República Dominicana refuerza su lucha contra el crimen organizado y protege a las víctimas con nuevas leyes

Administrator diciembre 3, 2024 7 min de lectura

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha dado un paso decisivo para fortalecer el sistema de justicia penal al introducir este martes dos importantes proyectos de ley en el Congreso Nacional.

Estas iniciativas buscan mejorar la persecución del crimen organizado y garantizar la protección de víctimas y testigos, colocándose en línea con las legislaciones más avanzadas del mundo.

Ambas propuestas, presentadas a través del Senado de la República, abordan problemáticas críticas: por un lado, la judicialización efectiva de las organizaciones criminales y, por otro, la atención y protección de quienes se ven afectados directa o indirectamente por el delito.

Este movimiento legislativo marca un hito en los esfuerzos del país por consolidar un marco jurídico moderno, adaptado a los retos actuales y que asegure la igualdad de garantías para todos los ciudadanos.

Primera iniciativa: Ley de persecución y judicialización de organizaciones criminales

Uno de los mayores desafíos que enfrenta la República Dominicana y la región es el combate al crimen organizado en sus múltiples manifestaciones. El proyecto de ley sobre persecución y judicialización de organizaciones criminales tiene como objetivo establecer reglas claras y eficaces para identificar, perseguir, enjuiciar y sancionar este tipo de delitos.

Definición de organización criminal

La propuesta define a una organización criminal como cualquier grupo de dos o más personas que se asocian para llevar a cabo actividades delictivas con un propósito común. Estas actividades incluyen la obtención de beneficios económicos u otros intereses a través de delitos graves, tales como:

• Lavado de activos.
• Financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
• Tráfico ilícito de drogas, armas y personas.
• Trata de personas y tráfico de órganos humanos.
• Delitos financieros y de alta tecnología.
• Sicariato, corrupción, soborno transnacional y obstrucción de la justicia.

Objetivos de la ley

La normativa busca armonizar el sistema penal del país con los estándares internacionales. Esto implica una mejora significativa en los procedimientos de detección y judicialización de delitos relacionados con el crimen organizado.

“Este proyecto responde a la necesidad de proteger el Estado Social y Democrático de Derecho, garantizando que nuestras leyes estén alineadas con los retos del siglo XXI”, señaló Abinader en su mensaje de remisión al Congreso.

Segunda iniciativa: Ley de atención, representación legal y protección a víctimas, testigos y sujetos en riesgo

La segunda propuesta legislativa presentada por el Poder Ejecutivo tiene como eje central la protección de las víctimas y testigos, quienes muchas veces enfrentan barreras socioeconómicas y de seguridad que dificultan su acceso a la justicia.

Realidad actual

En la República Dominicana, las víctimas y testigos de delitos suelen enfrentarse a una doble victimización: primero, por el hecho delictivo en sí, y segundo, por la falta de un sistema integral que garantice su protección y atención.

Objetivos de la ley

Este proyecto busca:

1. Reconocer derechos fundamentales
   • Las víctimas tendrán garantizado su acceso a la justicia mediante medidas de protección y asistencia legal gratuita, cumpliendo con el mandato constitucional.
2. Establecer medidas de protección
   • Los testigos y sujetos en riesgo recibirán protección física, psicológica y legal, asegurando su integridad durante todo el proceso judicial.
3. Crear un sistema integral de atención
   • Se implementará un marco jurídico que regule la representación legal y las medidas de apoyo a quienes no cuentan con recursos económicos para defender sus intereses.

Impacto esperado

La ley reducirá la desprotección y exclusión social que actualmente afecta a estos grupos, contribuyendo a un sistema judicial más equitativo y eficiente.

Un marco jurídico moderno y efectivo

Estas dos iniciativas legislativas son parte de un conjunto de esfuerzos del Poder Ejecutivo para modernizar el sistema de justicia penal de la República Dominicana. En octubre del año pasado, el presidente Abinader presentó otros dos proyectos de ley centrados en la violación de propiedades inmobiliarias y el secuestro en todas sus modalidades, que actualmente están siendo debatidos en el Senado.

La implementación de estas leyes posicionaría al país como un referente en la región en cuanto a políticas efectivas contra el crimen organizado y la protección de los derechos ciudadanos.

El desafío del crimen organizado en el país

El crimen organizado representa una amenaza global, y la República Dominicana no es ajena a este problema. El país se enfrenta a actividades delictivas altamente complejas, como el tráfico de drogas, el lavado de activos y la corrupción.

Además, los avances tecnológicos han dado lugar a nuevas modalidades de delito, como los delitos de alta tecnología, que requieren marcos normativos adaptados a estas realidades.

Impacto en la sociedad

El crimen organizado no solo afecta la seguridad, sino también la economía y el desarrollo social. La falta de un marco legal robusto ha permitido que muchas de estas actividades permanezcan impunes, lo que socava la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia.

El papel del Gobierno en la lucha contra el crimen

Desde el inicio de su mandato, el presidente Luis Abinader ha mostrado un firme compromiso con el fortalecimiento del sistema judicial y la implementación de reformas legales que respondan a las necesidades del país.

La introducción de estas iniciativas no solo refleja la voluntad política del Gobierno, sino también un enfoque estratégico para abordar problemas estructurales que han persistido durante décadas.

Alineación con estándares internacionales

Ambos proyectos de ley están diseñados para cumplir con las mejores prácticas internacionales en materia de justicia penal. Esto incluye:

• La adopción de medidas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, siguiendo recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
• La protección de víctimas y testigos, de acuerdo con las directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la justicia.

Retos y próximos pasos

A pesar de los avances significativos, la aprobación e implementación de estas leyes presentan desafíos:

1. Consenso político
   • Será necesario lograr el apoyo de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso para garantizar la aprobación de las iniciativas.
2. Capacitación de los operadores del sistema de justicia
   • Jueces, fiscales y policías deberán recibir formación específica para aplicar las nuevas disposiciones legales de manera efectiva.
3. Presupuesto adecuado
   • La implementación de medidas de protección y atención a víctimas requerirá una inversión significativa en recursos humanos y tecnológicos.

Un paso hacia un sistema judicial más justo y moderno

Con la presentación de estos proyectos de ley, la República Dominicana da un paso firme hacia la construcción de un sistema de justicia penal moderno, inclusivo y efectivo.

La ley sobre persecución y judicialización de organizaciones criminales permitirá enfrentar de manera integral el crimen organizado, mientras que la ley de atención y protección a víctimas y testigos garantizará un acceso equitativo a la justicia para todos los ciudadanos.

De ser aprobadas, estas iniciativas representarán un avance histórico para el país, fortaleciendo su Estado Social y Democrático de Derecho y protegiendo los derechos fundamentales de sus habitantes.

La República Dominicana está en camino de convertirse en un ejemplo para la región, demostrando que con voluntad política y un enfoque estratégico, es posible construir un sistema judicial que responda a las necesidades del siglo XXI.