Dan 12 meses de prisión preventiva en muerte de oficial FARD

Administrator diciembre 27, 2024 9 min de lectura

Santo Domingo.-Un juez dictó 12 meses de prisión preventiva contra el capitán de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), Fraulin Gabriel Pérez Camacho, y el civil Stiven Herrera (alias Wilito), tras ser acusados del asesinato del segundo teniente de la FARD, Bienvenido Reyes Chalas.

La medida, dictada por el juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo Este, fue solicitada con base en pruebas que señalan a los imputados como responsables del homicidio ocurrido la madrugada del lunes 16 de diciembre en el sector de Hainamosa.

Según informó el fiscal Florentino Sánchez Zabala, adscrito al Departamento de Litigación Inicial de la Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte, las evidencias recopiladas indican que los imputados, junto a otros individuos aún prófugos, habrían planificado la agresión que terminó con la vida de Reyes Chalas.

El oficial de la FARD fue atacado a tiros mientras jugaba dominó con amigos en la calle 3ra. del sector de Hainamosa.

Los hechos sucedieron de manera rápida y letal: de acuerdo con el expediente, al lugar llegaron en una motocicleta Stiven Herrera (a) Wilito, Tommy Antonio Ortiz y otro individuo identificado únicamente como “El Gordo”.

Sin mediar palabra, Ortiz se lanzó del vehículo y disparó varias veces contra el oficial. Aunque la víctima intentó reaccionar para defenderse, no pudo sacar su arma de reglamento a tiempo. Como consecuencia, sufrió una herida mortal en el hemitórax derecho.

Además de quitarle la vida, los agresores despojaron a Reyes Chalas de su pistola y de una cadena de oro que llevaba puesta. Tras el crimen, huyeron de la escena en el mismo medio de transporte. Momentos después, las cámaras de seguridad del área captaron un vehículo marca Toyota, modelo Land Cruiser, color blanco, placa G240236, y la motocicleta utilizada en la ofensiva, lo que permitió a las autoridades dar seguimiento a los involucrados.

1. Participación de un capitán de la FARD
Uno de los detalles más relevantes de este caso es la presunta implicación de un capitán de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Fraulin Gabriel Pérez Camacho. Para la Fiscalía, el rango militar del imputado constituye un agravante, dada la traición a los valores que se espera de un miembro de las fuerzas armadas. Su participación, según el expediente, habría sido clave para la coordinación y ejecución del plan criminal, ya que se le imputa asociación con los otros sospechosos y se le atribuye complicidad en el homicidio y en el despojo del arma de reglamento de la víctima.

2. El contexto delictivo en la zona
El sector de Hainamosa, en Santo Domingo Este, ha enfrentado en los últimos años diversos problemas de delincuencia y violencia callejera. Los asaltos a mano armada y los robos de motocicletas se han convertido en preocupaciones recurrentes para los residentes. Este incidente, que involucró el homicidio de un oficial militar, refleja la necesidad de reforzar la seguridad y la prevención del delito en el área, así como de mejorar la vigilancia policial y el trabajo de inteligencia para desarticular bandas criminales.

3. Rol de las cámaras de seguridad
La evidencia captada por dispositivos de videovigilancia ha resultado fundamental para las investigaciones del Ministerio Público. De acuerdo con los fiscales, las imágenes muestran a los agresores llegando y saliendo del lugar, permitiendo identificar tanto la motocicleta como el vehículo Toyota Land Cruiser, relacionados con la escena del crimen. Este tipo de pruebas ha reforzado la acusación y ha consolidado la solicitud de prisión preventiva, al demostrar indicios claros de la participación de los acusados.

4. Medidas de coerción y su importancia
La medida de coerción de 12 meses de prisión preventiva dictada contra Pérez Camacho y Herrera busca garantizar que los imputados no eludan la acción de la justicia. Al tratarse de un caso de homicidio agravado (con el posible concurso de robo y asociación de malhechores), el riesgo de fuga se considera alto. Además, la gravedad de la pena potencial, la existencia de pruebas contundentes y la repercusión social del crimen han inclinado al juez a imponer la medida más severa dentro del abanico de opciones de coerción.

Este tipo de disposición también es un mensaje contra la impunidad, dejando claro que toda persona que atente contra la vida de un ciudadano, y en particular de un oficial de las fuerzas armadas en ejercicio de sus funciones, enfrentará las consecuencias legales correspondientes.

Profundización en la acusación

El Ministerio Público ha calificado provisionalmente los hechos bajo los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 383 y 386 del Código Penal Dominicano, que abarcan desde la asociación de malhechores hasta el homicidio y robo agravado. Asimismo, se han invocado los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas y Materiales Relacionados. De confirmarse estas imputaciones en el juicio de fondo, los acusados podrían enfrentar penas muy severas, incluyendo largos períodos de reclusión.

• Asociación de malhechores (artículos 265 y 266): se refiere a la conspiración entre dos o más personas para cometer delitos.
• Homicidio y sus modalidades (artículos 295 y 304): sancionan la privación de la vida de otra persona, contemplando agravantes según la premeditación o la relación entre los involucrados.
• Robo y violencia (artículos 379, 383 y 386): aplican tanto al despojo de bienes como el uso de la fuerza o violencia en la comisión del delito.
• Ley 631-16 (artículos 66 y 67): regula el uso y posesión de armas de fuego. En este caso, la portación ilegal y el uso indebido de armas forman parte de la acusación, así como el robo del arma de reglamento de la víctima.

Declaraciones del Ministerio Público

El fiscal Florentino Sánchez Zabala ha enfatizado que la Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte cuenta con suficientes evidencias para sustentar la hipótesis de responsabilidad penal contra los acusados. Estas evidencias incluyen no solo los videos de seguridad y el testimonio de testigos, sino también pruebas balísticas, declaraciones de personas que presenciaron los hechos y otros elementos forenses.

Asimismo, el representante del Ministerio Público subrayó que habrá una persecución activa contra los prófugos, en particular contra Tommy Antonio Ortiz y el individuo apodado “El Gordo”, quienes habrían accionado el arma en la escena. La Fiscalía está coordinando con otras instituciones, incluidas fuerzas de seguridad y la Policía Nacional, para localizarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

Reacciones de la comunidad y familiares

La muerte del segundo teniente Bienvenido Reyes Chalas ha generado consternación entre familiares, amigos y compañeros de la FARD. Compañeros de labores describieron al oficial fallecido como una persona comprometida, servicial y enfocada en el cumplimiento de sus responsabilidades militares. Su familia ha exigido que se aplique todo el peso de la ley a los implicados, esperando justicia por la pérdida irreparable de su ser querido.

En el barrio de Hainamosa, donde sucedieron los hechos, los vecinos se mostraron alarmados por la violencia y expresaron el temor de que situaciones como esta se repitan. Algunos residentes exhortan a las autoridades a redoblar los patrullajes y a adoptar medidas de prevención que reduzcan la delincuencia. También se ha pedido la instalación de más cámaras de vigilancia y el mejoramiento del alumbrado público para disuadir a posibles delincuentes.

Próximos pasos judiciales

Tras la imposición de los 12 meses de prisión preventiva, Fraulin Gabriel Pérez Camacho y Stiven Herrera (a) Wilito fueron trasladados a la Penitenciaría Nacional de La Victoria, donde aguardarán el desarrollo del proceso penal. Se espera que, en las próximas semanas, el Ministerio Público formalice la acusación y que el tribunal competente fije una fecha para la audiencia preliminar. En dicha audiencia, la defensa de los imputados podrá presentar sus argumentos, mientras que la Fiscalía buscará ratificar la solidez de las pruebas recabadas.

De confirmarse la acusación en la audiencia preliminar, el caso pasará a juicio de fondo. Allí, ambas partes tendrán la oportunidad de exponer sus pruebas y alegatos con mayor detalle. El juez o tribunal determinará, finalmente, el grado de culpabilidad de los acusados y la sentencia correspondiente, que, por la naturaleza grave de los cargos, podría consistir en largos años de prisión.

Impacto en la opinión pública

El involucramiento de un militar activo como presunto participante en un asesinato de otro miembro de la misma institución ha generado una especial atención mediática. Para la sociedad dominicana, la credibilidad de las fuerzas del orden es fundamental, y casos como este generan debate sobre los criterios de reclutamiento y supervisión interna de quienes portan armas de fuego. Organizaciones de la sociedad civil han pedido reforzar las evaluaciones psicológicas y los controles de disciplina en los cuerpos militares y policiales.

Por otra parte, el caso ha vuelto a situar en el centro de la discusión la urgencia de reformar el sistema judicial, con énfasis en la efectividad de las medidas de coerción y en la necesidad de un proceso judicial ágil y transparente. Especialistas en derecho penal señalan que la prisión preventiva es una medida extrema que solo debe aplicarse cuando existen suficientes indicios de responsabilidad y peligro de fuga, como se alega en esta causa.

La imposición de 12 meses de prisión preventiva a Fraulin Gabriel Pérez Camacho y a Stiven Herrera (a) Wilito representa un paso decisivo en la búsqueda de justicia por la muerte del segundo teniente de la FARD, Bienvenido Reyes Chalas. El caso, que ha conmocionado a la opinión pública, pone de relieve varios desafíos: la criminalidad en sectores vulnerables, el involucramiento de miembros militares en actos delictivos y la necesidad de un sistema judicial efectivo y transparente.

El proceso judicial continuará en las próximas semanas, con la audiencia preliminar y la eventual celebración del juicio de fondo. Mientras tanto, la comunidad de Hainamosa y la familia del oficial fallecido observan atentamente el desarrollo de los acontecimientos, esperando que se haga justicia y que se esclarezca la participación de todos los implicados en un hecho que ha enlutado a la institución militar y a la sociedad dominicana.