Ministerio Público solicita prisión preventiva por tráfico de migrantes en Santiago
Ministerio Público pide prisión preventiva por tráfico de migrantes y violación al código del menor en Santiago
Santiago, 30 de octubre (Noticia.do).-El Ministerio Público de República Dominicana solicitó prisión preventiva contra dos personas imputadas por tráfico de migrantes y violación al Código del Menor, en un caso que ha causado preocupación en la provincia Santiago.
Los fiscales señalan que ambos acusados incurrieron en la captación de menores de edad con fines de explotación sexual, una conducta que viola las Leyes 137-03 y 136-03, que protegen los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país.
El proceso judicial se desarrolla bajo la atención de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, donde se conocerá la solicitud de medida de coerción el próximo lunes 3 de noviembre de 2025.
👩⚖️ ¿Quiénes son los imputados y de qué se les acusa?
Los acusados fueron identificados como Alexander Ramón Peña Henríquez, de nacionalidad dominicana, y Luisa Stfrent, de nacionalidad haitiana.
De acuerdo con la investigación, ambos estarían involucrados en la captación de menores para ofrecer favores sexuales a cambio de dinero, en hechos ocurridos entre las provincias La Vega y Santiago.
Según el expediente, el 21 de octubre de 2025, alrededor de las 11:00 de la mañana, Peña Henríquez se comunicó con Stfrent para coordinar la búsqueda de menores con fines sexuales. Ambos se reunieron en un punto de la autopista Joaquín Balaguer, encuentro que fue grabado en video y difundido en redes sociales, lo que permitió a las autoridades iniciar la investigación.
Los imputados enfrentan cargos por tráfico ilícito de migrantes, trata de personas y violación a derechos fundamentales de menores, incluyendo el derecho a la imagen, la intimidad y la dignidad.
⚖️ Los delitos y leyes violadas según el Ministerio Público
🧾 Ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas
Esta ley castiga a toda persona que promueva, financie o facilite el ingreso o salida ilegal de personas con fines de explotación, gratificación o lucro.
Los artículos 1, 3 y 5 de la Ley 137-03 establecen sanciones severas, que pueden alcanzar penas de 15 a 20 años de prisión, especialmente cuando las víctimas son menores de edad o el hecho se comete con engaño o violencia.
👶 Ley 136-03 o código del menor
Por su parte, la Ley 136-03 protege los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, incluyendo su integridad física, moral, psíquica y sexual.
El artículo 14, junto con los principios V, VI y VII, prohíben cualquier forma de explotación, maltrato o uso indebido de la imagen de un menor.
La imputación a Peña Henríquez y Stfrent incluye la violación a estos artículos, al captar y ofrecer menores para actividades sexuales ilícitas.
⚖️ Diferencia entre trata de personas y tráfico de migrantes
Aunque a menudo se confunden, ambos delitos tienen diferencias jurídicas claras.
-
Tráfico de migrantes: implica facilitar el traslado ilegal de personas entre fronteras, generalmente con consentimiento, pero por beneficio económico.
-
Trata de personas: involucra captación, transporte o retención de personas (incluso dentro del país) con fines de explotación sexual o laboral, sin necesidad de traslado internacional.
En este caso, el Ministerio Público indica que existen elementos de ambas figuras, lo que agrava la responsabilidad penal de los imputados.
🏛️ El rol del Ministerio Público y los organismos involucrados
La solicitud de medida de coerción fue presentada por Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, y Quirsa Abreu, fiscal titular de Santiago.
Ambas funcionarias coordinaron las acciones judiciales para garantizar la protección de las víctimas y preservar las pruebas digitales del caso.
El tribunal también autorizó la participación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) de la Policía Nacional, con el fin de extraer y analizar la información contenida en un teléfono móvil ocupado durante la investigación.
Estos organismos realizarán un informe técnico pericial que será incorporado como evidencia en el proceso judicial.
⚖️ Detalles del proceso judicial y audiencia aplazada
El caso está bajo la jurisdicción de la jueza Iris Borgen, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago.
Durante la primera audiencia, celebrada esta semana, la defensa de los imputados solicitó más tiempo para preparar sus presupuestos, lo que llevó a la jueza a aplazar la audiencia para el lunes 3 de noviembre de 2025.
Ese día, el tribunal decidirá si impone prisión preventiva, arresto domiciliario o presentación periódica, aunque el Ministerio Público insiste en que la gravedad del caso y el riesgo de fuga justifican la prisión preventiva inmediata.
🌍 Contexto: tráfico de migrantes en República Dominicana
El tráfico de migrantes y la trata de personas son delitos que han crecido en la región del Caribe en los últimos años.
En República Dominicana, las provincias del Cibao, como Santiago y La Vega, han sido señaladas como zonas de tránsito y captación, especialmente de personas de nacionalidad haitiana en situación vulnerable.
📊 Cifras recientes
De acuerdo con reportes del Ministerio de Interior y Policía, entre 2023 y 2025 se han registrado más de 200 casos de tráfico de migrantes, de los cuales un 30 % incluye indicios de explotación sexual o laboral.
El Ministerio Público ha incrementado las acciones de persecución y sensibilización a través de la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.
🧍♀️ Casos similares y operativos recientes
Durante 2024, se desmantelaron varias redes dedicadas a captar mujeres y menores en Santiago, Dajabón y Montecristi.
Las autoridades dominicanas han reforzado la cooperación con INTERPOL y organismos internacionales para combatir estas prácticas.
🏢 Políticas de prevención y protección
El Estado dominicano impulsa campañas educativas y de prevención, además de fortalecer la atención a las víctimas mediante el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y el Ministerio de la Mujer.
Estos programas buscan garantizar la reintegración social de los menores rescatados y sancionar a los responsables.
⚖️ Consecuencias legales y sociales de estos delitos
El tráfico de migrantes y la trata de menores son considerados delitos graves contra la dignidad humana.
Además de las sanciones penales, los acusados pueden enfrentar:
-
Pérdida de derechos civiles.
-
Indemnización a las víctimas.
-
Inhabilitación para ejercer funciones públicas o comerciales.
Desde el punto de vista social, estos casos afectan profundamente la seguridad de las comunidades y la confianza en las instituciones.
El Ministerio Público reiteró que mantiene una política de tolerancia cero frente a la explotación infantil.
🧩 Firmeza judicial ante delitos contra menores
El caso de Alexander Peña Henríquez y Luisa Stfrent pone nuevamente en evidencia los riesgos del tráfico de migrantes en República Dominicana y la necesidad de proteger a la niñez frente a la explotación sexual.
La actuación del Ministerio Público refleja una postura firme del Estado en defensa de los derechos humanos y en aplicación de las leyes 137-03 y 136-03.
El próximo lunes, el país estará atento a la decisión del tribunal, que podría marcar un precedente importante en la lucha contra la trata y la explotación de menores.
❓ Preguntas frecuentes (FAQ )
1. ¿Qué pena establece la Ley 137-03 por tráfico de migrantes en República Dominicana?
La Ley 137-03 impone penas de hasta 20 años de prisión y multas elevadas a quienes participen en el tráfico o trata de personas, especialmente si las víctimas son menores de edad.
2. ¿Qué implica la prisión preventiva en casos de trata o explotación?
Es una medida de coerción que busca garantizar la presencia del imputado durante el proceso, evitando la fuga o la obstrucción de las pruebas. Se aplica cuando el delito es grave y hay riesgo procesal.
3. ¿Qué hace el Ministerio Público cuando hay menores involucrados?
El Ministerio Público activa un protocolo de protección, que incluye intervención de psicólogos, notificación al CONANI y preservación de la identidad de las víctimas.
