Solicitan prisión para capitán de la F.A.R.D. y otro implicado en asesinato de segundo teniente

Administrator diciembre 19, 2024 10 min de lectura

El capitán Fraulin Gabriel Pérez Camacho y un civil son acusados

El Ministerio Público de Santo Domingo Este solicitó a la justicia la imposición de prisión preventiva como medida de coerción contra el capitán de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (F.A.R.D.) Fraulin Gabriel Pérez Camacho y el ciudadano Stiven Herrera, acusados del homicidio del segundo teniente de la F.A.R.D. Bienvenido Reyes Chalas.

El hecho ocurrió en la madrugada del 16 de este mes, cuando la víctima fue atacada mientras compartía con amigos en un juego de dominó en el sector Hainamosa, municipio Santo Domingo Este.

De acuerdo con la solicitud presentada ante la Oficina de Atención Permanente, el Ministerio Público considera que la gravedad de los hechos y el temor de que los imputados eludan la justicia justifican la prisión preventiva. El expediente indica que, la noche del asesinato, Reyes Chalas intentó responder al ataque armado, sin embargo, fue impactado por varios disparos y posteriormente despojado de su arma de reglamento y de una cadena de oro, falleciendo a consecuencia de la herida de bala que recibió en el hemitorax derecho.

Según el relato de las autoridades, la víctima, el segundo teniente Bienvenido Reyes Chalas, se encontraba en la calle 3ra. del sector de Hainamosa, compartiendo con amigos mientras jugaban dominó. El ambiente, hasta ese momento, era de tranquilidad. No obstante, cerca de la madrugada, se presentaron los agresores. El imputado Stiven Herrera llegó en una motocicleta, acompañado por otros dos hombres identificados como Tommy Antonio Ortiz y un individuo apodado “El Gordo”, quienes actualmente se encuentran prófugos.

Se alega que, al verse amenazado, Reyes Chalas intentó extraer su arma de reglamento para repeler la agresión. Sin embargo, Ortiz se abalanzó desde la motocicleta y le efectuó varios disparos. Una bala, en particular, impactó el área del hemitorax derecho del segundo teniente, provocándole una herida mortal. Mientras Reyes Chalas se encontraba herido e indefenso, los agresores aprovecharon la situación para robarle el arma de fuego y una cadena de oro que portaba en el cuello, escapando inmediatamente del lugar.

La escena quedó registrada por cámaras de seguridad cercanas, lo que permitió a los investigadores del Ministerio Público y del Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) de la Policía Nacional contar con un recurso visual que respalda las acusaciones. Estas grabaciones resultan fundamentales para ubicar a los involucrados y reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

En la investigación, las autoridades identificaron un vehículo marca Toyota, modelo Land Cruiser, color blanco, con placa G240236, registrado a nombre del conscripto de la Fuerza Aérea, Odailyn Ezequiel Santana Encarnación. Según la reconstrucción de los hechos, este vehículo habría pasado previamente por el lugar donde la víctima jugaba dominó. En ese momento, descendieron dos personas que posteriormente abordaron la motocicleta utilizada en el crimen, regresando al mismo automóvil al consumar el homicidio.

Al ser interrogado, Santana Encarnación indicó que el vehículo se lo había prestado al capitán Pérez Camacho. Esta declaración apuntó directamente hacia el oficial militar y facilitó la emisión y ejecución de órdenes de arresto contra él y contra Stiven Herrera, el 17 de este mes, solo un día después del homicidio.

Al momento del arresto, a Stiven Herrera se le ocupó una pistola marca Taurus, calibre 9 mm, con su cargador y catorce cápsulas. Esta arma, que portaba de manera ilegal, resultó ser robada en San Pedro de Macorís, según la depuración realizada por las autoridades. Este hallazgo refuerza la teoría de que los acusados se mueven en entornos delictivos más amplios y evidencia un patrón de conducta criminal.

Durante su entrevista en presencia de su abogado, Herrera admitió su participación en los hechos. Reconoció haber sido la persona que aparece en los videos y que se ubica en el medio de la motocicleta que intercepta al oficial. Además, afirmó que fue contactado por el capitán Pérez Camacho para cometer el delito, lo que involucra de manera directa al oficial de la F.A.R.D. en la planificación y ejecución del homicidio.

El Ministerio Público, representado por la procuradora fiscal Ivette Mateo, asignó a las acciones cometidas por los imputados la calificación jurídica provisional establecida en los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 383 y 386 del Código Penal Dominicano. Estos artículos contemplan castigos para la asociación de malhechores, el robo y el homicidio, entre otros delitos graves. Además, se invocan los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, que regula el control y la tenencia de armas de fuego y municiones en el país.

Esto significa que los imputados podrían enfrentar cargos por asociación criminal, homicidio intencional y robo agravado, entre otros. De ser hallados culpables, se exponen a penas de prisión considerables, especialmente dado que la víctima era un miembro activo de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.

El homicidio de un miembro de las Fuerzas Armadas tiene implicaciones que trascienden la esfera individual. Por un lado, resalta la vulnerabilidad del personal uniformado que, incluso fuera de servicio, puede ser blanco de la delincuencia común u organizada. Por otro lado, pone de manifiesto los desafíos que enfrenta la seguridad ciudadana en sectores urbanos como Hainamosa, un área donde la vida social transcurre con normalidad, pero también queda expuesta a la irrupción de hechos violentos y criminales.

Este caso además subraya la importancia de la cooperación entre el Ministerio Público y las unidades especializadas de la Policía Nacional, como el DICAT, en la recolección de evidencia tecnológica. Las grabaciones en video, el rastreo de vehículos y la depuración del arma robada han permitido tejer una trama coherente de las acciones que llevaron a la muerte del segundo teniente Reyes Chalas. La eficacia en la identificación y apresamiento de los implicados refuerza la confianza en las capacidades investigativas y la coordinación interinstitucional.

La prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público es una medida de coerción que busca garantizar la presencia de los imputados durante todo el proceso judicial. En el sistema judicial dominicano, esta figura se utiliza cuando existe riesgo de fuga, de obstaculización de la investigación o cuando se considera la gravedad del delito. No se trata de una condena, sino de una herramienta procesal para asegurar que la justicia siga su curso sin interferencias.

En casos de alto perfil, especialmente cuando se involucra a miembros de instituciones estatales como las Fuerzas Armadas, la imposición de la prisión preventiva cobra aún mayor relevancia. La seriedad del crimen y las implicaciones institucionales pueden inclinar la balanza a favor de medidas cautelares más severas. La expectativa de la sociedad es que las autoridades no permitan que las influencias o las conexiones que puedan tener los imputados faciliten su evasión de la justicia.

La participación de un capitán de la Fuerza Aérea en un delito tan grave como el homicidio afecta la imagen institucional de esta entidad castrense, que tradicionalmente ha sido vista como parte clave en la defensa y seguridad del Estado. La población dominicana sigue con atención este tipo de casos, ya que espera que las Fuerzas Armadas cumplan con su misión de proteger a los ciudadanos, no de vulnerarlos. El hecho de que un oficial superior esté involucrado en la planificación de un crimen genera desconcierto y preocupación.

Por otro lado, la rápida intervención del Ministerio Público y la Policía Nacional al identificar y detener a los involucrados envía un mensaje contundente: la ley se aplica sin distinción de rango, influencia o condición social. Esto puede fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia penal, al percibir que ninguna persona está por encima de la ley.

Santo Domingo Este, siendo uno de los municipios más poblados de la República Dominicana, enfrenta retos significativos en materia de seguridad ciudadana. Las autoridades locales y nacionales han realizado esfuerzos para mejorar el control del delito y la incidencia de la criminalidad en la zona. Sin embargo, casos como el homicidio del segundo teniente evidencian que aún existen focos de violencia y grupos dispuestos a organizar y ejecutar actos criminales en áreas residenciales.

La presencia de motocicletas para cometer delitos no es un fenómeno nuevo en el país; en múltiples ocasiones, este medio de transporte es utilizado por delincuentes para facilitar la huida y evitar ser detectados con facilidad. La labor de investigación criminal, apoyada con herramientas tecnológicas, es crucial para contrarrestar esta modalidad delictiva. El hecho de que existan cámaras de seguridad en la zona resultó fundamental para avanzar con celeridad en la identificación de los responsables.

En la medida en que los jueces valoren la prueba presentada por el Ministerio Público, la imposición de medidas de coerción como la prisión preventiva aseguraría que tanto el capitán Pérez Camacho como Stiven Herrera permanezcan bajo custodia. Esto es esencial para que el proceso judicial se desarrolle sin interferencias, evitando el riesgo de fuga o de intimidación a testigos y garantizando que la justicia llegue a su fin.

Una respuesta judicial efectiva no solo beneficia a la familia de la víctima, quien merece saber la verdad y obtener justicia por la pérdida de su ser querido, sino también a la sociedad en su conjunto. Cada caso resuelto con rigor, transparencia y conforme a la ley refuerza el Estado de derecho y desalienta la impunidad.

Una vez presentada la solicitud de medida de coerción ante la Oficina de Atención Permanente, corresponde al juez o al tribunal evaluar las pruebas preliminares, la solidez de la acusación y el riesgo procesal que representa cada imputado. Los abogados defensores, por su parte, presentarán sus alegatos en favor de sus clientes, intentando demostrar que la prisión preventiva no es necesaria o que las imputaciones no cuentan con el sustento requerido.

Si el tribunal acoge la solicitud del Ministerio Público, Pérez Camacho y Herrera deberán cumplir prisión preventiva hasta que el juicio avance y se determine su culpabilidad o inocencia. Mientras tanto, las autoridades continuarán tras la pista de los prófugos Ortiz y “El Gordo”, con el objetivo de capturarlos y presentar cargos en su contra.

Este caso pone en relieve las dinámicas complejas del crimen organizado y la corrupción que pueden infiltrarse en instituciones clave del Estado. La participación de un capitán de la F.A.R.D. en el homicidio de un segundo teniente, y el uso de un vehículo prestado por otro conscripto, refleja una trama criminal que involucra coordinación, premeditación y un alto nivel de violencia.

El Ministerio Público ha actuado con rapidez al someter a la justicia a los implicados y solicitar la prisión preventiva, mientras que las fuerzas investigativas lograron recabar evidencia fílmica, identificar vehículos y armas y obtener confesiones que refuerzan la acusación. La próxima decisión judicial será un paso crucial en el camino hacia la justicia, determinando si los imputados permanecerán tras las rejas mientras se establece la verdad completa de los hechos.

En definitiva, el resultado de este proceso judicial tendrá un impacto significativo en la percepción ciudadana respecto a la capacidad del sistema para enfrentar la criminalidad, aplicar la ley sin excepciones y garantizar la seguridad, el orden y la confianza institucional en la República Dominicana.