Implementación voto penitenciario para elecciones 2024

Para el voto penitenciario firmaron un acuerdo entre la JCE y la Procuraduría

Santo Domingo – La Junta Central Electoral (JCE) y la Procuraduría General de la República (PGR) han formalizado este lunes un acuerdo interinstitucional con el fin de implementar el voto penitenciario para las elecciones generales del año 2024.

El acuerdo, firmado en la sede de la JCE, contó con la presencia de su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y los miembros titulares del Pleno Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chami Isa, el secretario General, Sonne Beltré Ramírez, y el director de Prisiones, Roberto Hernández Basilio.

La JCE y la PGR trabajando juntos por el voto penitenciario

A través de este convenio, la JCE y el registro civil proporcionarán equipos para el empadronamiento y la actualización de la información biométrica en los centros de reclusión, así como para el uso del sistema multibiométrico en los procesos de consultas e identificación de personas, acusadas y privadas de libertad. La PGR tendrá acceso a los mecanismos de consultas en la base de datos de la JCE.

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El papel de la JCE y la PGR en el proceso democrático

El presidente de la JCE describió la firma del acuerdo como «un hito histórico para la transparencia democrática y la garantía de los derechos», asegurando que deben ser garantizados de manera real y efectiva, no sólo en papel.

Jáquez Liranzo subrayó la relevancia del apoyo para la identificación de la identidad mediante biometría, ya que permitirá que aquellos privados de libertad de manera preventiva que no han perdido ningún tipo de derecho fundamental, puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones de 2024, tal y como sucede en otros países con el voto penitenciario.

La purificación del padrón del sistema penitenciario

El acuerdo también permitirá purificar el padrón del sistema penitenciario, excluyendo a todas las personas ya juzgadas de manera definitiva e irrevocable.

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Germán Brito destacó el convenio en favor de las personas desfavorecidas de la sociedad.

El papel de la PGR y el reconocimiento de los derechos constitucionales

Por su parte, la procuradora general de la República, Mirian Germán Brito, resaltó la importancia del convenio, ya que reconoce los derechos consagrados en la Constitución en favor de las personas desfavorecidas de la sociedad que no podían ejercer su derecho al voto por no estar registradas ni tener manera de que constaran sus datos.

Colaboración interinstitucional en la implementación del voto penitenciario

En el convenio, el Ministerio Público establece la necesidad de implementar un Sistema multibiométrico que facilite la gestión, el resguardo y la consulta, para fortalecer la identificación de personas e imputados, además del control de privados de libertad, en los procesos de investigación, judicialización o privación de libertad, permitiendo incrementar la capacidad y calidad persecutoria limitando las acciones de los delincuentes y criminales que tratan de ocultar su verdadera identidad al ser detenidos o investigados.

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En el acuerdo, la JCE se comprometió a apoyar y colaborar con equipos y sistemas informáticos al Ministerio Público.

Funcionamiento del acceso a la información y desarrollo de interfaces de consulta

Para el funcionamiento de la modalidad del acceso a la información, tanto la JCE como la PGR se comprometieron a desarrollar una interfaz de consulta para que el órgano judicial pueda acceder al Archivo Maestro de Cedulados vía web, a través de una aplicación creada para consultar en línea durante procesos de empadronamiento, identificación o actualización de identificación de personas de manera que pueda tener acceso a cualquier registro de la Base de Datos, incluyendo información biométrica en modalidad de consulta.

Por su parte, el Ministerio Público se comprometió a disponer de las facilidades, personal y medios tecnológicos y logísticos necesarios para la lectura, registro y proceso de información biométrica procurando el aprovechamiento máximo, tanto de los equipos como de los mecanismos provistos por la JCE para procurar la identificación e individualización de personas, imputados y privados de libertad.

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