Piden investigar crisis de prisión preventiva en RD

Congresista de EEUU insta al Departamento de Estado a escudriñar la crisis de prisión preventiva en República Dominicana


El congresista Michael McCaul, máximo representante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, emite un llamado al Secretario de Estado Antony J. Blinken para investigar la crisis de prisión preventiva en República Dominicana.

A la luz de informaciones alarmantes, McCaul requiere un análisis exhaustivo sobre la situación, exigiendo transparencia en la asignación de fondos destinados a programas caribeños, y advirtiendo posibles desafíos diplomático

La preocupación estadounidense: ¿Qué hay detrás?


Michael McCaul señala su inquietud sobre el uso desproporcionado de la prisión preventiva, especialmente en casos que involucran a ciudadanos y residentes estadounidenses. El problema ha cobrado tal magnitud que el 70% de los encarcelados en la República Dominicana están bajo esta modalidad, una cifra que despierta alerta a nivel internacional.

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Un problema «endémico» y «de larga data»


El congresista advierte que la prisión preventiva se ha convertido en un problema «endémico» en la República Dominicana. Más allá de las implicaciones éticas, se tratan de cuestiones que despiertan preocupación en la relación bilateral. Este fenómeno ha llevado a que numerosos ciudadanos, incluyendo a estadounidenses, pasen largos periodos en prisión sin una sentencia judicial, una situación que McCaul califica como inaceptable.

Desconexión diplomática: La brecha entre Washington y Santo Domingo


Además, Michael McCaul enfatiza la aparente «desconexión» entre la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo y el gobierno central en Washington. Plantea que esta brecha podría estar interfiriendo en los esfuerzos para abordar las complejidades del sistema penitenciario dominicano, lo que exige una revisión integral de los procedimientos y protocolos actuales.

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Fondos de asistencia: Transparencia requerida


McCaul cuestiona directamente el uso de los fondos entregados por el Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Estos fondos, que superan los US$832 millones, han sido destinados para programas de seguridad y justicia penal en la región del Caribe. El Congresista demanda claridad sobre el destino y la eficacia de estos recursos.

Plazo y cooperación: La urgencia de responder


El líder republicano ha fijado el 6 de septiembre como la fecha límite para recibir respuestas. Subraya la importancia de una cooperación sólida con las autoridades dominicanas para asegurar el respeto de los derechos humanos y el debido proceso en todos los casos de detenidos, sin importar su nacionalidad.

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