la democracia dominicana y para la calidad institucional del Congreso Nacional y los ayuntamientos.
El voto preferencial, implementado bajo la premisa de dar mayor poder de decisión al elector para elegir directamente a su representante dentro de una lista partidaria, ha tenido efectos colaterales nocivos según la experiencia observada por Guzmán. El argumento central es que este sistema ha encarecido la política a niveles insostenibles, desplazando el debate de las ideas y favoreciendo el clientelismo y el poder del dinero.
Guzmán lamenta que la competencia ya no sea solo entre partidos con visiones distintas de país, sino una guerra fratricida entre compañeros de una misma organización. Este cambio en la dinámica electoral ha transformado la naturaleza de la representación política, debilitando la cohesión partidaria y dificultando la gobernabilidad interna de las organizaciones políticas.
Impacto negativo en la democracia interna de los partidos
El término utilizado por Guzmán para describir lo que ocurre al interior de los partidos debido al voto preferencial es contundente: “canibalismo”. Explicó que los procesos internos de escogencia de candidatos se han vuelto feroces batallas individuales donde “lo que se impone es el dinero y no el apoyo democrático o el mérito”.
Esta dinámica ha provocado que líderes comunitarios, intelectuales y militantes con vocación de servicio pero sin grandes fortunas, sean desplazados por figuras que pueden costear campañas millonarias. El resultado es una pérdida de capital humano valioso en la política. Guzmán sostiene que el voto preferencial ha mercantilizado la relación entre el candidato y el elector, erosionando la lealtad partidaria y fomentando el transfuguismo.
Además, este sistema dificulta la aplicación de cuotas de género y juventud de manera efectiva, ya que al final, el voto directo favorece a quien tiene mayor estructura financiera y logística, independientemente de las políticas de inclusión que el partido intente promover. La democracia interna se ve así secuestrada por el poder económico, distorsionando la voluntad de las bases.
Defensa del sistema de listas cerradas y bloqueadas
Como contrapropuesta, Héctor Guzmán reivindicó las bondades del sistema anterior de listas cerradas y bloqueadas. Según su criterio, este modelo generaba una representación de “mayor calidad”. Bajo ese esquema, los partidos eran responsables de presentar una oferta balanceada, donde se priorizaba a los cuadros técnicos, políticos y sociales más preparados para legislar y fiscalizar.
Guzmán argumenta que las listas cerradas obligan al elector a votar por un programa de gobierno y una visión de partido, fortaleciendo la institucionalidad. Al eliminar la competencia individual extrema por el voto preferencial, los candidatos se enfocan en promover la plataforma del partido en su conjunto. Esto, según Guzmán, reducía el costo de las campañas y permitía que personas con méritos intelectuales y morales llegaran al Congreso arrastrados por la fortaleza de la marca partidaria.
Aunque reconoce que el sistema de listas cerradas tenía sus críticas (como el poder de las cúpulas para armar las listas), Guzmán considera que los resultados actuales demuestran que el remedio del voto preferencial fue peor que la enfermedad. La calidad del debate parlamentario y la producción legislativa, a su juicio, han decaído notablemente bajo el actual esquema electoral.
Las declaraciones de Héctor Guzmán
Las declaraciones de Héctor Guzmán ofrecen una radiografía crítica y experimentada sobre los desafíos actuales del sistema político dominicano. Su rechazo al voto militar, su exigencia de mayor control sobre el narcotráfico en la política y su cuestionamiento al voto preferencial, conforman una llamado de atención a la clase dirigente para repensar el rumbo de las reformas electorales.
Guzmán invita a la prudencia y al fortalecimiento de lo existente antes de aventurarse en cambios constitucionales riesgosos. Su mensaje final es claro: la calidad de la democracia no depende de innovaciones constantes, sino del cumplimiento de la ley, la ética partidaria y la voluntad política real de servir al país. Para mejorar la representación política en la República Dominicana, es imperativo escuchar estas voces de experiencia que alertan sobre los peligros de priorizar el dinero sobre el mérito y la improvisación sobre la institucionalidad.
¿Qué opina usted sobre estas reformas? El debate está abierto y la participación ciudadana es vital para definir el futuro electoral de la nación.
Preguntas frecuentes
¿Por qué Héctor Guzmán rechaza el voto militar?
Guzmán considera que es una medida “imprudente” en el contexto actual, ya que podría politizar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, instituciones que deben mantener su neutralidad. Además, advierte que una reforma constitucional para este fin podría abrir la puerta a otros temas polémicos y desestabilizadores.
¿Quién propuso habilitar el sufragio a militares y policías?
La sugerencia fue realizada recientemente por la jueza del Tribunal Constitucional, Sonia Díaz, quien planteó la posibilidad de abrir el debate sobre el derecho al voto de los miembros de los cuerpos castrenses en la República Dominicana.
¿Qué efectos tiene el voto preferencial según Guzmán?
Según el vicepresidente del PRD, el voto preferencial ha causado un “retroceso” democrático. Ha provocado el “canibalismo” interno en los partidos, encarecido las campañas electorales y priorizado el dinero sobre el mérito, deteriorando así la calidad de la representación en el Congreso y los ayuntamientos.
¿Cómo se puede evitar el narcotráfico en la política dominicana?
Héctor Guzmán afirma que la clave está en la voluntad política y la aplicación de las leyes vigentes. Propone que la Junta Central Electoral (JCE) ejerza su rol fiscalizador con rigor y que los partidos políticos apliquen sus estatutos para depurar internamente a sus precandidatos, rechazando a quienes tengan vínculos con actividades ilícitas.
