Investigación en Brasil: Google y Telegram en la mira

Corte suprema de Brasil inicia investigación contra directivos de Google y Telegram por desinformación

SAO PAULO, 12 may (Xinhua) — El Supremo Tribunal Federal, la alta corte de Brasil, autorizó este viernes la apertura de una investigación contra los directivos locales de las empresas de tecnología Google y Telegram por abuso de poder económico para hacer campaña entre sus usuarios contra el proyecto de ley contra desinformación que tramita el Congreso.


La orden la dio el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, encargado de un proceso sobre noticias falsas y atentados contra el estado de Derecho, a pedido de la fiscalía general de la República.

Abuso de poder económico


La gigante estadounidense Google y la red social de mensajería Telegram fueron acusadas de abuso de poder económico al utilizar sus plataformas para divulgar «desinformación» criticando el proyecto de ley para regular el discurso de odio y violencia en las plataformas

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En su decisión, Moraes señala que la investigación se realizará «frente a los directores y demás responsables» de las empresas que «han participado en la campaña abusiva» contra el texto del Congreso.
El pedido de la investigación fue realizado por la fiscalía general a raíz de un reclamo del presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira.


Según el fallo, Moraes determinó que la Policía Federal actúe durante un período inicial de 60 días para que los mensajes publicados por las empresas en contra del proyecto sean preservados y sometidos a examen forense.


La Policía Federal está autorizada a tomarle declaración a los directivos de ambas empresas, que se posicionaron públicamente contra el proyecto de ley apoyado por parte de la oposición y la base parlamentaria del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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Google


El 1 de mayo Google puso en la edición brasileña de su página inicial un link contra el proyecto de ley y toda su plataforma estuvo direccionada a noticias contrarias a la iniciativa.


Telegram, por su parte, envió a todos sus usuarios un mensaje afirmando que la ley «termina con la libertad de expresión» en Brasil, pero lo retiró a las 24 horas luego de que el juez Moraes amenaba con suspender su funcionamiento en territorio brasileño.


El diputado Lira argumentó en su pedido que las plataformas incentivan a los usuarios a presionar a los diputados y promueven una «campaña de desinformación».


La vicefiscal general, Lindora Araújo, incluyó en su pedido investigar a las empresas bajo el código de defensa del consumidor y posible abuso de poder económico por su posición dominante en el mercado.

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«El escenario fáctico apunta para la existencia de elementos de informaciones mínimos de práctica de conducta delictiva», dice el pedido de la vicefiscal general elevado a la corte y aceptado por el juez supremo.

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