Pro Consumidor vs. estafas inmobiliarias: Todo lo que debes saber

Administrator febrero 18, 2025 15 min de lectura

Red de fraudes inmobiliarios en RD: Empresas, víctimas y justicia

La seguridad en las transacciones inmobiliarias es un tema que genera gran interés y preocupación en la actualidad. Cada vez más personas buscan invertir en bienes raíces, ya sea para asegurar su futuro o para encontrar un lugar ideal donde vivir.

Sin embargo, junto con las oportunidades legítimas, también surgen esquemas fraudulentos que ponen en riesgo los ahorros de quienes desean adquirir una propiedad.

En República Dominicana, este problema tomó mayor notoriedad con la llamada operación Guepardo, una investigación que desenmascaró una compleja red de estafas inmobiliarias.

En este contexto, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) ha asumido un rol protagónico al remitir expedientes a la Procuraduría General de la República (PGR), reforzando así la lucha legal contra quienes cometen fraudes en la compra y venta de propiedades.

A continuación, descubrirás cómo se ha desarrollado este proceso, cuáles son las implicaciones de la Operación Guepardo y cómo protegerte de estafas similares. Prepárate para conocer en detalle las medidas tomadas, el rol de las autoridades y, sobre todo, las estrategias que puedes adoptar para evitar convertirte en una víctima más de estos delitos.

Contexto de la estafa inmobiliaria

Las estafas inmobiliarias no son un fenómeno nuevo, pero en los últimos años han evolucionado gracias al auge de las redes sociales y plataformas digitales. Mediante anuncios atractivos, fotos llamativas y condiciones aparentemente favorables, empresas fraudulentas captan la atención de potenciales compradores, quienes confían en la información presentada sin conocer el trasfondo legal o la veracidad del proyecto.

En República Dominicana, el sector inmobiliario se ha convertido en una de las principales fuentes de inversión, tanto para residentes como para ciudadanos en el extranjero que buscan una segunda vivienda o un lugar de retiro. Sin embargo, precisamente esta alta demanda ha abierto espacio para que surjan grupos organizados dedicados al fraude y la estafa, aprovechando la falta de información de muchos inversores. El caso conocido como Operación Guepardo ejemplifica la magnitud de este tipo de delitos y la necesidad de contar con instituciones fuertes que protejan los derechos del consumidor.

Operación Guepardo y la implicación de Pro Consumidor

La Operación Guepardo es el nombre con el que el Ministerio Público y otras autoridades de la República Dominicana han identificado un operativo destinado a desmantelar una compleja red de estafas inmobiliarias. Bajo el argumento de vender proyectos residenciales que jamás se materializarían, las compañías involucradas recibían pagos considerables de ciudadanos tanto locales como de Estados Unidos, Puerto Rico y países de Europa.

Para asegurar la correcta persecución penal y el resarcimiento de los afectados, Pro Consumidor ha tenido un rol fundamental. Su función principal es salvaguardar los derechos de los consumidores, por lo que, al recibir múltiples denuncias y reclamaciones, la entidad procedió a recopilar y organizar evidencias para actuar en conjunto con la Procuraduría General de la República.

Casos remitidos a la Procuraduría

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, informó que se han remitido cerca de 50 expedientes a la PGR. Estos expedientes incluyen testimonios, documentos de transacciones y todo tipo de pruebas que evidencian la supuesta estafa. Posteriormente, fueron destinados a la Fiscalía de La Romana, entidad que coordina la investigación penal.

La decisión de Pro Consumidor de canalizar los expedientes a la PGR no solo responde a la magnitud del fraude, sino también a la existencia de una instancia jurisdiccional en curso. En estos casos, la justicia penal es clave para lograr sanciones ejemplares y el eventual resarcimiento a las víctimas.

Empresas involucradas

Según el expediente preliminar del órgano persecutor, al menos cuatro empresas están vinculadas directamente en esta red de estafas inmobiliarias:

1. Novasco Real Estate
2. RR Marketing Group
3. Rodeca Marketing Group
4. RE/MAX One

Estas compañías promocionaban proyectos inmobiliarios a través de redes sociales, ofreciendo condiciones aparentemente muy favorables y garantizando la disponibilidad de apartamentos en zonas de alto interés turístico o residencial. Atraían inversores de diversos países, generando una sensación de oportunidad única que derivó en transferencias millonarias hacia cuentas controladas por la supuesta red criminal.

La metodología empleada consistía, por lo general, en mostrar renders atractivos de proyectos, ofrecer precios competitivos y prometer retornos de inversión rápidos. Lamentablemente, muchas víctimas realizaron pagos iniciales o incluso completaron la totalidad de los montos sin recibir contraprestación real.

¿Por qué se considera una estafa inmobiliaria?

El fraude inmobiliario ocurre cuando una persona o entidad obtiene beneficio económico de manera engañosa a costa de otra, prometiendo bienes inmuebles que no existen, no están en condiciones legales para ser vendidos o cuya descripción dista de la realidad. En el caso de la Operación Guepardo, los afectados depositaron su confianza y ahorros en la adquisición de propiedades que, en muchos casos, ni siquiera contaban con permisos de construcción o certificaciones válidas.

Afectación a consumidores nacionales e internacionales

Lo que hace particularmente grave este caso es la amplitud de las víctimas. No solo dominicanos resultaron estafados, sino también ciudadanos de Estados Unidos, Puerto Rico y distintos países de Europa. Esta extensión internacional refleja la destreza con la que operaba la red, utilizando redes sociales y diversas plataformas para llegar a compradores potenciales en cualquier lugar del mundo.

Además, muchas de estas personas no tenían la facilidad de viajar constantemente al país para supervisar los proyectos, lo que facilitaba que los estafadores mantuvieran la farsa por más tiempo. Al encontrar testimonios similares de víctimas que experimentaron el mismo modus operandi, fue más sencillo para Pro Consumidor recopilar información y evidencias para el proceso penal.

Mecanismos de captación y engaño

Las empresas involucradas en la red utilizaban estrategias publicitarias bien diseñadas:

• Publicidad en Redes Sociales: Anuncios en Facebook, Instagram y otras plataformas con fotos editadas de proyectos supuestamente exclusivos.
• Promesas de Rentabilidad: Afirmaban que la inversión generaría importantes ganancias en corto plazo o que el valor del inmueble aumentaría rápidamente.
• Testimonios Falsos: Mostraban historias de supuestos compradores satisfechos que daban “fe” de la legalidad y rentabilidad del proyecto.
• Atención Personalizada: Un equipo de “asesores” se encargaba de guiar al cliente con información parcial para facilitar las transferencias o pagos.

El objetivo principal de estos mecanismos era convencer a los interesados de que todo estaba en regla y que la oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar.

El rol de Pro Consumidor: Protección y justicia

Pro Consumidor, como máximo organismo de defensa del consumidor en República Dominicana, ha jugado un papel esencial. Al recibir denuncias recurrentes, se activaron protocolos de investigación interna para determinar la legitimidad de las reclamaciones y orientar a las víctimas.

Asesoría y denuncias

Uno de los primeros pasos que tomó Pro Consumidor fue habilitar canales de comunicación claros para que las personas pudieran presentar sus casos. A través de su portal web, líneas telefónicas y oficinas físicas, las víctimas encontraban asesoría acerca de cómo documentar el fraude y cuáles eran los procedimientos legales a seguir.

La entidad, tras validar la veracidad de cada denuncia, inició la creación de expedientes con todas las pruebas pertinentes (contratos, recibos de pago, comunicaciones por correo electrónico, copias de anuncios en redes sociales, etc.). Dicha información resultó determinante para formalizar las acusaciones penales ante la PGR.

Colaboración con la PGR

El siguiente paso fue remitir los expedientes a la Procuraduría General de la República para su análisis jurídico. De esta forma, se aseguró que los casos se canalizaran correctamente a la Fiscalía de La Romana, región donde se encontraban ubicadas muchas de las propiedades en litigio y la sede principal de las investigaciones.

Al entregar estos cerca de 50 expedientes, Pro Consumidor buscó cerrar el círculo de la justicia penal. En la mayoría de los casos, la entidad puede aplicar sanciones administrativas y mediaciones; sin embargo, ante la magnitud y carácter delictivo de la Operación Guepardo, la vía penal se convirtió en el mecanismo idóneo para perseguir a los responsables.

Pasos legales y medida de coerción

Una vez la Procuraduría General de la República recibió la documentación, inició el proceso de investigación formal. Los indicios de asociación de malhechores, estafa y lavado de activos motivaron un operativo más amplio que incluyó allanamientos, recolección de evidencias adicionales y detenciones.

Proceso penal y calificación del delito

El Ministerio Público ha imputado a los implicados cargos por:

• Asociación de malhechores: Trabajar de forma organizada para cometer un delito.
• Estafa: Engañar a los compradores con proyectos inexistentes o legalmente inválidos.
• Violación a la ley de alta tecnología: Utilizar Internet y redes sociales para difundir información falsa y captar víctimas.
• Lavado de activos: Ocultar o legitimar fondos provenientes de las estafas inmobiliarias.

Dada la gravedad de los cargos y la cantidad de víctimas involucradas, el Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción para los acusados.

Declaratoria de caso complejo

Además de la solicitud de prisión preventiva, las autoridades también buscan que el caso se declare complejo. Esta figura legal permite ampliar los plazos de investigación y las posibilidades de acusación. Cuando se trata de delitos con múltiples afectados, uso de tecnología para delinquir y movimientos financieros internacionales, la declaratoria de complejidad resulta fundamental para profundizar en las pesquisas y asegurar que no queden cabos sueltos.

Declarar el caso como complejo evita que el proceso penal quede limitado por plazos cortos e insuficientes, otorgando a fiscales e investigadores más tiempo para analizar cuentas bancarias, rastrear movimientos de dinero y recabar declaraciones de testigos, tanto dentro como fuera del país.

Cómo evitar estafas inmobiliarias

Las estafas inmobiliarias pueden afectar a cualquiera que desee adquirir una propiedad. Sin embargo, tomando precauciones básicas, es posible minimizar los riesgos. Estas recomendaciones son relevantes tanto para quienes planean comprar un inmueble en República Dominicana como en cualquier otra parte del mundo.

Revisar la reputación de la empresa

Antes de realizar cualquier pago o firmar un contrato, investiga a la empresa o al agente inmobiliario:

1. Opiniones y reseñas en línea: Verifica foros, redes sociales y directorios de negocios.
2. Historial de proyectos concluidos: Una compañía seria tendrá un portafolio con propiedades finalizadas y clientes satisfechos.
3. Registro formal de la empresa: Comprueba si está debidamente registrada y al día con sus obligaciones fiscales.

Verificar documentación

Exige copias de los títulos de propiedad, permisos de construcción y certificaciones de uso de suelo. Si la compañía se resiste a entregar estos documentos o pone excusas constantes, es una señal de alerta. Asimismo, es aconsejable solicitar antecedentes registrales del inmueble en las instituciones competentes para verificar que no existan limitaciones o gravámenes ocultos.

Consultar con profesionales

Un abogado especializado en derecho inmobiliario puede marcar la diferencia. La revisión de contratos y la asesoría legal previa te ayudarán a identificar cláusulas abusivas o inconsistencias. También es útil contar con un tasador o arquitecto que evalúe la condición del inmueble y confirme que las características ofrecidas concuerden con la realidad.

“Pro Consumidor impulsa confianza en el mercado inmobiliario”

La Operación Guepardo pone en evidencia la importancia de contar con instituciones como Pro Consumidor, que salvaguardan los intereses de los ciudadanos ante fraudes y abusos en el sector inmobiliario. Gracias a su intervención y colaboración con la Procuraduría General de la República, se han logrado compilar expedientes sólidos para procesar a quienes orquestaron esta millonaria estafa.

Con una estrategia legal firme y la declaratoria de caso complejo, las víctimas tienen mayores probabilidades de obtener justicia y resarcimiento. Además, este proceso sirve de advertencia para futuros inversores: antes de confiar en promesas inmobiliarias, es fundamental investigar la reputación de la empresa, revisar la documentación y consultar con expertos. Así, se contribuye a un mercado más transparente y seguro, donde los compradores puedan invertir con confianza y sin temor a ser víctimas de fraudes.

FAQ: Preguntas frecuentes

1. ¿Qué es la Operación Guepardo?
La Operación Guepardo es un operativo legal llevado a cabo por el Ministerio Público de la República Dominicana para desmantelar una red de estafas inmobiliarias. A través de la venta fraudulenta de proyectos inexistentes, varias empresas captaron fondos de numerosos compradores nacionales e internacionales.

2. ¿Cuál fue el papel de Pro Consumidor en este caso?
Pro Consumidor recibió denuncias de las víctimas y procedió a compilar evidencias para formar expedientes. Estos expedientes se remitieron a la Procuraduría General de la República para apoyar la investigación penal y la persecución de los implicados.

3. ¿Cuántos expedientes se enviaron a la PGR?
Según las declaraciones del director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, se remitieron cerca de 50 expedientes, en los cuales se recopilaron denuncias y pruebas concretas que respaldan las acusaciones de estafa.

4. ¿Cuáles son las empresas involucradas en la supuesta estafa?
Entre las empresas mencionadas en la investigación figuran Novasco Real Estate, RR Marketing Group, Rodeca Marketing Group y RE/MAX One. Estas compañías promocionaban inmuebles y proyectos residenciales a través de redes sociales, recibiendo pagos de compradores de distintos países.

5. ¿Por qué se solicitó declarar el caso como complejo?
El Ministerio Público pide que se declare el caso como complejo debido a la cantidad de víctimas, la naturaleza organizada del delito y la necesidad de realizar investigaciones más profundas, que incluyen rastreo de transacciones internacionales y análisis de tecnología usada para cometer el fraude.

6. ¿Qué medidas preventivas puedo tomar para no caer en una estafa inmobiliaria?
Algunas recomendaciones clave incluyen: investigar a fondo la reputación de la empresa vendedora, revisar la documentación de la propiedad (títulos, permisos de construcción, etc.) y buscar asesoría legal de abogados expertos en derecho inmobiliario. También es aconsejable desconfiar de ofertas demasiado buenas para ser ciertas y, de ser posible, visitar el lugar antes de pagar.

7. ¿Cómo denunciar si sospecho de una estafa?
Si sospechas que eres víctima de un fraude, recopila todos los documentos relacionados (contratos, comprobantes de pago, correos electrónicos) y acude a Pro Consumidor para presentar tu denuncia formal. Asimismo, puedes dirigirte al Ministerio Público o a la Fiscalía competente en tu región para proceder con las acciones legales pertinentes.

8. ¿Puedo recuperar mi dinero si ya lo he pagado a una empresa sospechosa?
No existe garantía absoluta de recuperación del dinero, pues cada caso depende de la etapa legal en que se encuentre el proceso y de la disponibilidad de bienes del imputado para resarcir a las víctimas. Sin embargo, iniciar las denuncias y cooperar con las autoridades aumenta las posibilidades de obtener indemnización o acuerdos favorables.

9. ¿Es seguro invertir en el mercado inmobiliario de República Dominicana?
Sí, siempre que se tomen las precauciones necesarias. El país cuenta con marcos legales e instituciones que velan por la seguridad en las transacciones, pero es indispensable informarse adecuadamente, asesorarse y verificar la legitimidad de los proyectos antes de realizar cualquier inversión.

10. ¿Este caso afecta la imagen de otras empresas inmobiliarias?
Las acciones de un grupo fraudulento no representan a todo el sector. Existen compañías inmobiliarias serias y confiables. El caso de la Operación Guepardo puede, sin embargo, generar mayor cautela en los inversores, lo que a largo plazo promueve la transparencia y la profesionalización del mercado inmobiliario.

Con estos datos, se busca que potenciales compradores y el público en general estén al tanto de las acciones emprendidas por Pro Consumidor y el Ministerio Público, así como las medidas para resguardar sus intereses. La información proporcionada no solo refleja la magnitud de la Operación Guepardo, sino también la trascendencia de mantener una cultura de verificación y prudencia al momento de invertir en bienes raíces.

De este modo, se promueve un mercado inmobiliario más confiable y se fomenta la confianza de los consumidores en las instituciones encargadas de proteger sus derechos.