Reforma al Código Procesal Penal: alertas y desafíos
Reforma al Código Procesal Penal en República Dominicana
Reforma al Código Procesal Penal
Santiago, 17 de noviembre (Noticia.do).-La discusión sobre la reforma al Código Procesal Penal (CPP) ha vuelto al centro del debate nacional debido a las preocupaciones planteadas por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y a la proximidad del plazo otorgado por el Tribunal Constitucional para corregir fallas en el trámite legislativo anterior. En una entrevista reciente, el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaño Guzmán, explicó los riesgos, contradicciones y desafíos institucionales que acompañan esta reforma que impactará de manera directa el funcionamiento del sistema de justicia dominicano.
Este artículo ofrece un análisis de fondo sobre los cambios propuestos, las alertas de expertos, las implicaciones jurídicas y las alternativas planteadas para evitar retrocesos en un instrumento clave para la persecución penal. El lector encontrará una explicación clara, detallada y contextualizada sobre qué está en juego y por qué esta reforma podría redefinir el equilibrio entre los actores del sistema.
Asimismo, se abordan aspectos relacionados con la selección de jueces de altas cortes, el fortalecimiento institucional pendiente y los riesgos que la criminalidad organizada sigue representando para la vida democrática del país. La intención es proporcionar una visión completa que permita comprender los desafíos y orientar la discusión pública.
Contexto y origen de la reforma
Sentencia del Tribunal Constitucional
El origen inmediato del actual proceso legislativo se ubica en la sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 6 de diciembre, que otorgó un plazo de un año para subsanar los vicios de procedimiento cometidos en la modificación realizada en 2015 al Código Procesal Penal. Dicho tribunal declaró inconstitucional aquella reforma no por su contenido material, sino por el incumplimiento del debido proceso legislativo.
El plazo se acerca a su vencimiento y esto presiona al Congreso a actuar con premura, aunque la complejidad del tema y la ausencia de consensos amplios dificultan la aprobación de una versión revisada, robusta y jurídicamente coherente. Finjus advierte que la carrera contra el tiempo puede provocar decisiones técnicas apresuradas.
Si el Congreso no cumple con el plazo, el país tendría que regresar al texto original del CPP de 2012, lo que abriría un escenario procesal complicado con plazos, criterios y regímenes distintos operando simultáneamente.
Proceso legislativo y exclusiones señaladas
Uno de los principales señalamientos de Finjus es que el proceso ha sido excluyente. Según Servio Tulio Castaño Guzmán, ni las universidades, ni la comunidad jurídica, ni especialistas independientes fueron convocados inicialmente por el Senado durante la discusión. Los únicos actores escuchados fueron las instituciones directamente vinculadas al sistema de justicia.
Esto genera un precedente preocupante: una reforma de alto impacto aprobada sin la participación del ecosistema legal más amplio, que es parte fundamental para garantizar equilibrio y calidad normativa. La falta de diálogo y contraste de opiniones técnicas profundiza errores y debilita la legitimidad del proceso.
Esta exclusión también ha provocado confusiones, interpretaciones contradictorias y críticas sobre la naturaleza misma del proceso legislativo, calificado como uno de los más cerrados de los últimos años.
Participación de Finjus y la comunidad jurídica
Frente a este panorama, Finjus preparó un documento técnico elaborado por comisiones especializadas en derecho penal, constitucional y administrativo. Dicho informe no solo advierte sobre riesgos legales, sino que presenta propuestas de solución. El presidente de la Cámara de Diputados recibió el informe y manifestó la intención de evaluarlo.
La comunidad jurídica, sin embargo, ha mantenido un silencio inusual. Castaño Guzmán expresó sorpresa ante la falta de pronunciamientos institucionales de colegios, asociaciones y facultades, pese a que esta normativa impactará directamente su labor.
En palabras del vicepresidente de Finjus, esta reforma “se aplicará a todo el país, incluyendo a quienes la aprueban”, por lo que el compromiso debería ser mayor.
Cambios clave en la reforma del Código Procesal Penal
Prisión preventiva y ampliación de plazos
Uno de los cambios más controversiales es la ampliación del plazo de prisión preventiva. La propuesta extiende el límite de 18 a 24 meses, con la posibilidad de una prórroga adicional de 12 meses. Esto significa que una persona imputada podría permanecer privada de libertad hasta tres años sin sentencia.
Este punto choca con críticas históricas sobre el abuso de la prisión preventiva y las debilidades del sistema para garantizar medidas cautelares proporcionales. Para Finjus, aumentar los plazos en lugar de corregir las fallas operativas empeora el problema en vez de resolverlo.
La prisión preventiva ha sido catalogada como uno de los fracasos estructurales del sistema penal dominicano, y la reforma parece ignorar esta realidad.
Modificaciones a los recursos de apelación
Otra parte sensible del proyecto es la modificación del alcance del recurso de apelación. La propuesta reduciría las facultades de análisis de las cortes, limitando su capacidad para revisar decisiones judiciales y valorar elementos de fondo.
Finjus advierte que esta restricción podría afectar derechos fundamentales de las partes y disminuir el control judicial necesario para garantizar un proceso equilibrado.
La apelación es una garantía esencial en cualquier sistema penal, por lo que cualquier limitación debe estar técnica y constitucionalmente justificada.
Atribuciones de las cortes de apelación
Los cambios planteados podrían transformar la función histórica de las cortes de apelación. La posible reducción de atribuciones limita su papel en el sistema de control y fiscalización jurisdiccional.
Esto impactaría directamente la coherencia de los criterios, la supervisión del trabajo de los jueces de primera instancia y la calidad del razonamiento jurídico en casos complejos.
Según expertos, modificar esta estructura sin suficiente debate puede generar inconsistencias que posteriormente serían llevadas ante el Tribunal Constitucional.
Impacto en víctimas y defensa pública
Otro eje de discusión gira en torno al tratamiento de las víctimas. Algunos discursos políticos argumentan que el CPP protege demasiado a los imputados y desatiende a las víctimas, pero Finjus afirma que el problema no es del código, sino del Estado.
El país nunca desarrolló una defensa pública para víctimas ni mecanismos estatales robustos de acompañamiento jurídico, a diferencia del sistema de defensa pública para imputados. Esto creó una brecha estructural que ahora se intenta atribuir a la normativa.
Finjus valoró positivamente iniciativas recientes del Ministerio Público, como la capacitación de 100 abogados especializados en atención a víctimas, pero advirtió que estas medidas llegan 20 años tarde.
Críticas y preocupaciones institucionales
Falta de equilibrio entre actores del sistema
Para Finjus, los cambios propuestos favorecen una visión parcial de la justicia penal, privilegiando la perspectiva de un solo actor del sistema. El equilibrio entre procuradores, jueces, defensores y víctimas es esencial para un proceso justo.
La reforma también debe considerar la independencia funcional de cada actor y garantizar que ninguna parte acumule un peso desproporcionado.
Sin ese balance, la confianza ciudadana en la justicia podría deteriorarse.
Contradicciones con precedentes del Tribunal Constitucional
Algunas disposiciones aprobadas por el Senado —según los expertos consultados por Finjus— entran en conflicto con criterios ya establecidos por el Tribunal Constitucional.
Esto anticipa un escenario donde múltiples artículos serían impugnados, produciendo litigiosidad, inseguridad jurídica y tensiones institucionales innecesarias.
La advertencia es clara: no se debe legislar contra precedentes constitucionales vigentes.
Riesgos operativos y coexistencia de dos sistemas procesales
Si el Congreso no aprueba una versión corregida de la reforma antes del vencimiento del plazo, el país volvería al código del 2012. Esto provocaría problemas operativos significativos en la administración de justicia.
Plazos distintos, regímenes de medidas cautelares divergentes y criterios diferentes entre antiguos y nuevos casos generarían un sistema complejo y probablemente ingobernable.
Los tribunales enfrentarían una carga adicional y una mayor probabilidad de errores procesales.
Propuestas de Finjus sobre la reforma
Revisión técnica de artículos conflictivos
Finjus recomienda una revisión profunda de varios artículos aprobados por el Senado, especialmente aquellos que modifican plazos, medidas cautelares y recursos judiciales.
El objetivo es fortalecer la claridad normativa y evitar contradicciones con principios constitucionales y jurisprudencia previa.
La fundación sugiere un enfoque más técnico y menos político en el análisis.
Soluciones sugeridas al Congreso
El documento entregado a la Cámara de Diputados contiene alternativas concretas que podrían resolver las debilidades del proyecto. La receptividad del presidente de la Cámara genera expectativas positivas.
Finjus aboga por una deliberación más amplia que incluya a especialistas independientes, universidades y organizaciones jurídicas.
La institución insiste en que una ley penal no debe aprobarse en medio del ruido político.
Eventual retorno al código de 2015
Entre las opciones planteadas está retomar el texto aprobado en 2015 y dejar la discusión técnica para una etapa posterior. Esto permitiría cumplir con el requisito del Tribunal Constitucional y evitar vacíos normativos.
La medida sería transitoria, pero garantizaría continuidad procesal y evitaría que el sistema retroceda al 2012.
El Congreso tendría más tiempo para trabajar una reforma integral, participativa y técnicamente sólida.
Consejo Nacional de la Magistratura y altos tribunales
Evaluación de jueces y proceso actual
El proceso de evaluación y selección de jueces de la Suprema Corte de Justicia ha sido objeto de críticas recientes. Finjus sostiene que el Consejo Nacional de la Magistratura carece de la capacidad técnica para evaluar a magistrados de ese nivel.
Históricamente, la tendencia del Consejo ha sido separar jueces en funciones, lo que confirma la necesidad de un nuevo esquema.
Para la entidad, el país debería avanzar hacia un modelo en el que los jueces de la Suprema Corte sean nombrados por un único período de 12 años.
Perfil de candidatos destacados
En esta ocasión, Finjus considera que existen candidatos con perfiles sólidos. Presidentes de cortes de apelación, académicos reconocidos y juristas con experiencia multisectorial forman parte del grupo evaluado.
Entre los perfiles mencionados se destacan magistrados con visión holística del derecho, experiencia en reformas legales y reconocimiento de la comunidad jurídica.
Servio Tulio considera que el Consejo tiene “material” para realizar elecciones acertadas y reivindicar el proceso.
Retos para garantizar legitimidad y transparencia
El principal desafío es asegurar que las decisiones no estén influenciadas por prejuicios políticos ni por las tensiones derivadas de la primera fase del proceso.
Una elección transparente y sustentada en méritos contribuiría a fortalecer la confianza en el sistema de justicia.
La selección de estos jueces será crucial, ya que en esta gestión presidencial se renovará la matrícula completa de la Suprema Corte y del Tribunal Constitucional.
Desafíos institucionales más amplios
Democracia, participación y reformas pendientes
La discusión sobre el CPP expone un problema de fondo: la necesidad de completar las reformas institucionales del Estado social y democrático de derecho instaurado en la Constitución del 2010.
El país aún opera bajo prácticas propias de un Estado liberal, donde la participación ciudadana es limitada y los mecanismos de consulta son escasos.
La reforma penal evidencia la urgencia de actualizar los procesos para alinearlos con la nueva estructura constitucional.
Estado social y democrático de derecho
A pesar de que la Constitución de 2010 definió un modelo más participativo, muchos ciudadanos desconocen el alcance de este cambio.
El Estado social y democrático de derecho exige que la ciudadanía participe activamente en los procesos de creación de normas.
La falta de instrumentos adecuados se traduce en decisiones tomadas sin el involucramiento social necesario.
Pendientes legislativos: referéndum e iniciativa popular
Entre los grandes pendientes está la aprobación de una ley de referéndum y del reglamento de iniciativa popular legislativa. Han pasado 15 años sin que estos mecanismos sean implementados.
Ambos son esenciales para una democracia moderna y podrían equilibrar el poder entre ciudadanía e instituciones.
Actualmente existen dos proyectos en discusión que podrían fusionarse para generar un instrumento viable.
Crimen organizado y financiamiento político
Riesgos para el sistema democrático
La incidencia del dinero ilícito en la política es una preocupación creciente. Casos recientes de narcotráfico, lavado y donaciones irregulares han afectado a partidos de distintas corrientes.
Finjus advierte que el modelo político dominicano se ha convertido en una democracia del dinero, donde hacer política requiere recursos que no siempre provienen de fuentes lícitas.
Esto abre la puerta a la infiltración de estructuras criminales y debilita la calidad de la representación pública.
Consecuencias penales y avances recientes
Aunque el problema es grave, Finjus observa un elemento positivo: los sistemas de consecuencias están funcionando. Condenas, extradiciones y procesos contra legisladores y funcionarios muestran un cambio significativo respecto a décadas anteriores.
Este avance se atribuye a la acción fortalecida del Ministerio Público y a la creación de unidades especializadas con capacidad técnica.
Para Finjus, perseguir estas conductas es esencial para depurar el sistema político.
Necesidad de fortalecer controles y supervisión
La organización insiste en que los partidos políticos deben convertirse en sujetos obligados para prevenir lavado de activos, lo que incrementaría el control sobre el origen de sus fondos.
El país necesita un marco más estricto de transparencia financiera y mecanismos que reduzcan la dependencia del dinero privado en campañas electorales.
Sin controles adecuados, la vulnerabilidad democrática seguirá creciendo.
La reforma al Código Procesal Penal
La reforma al Código Procesal Penal es más que una discusión técnica; es un punto de inflexión para el futuro de la justicia dominicana. El país debe asegurarse de que los cambios respondan a criterios constitucionales, a la evidencia y a las mejores prácticas internacionales.
Las advertencias planteadas por Finjus revelan la importancia de crear una legislación equilibrada, participativa y técnicamente sólida. Un CPP mal diseñado puede generar ineficiencia procesal, vulneración de derechos y conflictos institucionales mayores.
La invitación es clara: el Congreso debe actuar con responsabilidad, apertura y rigor técnico para garantizar un instrumento que fortalezca el sistema democrático. La sociedad tiene un rol clave en exigir transparencia y calidad en cada etapa del proceso.
Preguntas frecuentes
¿Qué establece la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el CPP?
La sentencia ordena corregir fallas de trámite legislativo del 2015 y otorga un plazo de un año para aprobar una versión corregida. Si no se cumple, el país volvería al código de 2012.
¿Cuáles son los cambios más cuestionados del nuevo Código Procesal Penal?
La ampliación de la prisión preventiva, la reducción de atribuciones de las cortes de apelación y contradicciones con jurisprudencia constitucional son algunos de los puntos críticos.
¿Por qué Finjus propone revisar o devolver la reforma al CPP?
Porque varias disposiciones son técnicamente inconsistentes, excluyeron a la comunidad jurídica y podrían generar largos litigios ante el Tribunal Constitucional.
¿Qué implicaciones tendría volver al código procesal anterior?
Habría dos sistemas procesales operando simultáneamente, lo que provocaría confusión, retrasos y problemas operativos en los tribunales.
