Muerte de bebé bajo custodia del Conani: investigación
Muerte de bebé bajo custodia del Conani
Resumen del caso
Santiago.-Entre el dolor y la indignación, la familia de Jazlin Isabella Graciano de la Cruz, una bebé de apenas cuatro meses, exige una investigación exhaustiva sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento mientras estaba bajo el cuidado del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani). La menor murió el 16 de octubre en un albergue del sistema de protección infantil, presuntamente tras complicaciones al ingerir leche.
El padre de la menor, Juan Graciano, junto a la abuela paterna, Miriam Cruz, aseguraron que habían solicitado la custodia de la bebé por considerar que su madre no ofrecía un entorno seguro debido a presuntos problemas de adicción. La familia insiste en que Jazlin tenía hogar y afecto familiar, y que su ingreso a un albergue pudo evitarse.
El caso ha generado alarma pública y cuestionamientos sobre los protocolos de protección infantil en la República Dominicana, así como la necesidad de una mayor transparencia en las investigaciones relacionadas con menores bajo tutela estatal.
Contexto y relevancia pública
La muerte de un menor bajo custodia del Estado plantea serios cuestionamientos éticos e institucionales. En el país, el Conani funge como órgano rector del Sistema Nacional de Protección y tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Este caso ha puesto bajo escrutinio la efectividad de esos mecanismos y la calidad del seguimiento a los menores internados en albergues.
El padre de Jazlin pidió la intervención de la procuradora Yeni Berenice Reynoso para garantizar una investigación independiente, mientras que organizaciones sociales han demandado una auditoría a los hogares de acogida vinculados al sistema estatal.
La historia de Jazlin refleja un problema estructural: la falta de evaluación oportuna y el limitado monitoreo a las instituciones que operan bajo convenio con el Estado. La sociedad dominicana exige que este caso no quede impune y que se revisen las políticas públicas sobre cuidado infantil.
Cronología de los hechos
Traslado y medidas de protección
De acuerdo con la información oficial, la niña fue trasladada el 7 de octubre a la Fundación Red de Misericordia, una asociación sin fines de lucro (ASFL) adscrita al Conani. El traslado fue autorizado por la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago tras determinar que el entorno familiar de la bebé representaba un riesgo constante para su bienestar.
El comunicado del Conani indicó que la medida se adoptó conforme a los protocolos de protección establecidos en la Ley 136-03, que faculta al Estado a intervenir en casos de vulnerabilidad infantil. Sin embargo, la familia paterna sostiene que no fueron debidamente consultados y que el proceso ignoró la posibilidad de entregar la custodia a parientes responsables.
La ausencia de claridad en estos procedimientos reabre el debate sobre cómo se decide quién tiene la custodia de un menor cuando existen familiares dispuestos y capacitados para asumirla.
Eventos del 16 de octubre
La mañana del jueves 16, personal del albergue encontró a la bebé inconsciente en su cuna. De inmediato llamaron al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, pero al llegar, el equipo médico confirmó que la niña había fallecido. Los reportes preliminares señalan que la bebé habría presentado dificultades respiratorias tras ingerir leche, aunque la autopsia forense será la que determine la causa exacta de muerte.
Este tipo de incidentes exige una documentación precisa sobre la rutina diaria de alimentación, las dosis suministradas y la capacitación del personal en primeros auxilios pediátricos. Hasta el momento, no se han divulgado los informes internos de la fundación.
Acciones posteriores y denuncias
Una semana después del fallecimiento, los familiares denunciaron que no habían recibido los resultados de la autopsia. También solicitaron a las autoridades que revisen el funcionamiento de los albergues bajo tutela estatal y que se determinen responsabilidades si hubo negligencia o omisiones.
Mientras tanto, el Conani aseguró en un comunicado que sus actuaciones del día “correspondieron a los protocolos y rutinas habituales”, aunque el caso continúa bajo investigación del Ministerio Público.
Los parientes, por su parte, han reiterado que llegarán hasta las últimas consecuencias legales para obtener justicia por la muerte de la pequeña Jazlin.
Respuesta institucional del Conani
Declaraciones oficiales
El Conani informó que el caso sigue en investigación y que han colaborado con el Ministerio Público en todo el proceso. Según su versión, el personal del centro actuó conforme a las normas establecidas al momento del suceso, notificando de inmediato a las autoridades de emergencia.
La institución también señaló que la Fundación Red de Misericordia cuenta con una “gestión de alta calidad” en atención residencial y que ha sido supervisada tres veces durante 2025, conforme a los protocolos internos. Sin embargo, este tipo de declaraciones no bastan para disipar la preocupación social, que exige transparencia total en los resultados.
El organismo rector reiteró que la prioridad es esclarecer los hechos y garantizar que los menores bajo tutela estatal reciban atención segura y adecuada.
Sobre la Fundación Red de Misericordia
La Fundación Red de Misericordia acoge actualmente a más de 180 niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. Desde su creación ha atendido más de 1,500 casos, incluyendo adolescentes embarazadas y situaciones de emergencia.
El Conani indicó que este centro opera bajo supervisión técnica y recibe subvención estatal. No obstante, la tragedia de Jazlin ha llevado a cuestionar si la supervisión realmente garantiza la calidad del cuidado y si los protocolos internos son suficientes para prevenir muertes en circunstancias similares.
La sociedad civil y especialistas en protección infantil piden revisar la frecuencia de las inspecciones, la formación del personal y la capacidad de respuesta ante emergencias médicas.
Investigación del Ministerio Público
Autopsia y cadena de custodia
El Ministerio Público confirmó que se está realizando una autopsia médico-legal para determinar la causa exacta del deceso. El procedimiento incluye exámenes toxicológicos y análisis histopatológicos que permitirán saber si hubo asfixia, broncoaspiración o reacciones adversas a algún alimento.
La cadena de custodia es un elemento esencial para garantizar la validez del proceso. Toda muestra tomada del cuerpo debe ser conservada, transportada y analizada siguiendo estándares forenses internacionales.
La familia espera que los resultados sean entregados en el menor tiempo posible y que se publiquen con transparencia para evitar sospechas de encubrimiento.
Posibles líneas de investigación
- Revisión del protocolo de alimentación aplicado a la bebé.
- Evaluación de la respuesta del personal ante la emergencia.
- Análisis de la capacitación en RCP pediátrico y primeros auxilios.
- Verificación de los registros clínicos y bitácoras del día del hecho.
- Auditoría del proceso de traslado y custodia desde su entorno familiar.
Marco legal: Ley 136-03 y tutela estatal
La Ley 136-03 establece que el Estado debe adoptar medidas especiales cuando un niño o niña se encuentra en situación de riesgo. Entre estas medidas figura el traslado a centros de acogida o la colocación en un hogar sustituto, siempre priorizando el interés superior del menor.
En este caso, la controversia gira en torno a si se agotaron todas las opciones familiares antes de decidir el ingreso a un albergue. La ley también impone la obligación de realizar seguimiento y revisiones periódicas sobre el bienestar del menor, un aspecto que será clave para determinar si hubo omisiones institucionales.
Las autoridades deben rendir cuentas sobre cómo se ejecutaron esas medidas y si el procedimiento cumplió los estándares legales y éticos establecidos.
Condiciones en los albergues y supervisión
Protocolos de salud y alimentación
Los centros de acogida que atienden a lactantes deben contar con protocolos de salud rigurosos. Esto incluye controles sobre el tipo de leche, la higiene de los biberones, la temperatura de los alimentos y la postura del bebé durante y después de la alimentación.
Los especialistas recomiendan que los cuidadores estén entrenados para reconocer signos de broncoaspiración y saber aplicar técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) pediátrica. Cada incidente debe documentarse en un registro cronológico que sirva de base para auditorías posteriores.
Una falla mínima en cualquiera de estos aspectos puede tener consecuencias fatales. Por eso, los expertos insisten en la necesidad de formación constante y evaluación periódica del personal.
Supervisión institucional
El Conani realiza inspecciones a los hogares afiliados, pero la frecuencia y profundidad de esas visitas ha sido cuestionada. Organizaciones defensoras de derechos de la niñez proponen implementar auditorías independientes que verifiquen las condiciones de infraestructura, la atención médica y la cantidad de cuidadores por menor.
Asimismo, sugieren la creación de un registro público de incidentes ocurridos en los centros de acogida, como parte de una política de transparencia y mejora continua.
El caso de Jazlin representa una oportunidad para reformar el sistema y evitar que otros niños mueran bajo custodia estatal sin explicaciones claras.
Conclusión: justicia y rendición de cuentas
La muerte de una bebé bajo custodia del Conani ha sacudido a la sociedad dominicana y evidenciado la necesidad de una revisión profunda del sistema de protección infantil. La familia de Jazlin Isabella exige verdad y justicia, mientras el Estado enfrenta el reto de demostrar que sus protocolos funcionan y que la niñez bajo su cuidado está verdaderamente protegida.
El caso debe servir como punto de inflexión para garantizar que cada niño bajo tutela estatal reciba una atención digna, segura y supervisada. La transparencia, la comunicación oportuna y las auditorías periódicas son pilares indispensables para recuperar la confianza pública.
Llamado a la acción: la sociedad civil, las autoridades y los medios deben unirse en la defensa del interés superior del niño, exigiendo respuestas claras y reformas efectivas que aseguren que una tragedia como esta no vuelva a repetirse.
Preguntas frecuentes
¿Qué se sabe oficialmente del caso?
El Conani confirmó que la bebé falleció el 16 de octubre en un albergue del sistema de protección. Se notificó al 9-1-1 y el Ministerio Público mantiene la investigación abierta para determinar las causas del deceso.
¿Qué establece la Ley 136-03 sobre medidas de protección?
La ley autoriza al Estado a adoptar medidas especiales cuando un niño o niña está en situación de riesgo. Estas medidas incluyen el traslado a un centro de acogida o la entrega a familiares responsables, siempre bajo supervisión y priorizando el interés superior del menor.
¿Cómo se supervisan los albergues adscritos al Conani?
El Conani realiza visitas de supervisión técnica y exige que los centros mantengan protocolos escritos de atención. Sin embargo, el caso ha impulsado llamados a fortalecer las auditorías externas y la rendición pública de resultados.
¿Qué puede hacer la familia para exigir justicia?
La familia puede presentar querellas formales ante la Fiscalía, solicitar los resultados forenses, pedir auditorías del proceso y exigir acompañamiento de organismos de derechos humanos para garantizar transparencia e imparcialidad.
